El Fondo Ganadero de Córdoba entregó predios en el Urabá antioqueño a un proyecto cauchero que tiene entre sus socios a desmovilizados del Bloque Elmer Cárdenas y al Estado.
Tomado de: http://www.verdadabierta.com/component/content/article/158-captura-de-rentas-publicas/3583-iproyecto-cauchero-en-tierras-despojadas/
Dos empresas creadas en el Urabá antioqueño con el fin de ofrecer alternativas económicas a desmovilizados del Bloque Élmer Cárdenas de
las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc) y a familias que abandonaron
los cultivos de coca, recibieron 16 predios en usufructo - es decir que
ses entregaban para explotar sin títulos- que el Fondo Ganadero de
Córdoba compró en esa subregión.
Las autoridades investigan si ese Fondo compró esas tierras de manera forzada a bajo precio y en complicidad con grupos armados.
Según la investigación que adelanta la Superintendencia de Notariado y Registro, las firmas Compañía Productora de Caucho San Pedro S.A. y Compañía Productora de Caucho del Norte de Urabá S.A. (Procaucho Urabá S.A.), recibieron el 19 de septiembre de 2006 613 hectáreas ubicadas en diversas veredas del municipio de Turbo y adquiridas por el Fondo entre 1998 y 2009.
Verdadabierta.com tuvo acceso a un extenso documento preparado por el equipo del Proyecto Tierras de la Superintendencia de Notariado y Registro en el que se observan la tradición de la posesión de los predios que hoy están en discusión y en el que se confirma que la titularidad de los 16 predios que fueron aportados al proyecto cauchero está en cabeza del Fondo Ganadero de Córdoba.
Esas tierras están ubicadas en las veredas Brazo Izquierdo, Cienaguita, La Pita, San José de Mulatos y Pueblo Bello, jurisdicción de Turbo, y fueron adjudicadas a campesinos entre 1985 y 1999 por el Incora, las cuales fueron vendidas al Fondo Ganadero de Córdoba, supuestamente a bajo precio.
De acuerdo con Carlos Páez, vocero de la organización Tierra y Vida, que funciona en Urabá y reúne a reclamantes de predios, esas compras las hizo el Fondo Ganadero de Córdoba “a través de varios intermediarios, quienes compraron a bajo precio y de manera forzada”. Al parecer, los comisionistas se aprovecharon de la presencia paramilitar en la zona y los desplazamientos forzados a los que se vieron sometidos los campesinos.
Una compra que atrajo la atención de los investigadores de la Superintendencia es la del predio conocido como Nuevo Pasto, de 28 hectáreas, por el que se registró la compra venta por 400 mil pesos. “Ese tipo de transacciones se deben investigar por parte de las autoridades”, subrayó Páez.
Las dos empresas de explotación del caucho las gerencia actualmente Jesús Bastidas, quien ocupa ese cargo desde junio de 2007. Según este directivo, cuando recibió el puesto la entrega en usufructo de las tierras era un hecho y habían sido legalizadas por la anterior administración, liderada por Soraya Liliana Pardo Palma, anterior gerente, y por Luis Alfonso Jaramillo Muñoz, gerente de la firma estatal Incubadora Empresarial de Producción y Comercialización Agropecuaria (Incuagro), socia mayoritaria de proyecto y liquidada en junio de 2009. (ver La telaraña de los paras en Urabá)
“De junio de 2007 hacia atrás no conocemos nada ni tenemos nada que ver. Esa es la verdad”, afirma Bastidas. “A nosotros la anterior administración ni nos entregó. Llegaron y nos dijeron: ahí está eso y salieron y se fueron. Entonces empezamos a reorganizar todo para hacer viable el proyecto que, tal como estaba, iba para la quiebra”.
Bastidas presume que todos los documentos que respaldan los predios aportados por el Fondo Ganadero de Córdoba al proyecto cauchero son legales y legítimos puesto que están notariados y registrados: “Lo que yo entiendo es que cuando se hicieron los estudios de títulos y se legalizaron los usufructos del Fondo a la compañía todo estaba en regla”.
Las compañías productoras de caucho San Pedro S.A. y Procaucho Urabá S.A. agrupan a 125 familias que provienen de programas de sustitución de cultivos de hoja de coca y de la reinserción del Bloque Elmer Cárdenas de las Auc.
Según registros de la Cámara de Comercio de Medellín, Procaucho Urabá S.A. fue constituida en Apartadó el 21 de diciembre de 2005 y San Pedro S.A. el 7 de septiembre de 2006 también esta localidad del Urabá antioqueño. En la gestación de ambas empresas aparece el Fondo Ganadero de Córdoba, asociado a Incuagro, a varias cooperativas de trabajo asociado conformadas por campesinos que abandonaron los cultivos de hoja de coca y a Construpaz, que agrupa a los desmovilizados del Elmer Cárdenas de las Auc.
“El grupo de desmovilizados de Construpaz trabaja en Mutatá, en tierras que adquirieron con sus recursos; ellos nos las traspasaron y a cambio les dimos acciones de las empresas”, explica Bastidas. “Las cooperativas de trabajo asociado, que son las bases sociales, los campesinos que abandonaron los cultivos ilícitos, están haciendo el trabajo en terreno”.
En la actualidad, el Fondo Ganadero de Córdoba solo es socio de la compañía San Padro S.A., a la que le aportó 13 predios y un total de 511 hectáreas. De Procaucho Urabá S.A. salió de la estructura societaria porque tres fincas cedidas en usufructo que sumaban 112 hectáreas resultaron improductivas para el proyecto.
“Se canceló el usufructo porque cuando la anterior administración recibió esos predios en el 2006 en el papel, nunca fue a verlos”, explica Bastidas. “Cuando nosotros llegamos en el 2007, encontramos que esos tres predios no servían porque estaban muy retirados, no había vías, la cobertura vegetal no servía y era difícil por la topografía. Entonces qué hicimos: recomendamos que se le devolvieran al Fondo Ganadero, como efectivamente ocurrió, eso se aprobó este año en la asamblea porque son bienes improductivos para la sociedad. Eso fue una falla de la administración anterior, que no hizo la tarea como debería ser”.
Este directivo afirma que en caso que se demuestre que hubo compra irregular de tierras y los obliguen a restituir los predios que cedió el Fondo Ganadero de Córdoba, no sabría qué pasaría: “Las familias están ahí, trabajando. Lo que creo es que se tendrían que hacer reuniones de alto nivel para solucionar el problema”.
¿’Paras de por medio?
La creación de las empresas caucheras fue el resultado de un foro del programa Familias Guardabosques realizado a finales del año 2005 en el municipio de Apartadó. De allí salieron con la idea de constituir proyectos productivos que beneficiaran a aquellos que querían abandonar los cultivos de hoja de coca y a los desmovilizados del Bloque Elmer Cárdenas.
Pese a la imagen de legalidad que tenía esa iniciativa, investigaciones realizadas por VerdadAbierta.com constataron que detrás de todo ello estaba la Asociación Comunitaria de Urabá y Córdoba (Asocomún), organización creada el 16 de febrero de 2002 por John Jairo Rendón Herrera, conocido con el alias de ‘Germán Monsalve’ y hermano de ‘El Alemán’, excomandante del Bloque Elmer Cárdenas de las Auc.
Un informe judicial del año 2008 dejó constancia de los orígenes de Asocomún. En el documento se dijo que esta organización llegó a “la región de Tulapa e inició una labor social comunitaria para la erradicación manual de cultivos ilícitos y la generación de alternativas económicas y sociales”. Se la describió como “una asociación de juntas de acción comunal liderada por el Bloque Elmer Cárdenas, por cuya vía se quiso controlar el Proyecto de Familias Guardabosques para la erradicación manual de cultivos ilícitos”. Además, se constató que ‘Germán Monsalve, su promotor, era “el tercero en la línea de mando de los Rendón Herrera y el encargado de legalizar sus negocios”.
Estas afirmaciones serían constadas dos años después por la Corte Suprema de Justicia en la sentencia dictada contra el excongresista Antonio Valencia Duque, quien fue condenado por sus nexos con el Bloque Elmer Cárdenas.
En el documento, de diciembre de 2010, la Corte determinó que “la iniciativa de incorporar a las comunidades de Urabá en el componente social del Programa Familias Guardabosques para la erradicación de cultivos ilícitos fue de Asocomún, con el liderazgo de ‘Germán Monsalve’ desde el año 2002”. Además, el Alto Tribunal dejó constancia del uso que el paramilitar le daba a Asocomun. A juicio de la Corte, ‘Germán Monsalve’ usaba la figura de esta organización no gubernamental para dinamizar la injerencia del Bloque Elmer Cárdenas en la política y economía de la región, particularmente en Turbo y Necoclí.
La decisión de la Corte también dejó claro que Valencia Duque cumplió un papel fundamental en la realización del proyecto agroindustrial. Según relató la Corte, el político conservador hizo un intenso lobby con instituciones gubernamentales, incluyendo instancias del Plan Colombia, para lograr el apoyo a los proyectos del Programa Familias Guardabosques, lo que a la postre surtió efecto, pues las empresas caucheras en particular recibieron apoyo económico de agencias del Estado.
En esa iniciativa se involucró el Fondo Ganadero de Córdoba, representado para la época por el gerente Benito Osorio Villadiego, quien se vinculó a esas iniciativas productivas ofreciendo tierras adquiridas a campesinos del Urabá antioqueño. Este directivo se encuentra detenido desde el pasado mes de marzo, cuando se entregó a las autoridades para responder por cargos relacionados con sus nexos con grupos paramilitares.
Si bien la Superintendencia de Notariado y Registro ha determinado la cesión de predios del Fondo Ganadero de Córdoba a las empresas caucheras del Urabá antioqueño, le tocará a la justicia determinar si esas tierras fueron compradas de manera irregular o no, con lo que se dirimirá la disputa entre los campesinos reclamantes y aquellos que hoy las usufructúan y se benefician de la producción de caucho.
Según la investigación que adelanta la Superintendencia de Notariado y Registro, las firmas Compañía Productora de Caucho San Pedro S.A. y Compañía Productora de Caucho del Norte de Urabá S.A. (Procaucho Urabá S.A.), recibieron el 19 de septiembre de 2006 613 hectáreas ubicadas en diversas veredas del municipio de Turbo y adquiridas por el Fondo entre 1998 y 2009.
Verdadabierta.com tuvo acceso a un extenso documento preparado por el equipo del Proyecto Tierras de la Superintendencia de Notariado y Registro en el que se observan la tradición de la posesión de los predios que hoy están en discusión y en el que se confirma que la titularidad de los 16 predios que fueron aportados al proyecto cauchero está en cabeza del Fondo Ganadero de Córdoba.
Esas tierras están ubicadas en las veredas Brazo Izquierdo, Cienaguita, La Pita, San José de Mulatos y Pueblo Bello, jurisdicción de Turbo, y fueron adjudicadas a campesinos entre 1985 y 1999 por el Incora, las cuales fueron vendidas al Fondo Ganadero de Córdoba, supuestamente a bajo precio.
De acuerdo con Carlos Páez, vocero de la organización Tierra y Vida, que funciona en Urabá y reúne a reclamantes de predios, esas compras las hizo el Fondo Ganadero de Córdoba “a través de varios intermediarios, quienes compraron a bajo precio y de manera forzada”. Al parecer, los comisionistas se aprovecharon de la presencia paramilitar en la zona y los desplazamientos forzados a los que se vieron sometidos los campesinos.
Una compra que atrajo la atención de los investigadores de la Superintendencia es la del predio conocido como Nuevo Pasto, de 28 hectáreas, por el que se registró la compra venta por 400 mil pesos. “Ese tipo de transacciones se deben investigar por parte de las autoridades”, subrayó Páez.
Las dos empresas de explotación del caucho las gerencia actualmente Jesús Bastidas, quien ocupa ese cargo desde junio de 2007. Según este directivo, cuando recibió el puesto la entrega en usufructo de las tierras era un hecho y habían sido legalizadas por la anterior administración, liderada por Soraya Liliana Pardo Palma, anterior gerente, y por Luis Alfonso Jaramillo Muñoz, gerente de la firma estatal Incubadora Empresarial de Producción y Comercialización Agropecuaria (Incuagro), socia mayoritaria de proyecto y liquidada en junio de 2009. (ver La telaraña de los paras en Urabá)
“De junio de 2007 hacia atrás no conocemos nada ni tenemos nada que ver. Esa es la verdad”, afirma Bastidas. “A nosotros la anterior administración ni nos entregó. Llegaron y nos dijeron: ahí está eso y salieron y se fueron. Entonces empezamos a reorganizar todo para hacer viable el proyecto que, tal como estaba, iba para la quiebra”.
Bastidas presume que todos los documentos que respaldan los predios aportados por el Fondo Ganadero de Córdoba al proyecto cauchero son legales y legítimos puesto que están notariados y registrados: “Lo que yo entiendo es que cuando se hicieron los estudios de títulos y se legalizaron los usufructos del Fondo a la compañía todo estaba en regla”.
Las compañías productoras de caucho San Pedro S.A. y Procaucho Urabá S.A. agrupan a 125 familias que provienen de programas de sustitución de cultivos de hoja de coca y de la reinserción del Bloque Elmer Cárdenas de las Auc.
Según registros de la Cámara de Comercio de Medellín, Procaucho Urabá S.A. fue constituida en Apartadó el 21 de diciembre de 2005 y San Pedro S.A. el 7 de septiembre de 2006 también esta localidad del Urabá antioqueño. En la gestación de ambas empresas aparece el Fondo Ganadero de Córdoba, asociado a Incuagro, a varias cooperativas de trabajo asociado conformadas por campesinos que abandonaron los cultivos de hoja de coca y a Construpaz, que agrupa a los desmovilizados del Elmer Cárdenas de las Auc.
“El grupo de desmovilizados de Construpaz trabaja en Mutatá, en tierras que adquirieron con sus recursos; ellos nos las traspasaron y a cambio les dimos acciones de las empresas”, explica Bastidas. “Las cooperativas de trabajo asociado, que son las bases sociales, los campesinos que abandonaron los cultivos ilícitos, están haciendo el trabajo en terreno”.
En la actualidad, el Fondo Ganadero de Córdoba solo es socio de la compañía San Padro S.A., a la que le aportó 13 predios y un total de 511 hectáreas. De Procaucho Urabá S.A. salió de la estructura societaria porque tres fincas cedidas en usufructo que sumaban 112 hectáreas resultaron improductivas para el proyecto.
“Se canceló el usufructo porque cuando la anterior administración recibió esos predios en el 2006 en el papel, nunca fue a verlos”, explica Bastidas. “Cuando nosotros llegamos en el 2007, encontramos que esos tres predios no servían porque estaban muy retirados, no había vías, la cobertura vegetal no servía y era difícil por la topografía. Entonces qué hicimos: recomendamos que se le devolvieran al Fondo Ganadero, como efectivamente ocurrió, eso se aprobó este año en la asamblea porque son bienes improductivos para la sociedad. Eso fue una falla de la administración anterior, que no hizo la tarea como debería ser”.
Este directivo afirma que en caso que se demuestre que hubo compra irregular de tierras y los obliguen a restituir los predios que cedió el Fondo Ganadero de Córdoba, no sabría qué pasaría: “Las familias están ahí, trabajando. Lo que creo es que se tendrían que hacer reuniones de alto nivel para solucionar el problema”.
¿’Paras de por medio?
La creación de las empresas caucheras fue el resultado de un foro del programa Familias Guardabosques realizado a finales del año 2005 en el municipio de Apartadó. De allí salieron con la idea de constituir proyectos productivos que beneficiaran a aquellos que querían abandonar los cultivos de hoja de coca y a los desmovilizados del Bloque Elmer Cárdenas.
Pese a la imagen de legalidad que tenía esa iniciativa, investigaciones realizadas por VerdadAbierta.com constataron que detrás de todo ello estaba la Asociación Comunitaria de Urabá y Córdoba (Asocomún), organización creada el 16 de febrero de 2002 por John Jairo Rendón Herrera, conocido con el alias de ‘Germán Monsalve’ y hermano de ‘El Alemán’, excomandante del Bloque Elmer Cárdenas de las Auc.
Un informe judicial del año 2008 dejó constancia de los orígenes de Asocomún. En el documento se dijo que esta organización llegó a “la región de Tulapa e inició una labor social comunitaria para la erradicación manual de cultivos ilícitos y la generación de alternativas económicas y sociales”. Se la describió como “una asociación de juntas de acción comunal liderada por el Bloque Elmer Cárdenas, por cuya vía se quiso controlar el Proyecto de Familias Guardabosques para la erradicación manual de cultivos ilícitos”. Además, se constató que ‘Germán Monsalve, su promotor, era “el tercero en la línea de mando de los Rendón Herrera y el encargado de legalizar sus negocios”.
Estas afirmaciones serían constadas dos años después por la Corte Suprema de Justicia en la sentencia dictada contra el excongresista Antonio Valencia Duque, quien fue condenado por sus nexos con el Bloque Elmer Cárdenas.
En el documento, de diciembre de 2010, la Corte determinó que “la iniciativa de incorporar a las comunidades de Urabá en el componente social del Programa Familias Guardabosques para la erradicación de cultivos ilícitos fue de Asocomún, con el liderazgo de ‘Germán Monsalve’ desde el año 2002”. Además, el Alto Tribunal dejó constancia del uso que el paramilitar le daba a Asocomun. A juicio de la Corte, ‘Germán Monsalve’ usaba la figura de esta organización no gubernamental para dinamizar la injerencia del Bloque Elmer Cárdenas en la política y economía de la región, particularmente en Turbo y Necoclí.
La decisión de la Corte también dejó claro que Valencia Duque cumplió un papel fundamental en la realización del proyecto agroindustrial. Según relató la Corte, el político conservador hizo un intenso lobby con instituciones gubernamentales, incluyendo instancias del Plan Colombia, para lograr el apoyo a los proyectos del Programa Familias Guardabosques, lo que a la postre surtió efecto, pues las empresas caucheras en particular recibieron apoyo económico de agencias del Estado.
En esa iniciativa se involucró el Fondo Ganadero de Córdoba, representado para la época por el gerente Benito Osorio Villadiego, quien se vinculó a esas iniciativas productivas ofreciendo tierras adquiridas a campesinos del Urabá antioqueño. Este directivo se encuentra detenido desde el pasado mes de marzo, cuando se entregó a las autoridades para responder por cargos relacionados con sus nexos con grupos paramilitares.
Si bien la Superintendencia de Notariado y Registro ha determinado la cesión de predios del Fondo Ganadero de Córdoba a las empresas caucheras del Urabá antioqueño, le tocará a la justicia determinar si esas tierras fueron compradas de manera irregular o no, con lo que se dirimirá la disputa entre los campesinos reclamantes y aquellos que hoy las usufructúan y se benefician de la producción de caucho.
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