El reordenamiento violento de territorios: el caso de Montes de María

Una región estratégicamente situada entre el mar Caribe y el río Magdalena ha sido meticulosamente vaciada de su población campesina y convertida en fortín de las élites surgidas de la violencia y de la ilegalidad, gracias a la pasividad o a la complicidad del Estado central. Un análisis histórico y sociológico sobre el “poder mafioso” que está asfixiando a Colombia. 

tomado de
http://razonpublica.com/index.php/econom-y-sociedad-temas-29/2457-el-reordenamiento-violento-de-territorios-el-caso-de-montes-de-maria.html


Coctel explosivo 
Tras el auge y decadencia de las luchas de los años setenta por el acceso a la tierra mediante invasiones masivas de latifundios improductivos, a inicios de los ochenta la región de Montes de María recibió el influjo de dos fenómenos significativos que cambiarían la historia de la región:

En primer lugar, una oleada de inversiones del narcotráfico –lavado de activos– mediante compras de tierras, principalmente en la zona del Golfo de Morrosquillo (San Onofre) y en la parte baja de la vertiente oriental, en el área aledaña al río Magdalena (municipios de Zambrano y Córdoba, principalmente). Con la presencia de élites ilegales emergentes en estos territorios, aparecen aparatos privados de seguridad para proteger esas inversiones, para asegurar rutas de doble vía del narcotráfico y como parte de un dispositivo incipiente para el uso de la fuerza contrainsurgente. Se configuran arreglos con entidades del Estado, actor que en la práctica brindó protección complementaria a la economía ilegal.

• En segundo lugar, la presencia de las FARC, que se inicia a mediados de los ochenta, a partir de unidades provenientes de Antioquia y de Santander. Se ubican en El Carmen de Bolívar, buscando también su afianzamiento en el eje Chalán –Colosó – Los Palmitos – Ovejas. Esta subregión ofrecía dos fortalezas para su estrategia político-militar: en primer lugar, representa el corazón de la parte montañosa de Montes de María y, en segundo lugar, eran municipios cuyas comunidades habían demostrado una notable capacidad de organización, a juzgar por el número de invasiones de predios que se habían dado en esa zona. La incidencia guerrillera también se extendió a la región del Golfo de Morrosquillo y a la parte baja de la vertiente oriental de los Montes de María, pero con una permanencia menor en la región del Canal del Dique.

Acción y reacción
Con la presencia guerrillera, incluido el ELN, aumentaron el secuestro, el abigeato con prácticas populistas de reparto de carne entre los pobladores, y el asalto a vehículos en la vía que comunica a la Costa con el interior. Y por su parte las organizaciones armadas que decidieron desmovilizarse y reinsertarse en desarrollo de los acuerdos de paz, como el Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT) o la Corriente de Renovación Socialista (CRS) lograron penetrar nuevos espacios. La respuesta violenta de carácter privado no se hizo esperar, en muchos casos gracias a la permisividad de las Fuerzas Armadas: entre 1993 y 2008, se perpetraron 50 masacres en la región –concentradas entre 1999 y 2001–, 35 de las cuales ocurrieron justamente en la zona montañosa donde se asentó la retaguardia insurgente y 10 en la zona del Golfo de Morrosquillo. Esto incidió en el desplazamiento forzoso de la región, con proporciones dramáticas:

• Chalán (37 por ciento de su población, en el evento más numeroso);
• Carmen de Bolívar (35 por ciento);
• Ovejas (35,4 por ciento);
• Córdoba (30,6 por ciento);
• Zambrano (25,15 por ciento).

Intervención del Estado
Argumentando la gravedad de la situación, en 2002 el gobierno decidió crear una Zona de Rehabilitación y Consolidación en Montes de María (o zona especial de orden público), cuya principal consecuencia fue la de continuar afectando los derechos y garantías de la población, pero ahora desde el Estado central. En efecto, a través de este mecanismo y de acuerdo con la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), en el marco de esas disposiciones las autoridades desarrollaron una política de allanamientos a gran escala y de capturas masivas:

• La OACNUDH recibió varias denuncias de abusos de la fuerza pública y de procedimientos incompatibles con los principios internacionales, en particular con el de la protección contra las privaciones arbitrarias de la libertad y los de legalidad y de inocencia.
• Las denuncias también se refirieron a la actuación de los órganos judiciales y de control, y en particular de la Fiscalía, atribuyéndoles falta de independencia, irrespeto de las exigencias procesales para autorizar las privaciones de libertad y el uso de encapuchados en las diligencias relacionadas con allanamientos y capturas.
• Se establecieron restricciones a los derechos de circulación y de residencia, al respeto a la vida privada y al domicilio, a la libertad individual y al debido proceso, de manera incompatible con los principios internacionales.
• El fracaso de la respuesta institucional favoreció la continuidad de formas privadas ilegales de uso de la fuerza, incluso cuando estaba en plena vigencia el mecanismo de la Zona de Rehabilitación y Consolidación, como sucedió en y desde el Golfo de Morrosquillo con los asesinatos múltiples ejecutados por el paramilitar alias Cadena.

Sobrecarga de violencia
Pero la violencia no se redujo a la acción de las guerrillas y los paramilitares contra la población civil. Bajo la cobertura del “conflicto armado” se produjeron once modalidades de violencia que respondían a las lógicas divergentes de por lo menos siete grupos de interés (en su mayor parte actores no armados) y que contribuyeron a cambiar la dinámica del territorio a favor de sus pretensiones:

1. Violencia contrainsurgente de grupos paramilitares, dirigida contra la población civil y ejecutada mediante acciones de inteligencia generalmente adelantadas por organismos de seguridad del Estado, que acusaban a sus víctimas de ser auxiliadores de las guerrillas.
2. Violencia sistemática contra dirigentes campesinos que lideraron procesos de tomas de tierras en los años setenta.
3. Violencia contra dirigentes que lideraron procesos de construcción de organizaciones y frentes alternativos a los partidos tradicionales.
4. Violencia como mecanismo de seguridad para salvaguardar las rutas de las drogas, principalmente para la exportación internacional.
5. Violencia para forzar a los alcaldes y funcionarios locales a entregar el control de los recursos que manejan los entes territoriales.
6. Violencia para el despojo de tierras.
7. Violencia para desocupar territorios y garantizar el control de zonas consideradas estratégicas para inversiones en recursos naturales, sobre todo en Zambrano y Córdoba.
8. Violencia para disuadir a comunidades y garantizar el voto por un determinado candidato principalmente para el Congreso, dado que el triunfo en las elecciones locales se garantizaba al imponer candidatos únicos.
9. Violencia para llevar a cabo una serie de asesinatos de personas señaladas por diferentes sujetos a los grupos de violencia privada, con cuya muerte buscaban resolver conflictos particulares (venganzas, enemistades, infidelidades, poner fin deudas, etc.).
10. Violencia para garantizar la ejecución de actos delincuenciales (por ejemplo, robo de ganado).
11. Violencia de protección, típica de empresas criminales.

Esta sobrecarga de violencia “hizo mover” de manera forzosa una importante masa de población campesina, que abandonó sus lugares de trabajo y residencia, con lo cual facilitó el despojo de sus tierras. La transformación sin precedentes de toda la estructura agraria, incluida la propiedad de la tierra, buscaba adelantar una modernización rural fundada en la preservación del gran latifundio en vías de inserción productiva a escala global, principalmente mediante inversiones en reforestación, en ganadería tecnificada y en mono-producción para biocombustibles. Este proceso se concentró fundamentalmente en la zona montañosa montemariana. Mientras tanto, en el Golfo de Morrosquillo continuó un proceso de intimidación, de amenazas y de asesinatos de líderes sociales, que permitió el avance de la concentración de la propiedad de la tierra, iniciada en los ochenta. Y finalmente, en la parte baja de la vertiente oriental, la impotencia del Estado frente a la extinción de dominio de bienes incautados al narcotráfico ha permitido que continúen vigentes inversiones con recursos de origen ilegal, en medio de una dramática situación de inequidad social y pobreza, sobre todo para los sectores campesinos que aún resisten en este territorio. ¿Qué está pasando hoy?
Una elite de “financiadores” o “prestamistas” de las campañas electorales ha actuado hegemónicamente en la región. Se caracterizan por una fuerte acumulación de capital y por controlar líneas de inversión muy sólidas como los juegos de azar (chance) con cobertura extraregional, y otros negocios tradicionales como la ganadería, que se desarrollan en el umbral entre legalidad e ilegalidad. Otros sectores de la élite regional, cuya base de poder se enracina en la institucionalidad política local y regional, como en el caso de Sucre, han establecido un sistema auténticamente mafioso de control de los recursos públicos, con un uso elevado de violencia organizada ahora mucho más selectiva, como medio de disuasión para evitar denuncias o señalamientos en el saqueo de los fiscos. Junto a ellos colaboran en diferentes niveles grupos de mandos medios de la institucionalidad local y regional, conformados por autoridades locales, miembros de los concejos municipales, diputados a las asambleas y cientos de funcionarios. Continúan vigentes también los grupos de violencia privada que hacen parte de la estructura de seguridad de los grupos de interés señalados más arriba, conjugando el uso de violencias múltiples, que van desde la instrumentalización de la violencia política hasta formas delincuenciales y de violencia selectiva para el control de territorios. Recientemente, se observa también la presencia de una nueva élite de capital privado, compuesta por grandes inversionistas y corporaciones transnacionales que buscan realizar inversiones de magnitud significativa. Presentan un perfil aséptico frente a los procesos de violencia que involucran más explícitamente a todos los demás grupos de interés, pero constituyen tal vez el grupo que más ha ganado con los cambios originados por la sobrecarga de violencia contra las comunidades campesinas. Por último, las bandas de narcotraficantes continúan en plena actividad tras una larga experiencia en la región de Montes de María, con procesos disímiles en cuanto a su grado de inserción y a la calidad de su relación con el tejido social local y regional, pero preservan incluso propiedades adquiridas desde los años ochenta.

Diagnóstico equivocado
Una estrategia seria de seguridad debe partir por reconocer que el problema central para la región – como para muchas otras del país – ya no se reduce a la existencia de actores armados ilegales. El problema mayor radica en la conformación y consolidación de élites de claro origen ilegal, cuyo papel en la verdadera “consolidación de territorios” las ubica como actores estratégicos frente a los cuales el Estado continúa cediendo parte del monopolio de la fuerza. Ese es el almendrón de su vigencia regional y ahí se incuba la proyección de un gran poder mafioso en Colombia. Identificar y admitir este problema es el comienzo para poderlo enfrentar eficazmente. No obstante, esta situación es virtualmente inexistente para el Estado central, pues el foco de la acción estatal sigue señalando exclusivamente a las bandas criminales y a las guerrillas. Así está diseñada la actual estrategia de seguridad, condenada al fracaso por supuesto.

Vea el canal de mision tierra Territorios en
http://www.youtube.com/user/TierraTerritoriosCol