Política de restitución de tierras

El gobierno está decidido a ‘meterle pueblo’ a la Ley de Víctimas, al promover manifestaciones campesinas como la de Barranquilla. ¿Qué lleva a Juan Manuel Santos a hacerlo? 

Tomado de 

www.semana.com/nacion/popular-populista/171168-3.aspx

La escena en el estadio Metropolitano de Barranquilla el pasado viernes 27 hablaba por sí sola. El presidente de la república echándose un discurso de plaza pública en una concentración de algunos miles de campesinos, convocada con apoyo del gobierno para respaldar el proceso de restitución de tierras a las víctimas del conflicto armado, es algo con pocos precedentes. Los gobernantes hacen grandes concentraciones, en ocasiones electorales y para algunos objetivos puntuales. Pero, salvo contadas excepciones, han sido en general alérgicos a ‘meterle pueblo’ a temas distintos a la paz o el secuestro. ¿Cuáles son entonces las razones que llevan a Juan Manuel Santos a fomentar la movilización de miles de campesinos y afectados por la guerra en respaldo a la Ley de Víctimas?

La concentración no fue la que los organizadores esperaban. No se llenaron las graderías inferiores del estadio barranquillero y la tribuna alta estaba vacía. Tampoco se trató de una marcha sino de un “encuentro”, como lo llaman en Presidencia. Asistieron, a lo sumo, unas 10.000 personas. Pero es apenas lo que se anuncia como el comienzo de un proceso en el que están planeadas nuevas manifestaciones, como la del próximo 11 de febrero en Necoclí, Antioquia (el ministro del Interior Germán Vargas Lleras, quien la tiene a su cargo, promete 40.000 asistentes), y que seguirá a lo largo de este año en Bogotá y en numeras zonas del país. Ahí se pondrá a prueba, también, la capacidad de convocatoria del gobierno y las organizaciones que apoyan la restitución de tierras y la reparación a las víctimas.

Más allá de la asistencia a esta y a nuevas manifestaciones, quedan sobre la mesa preguntas de fondo. ¿De qué se trata este proceso? ¿De inyectarle pueblo a la restitución de tierras para blindarla frente a sus múltiples enemigos en la izquierda y la derecha extremas? ¿Es una bandera que cae como anillo al dedo para que la agenda presidencial continúe capturando la atención dominante en los medios? ¿O, incluso, un recurso de largo aliento, tan popular como populista, que podría enarbolarse hasta para la reelección?

La idea, según varios de los involucrados consultados por SEMANA, surgió desde las organizaciones de la sociedad civil. Preocupadas por los asesinatos de líderes sociales y reclamantes de tierras despojadas, buscaron a uno de los promotores de la ley, Juan Fernando Cristo, y se organizó una reunión en Palacio el domingo 4 de diciembre con el presidente, varios ministros y la plana mayor de las Fuerzas Armadas en donde una decena de líderes de organizaciones hablaron de las amenazas y los riesgos a los que están expuestos y que son la espada de Damocles sobre la aplicación de la Ley de Víctimas. Allí se afinó la idea de “meterle base social” al proceso, como dice Vargas Lleras. En el alto gobierno creen que, si bien la ley y sus mecanismos están listos, eso no es suficiente. Hay cierta preocupación por el bajo registro de víctimas y se tiene la convicción de que estas manifestaciones masivas pueden ayudar a motivarlas. “Sin este apoyo, la implementación (de la ley) se complica; el acompañamiento es fundamental. La ley tiene muchos enemigos”, dice Cristo.

Por una parte, es claro que un proceso de restitución como el que ya ha devuelto a sus dueños 800.000 hectáreas, y que este año devolverá otras 130.000, tiene, como lo dijo el presidente en su discurso, “enemigos de la extrema izquierda y (…) de la extrema derecha”. A la guerrilla le disputa una bandera histórica, y a los sectores ligados al paramilitarismo y al despojo los afecta directamente. No faltarán, desde la derecha, quienes digan que estas campañas gubernamentales van a terminar fomentando la invasión de tierras. Acompañar el proceso con la movilización de miles de personas puede contribuir a blindarlo, a darle legitimidad y a proteger a quienes reciban esas tierras, cuya seguridad es uno de los grandes interrogantes que trae consigo la aplicación de la Ley de Víctimas.

Por otra parte, un primer efecto colateral de esta campaña del gobierno es que va, con toda probabilidad, a enfurecer al uribismo más puro y duro y a profundizar el abismo abierto entre el actual mandatario y su antecesor. No es un secreto que Álvaro Uribe y sus partidarios se opusieron a la ley. Verla ahora respaldada con movilizaciones va a generar en algunos sectores señalamientos de demagogia y populismo contra el gobierno de Santos, y de los riesgos de polarización que pueden generar este tipo de manifestaciones en zonas muy afectadas por el conflicto armado.

No deja de ser cierto que, quiéralo o no el gobierno, esta campaña tiene su tinte populista. Sobre todo si, como temen algunos, el despliegue de concentraciones, marchas y discursos no se ve acompañado de medidas prácticas que garanticen la implementación de la Ley de Víctimas en el terreno. “Esto no puede quedarse solo en movilizaciones sino en hechos efectivos de reparación y restitución”, dice Ana Teresa Bernal, coordinadora de la Alta Consejería para las Víctimas en Bogotá,  quien estuvo entre los promotores de la reunión de diciembre con el presidente para lanzar las manifestaciones de apoyo a la ley. Los desafíos de seguridad, institucionalidad y justicia que deben superarse para hacer realidad la “revolución agraria” de la que habló Santos en Barranquilla son colosales y este gobierno no se evaluará por cuánta gente movilice a favor de la misma sino por si logra hacer realidad la devolución de cientos de miles de hectáreas expoliadas, sin que, a la vuelta de unos meses, sus beneficiarios las vuelvan a perder. Eso sin contar con que se garantice la viabilidad económica de los proyectos de sus nuevos propietarios.

También es cierto que este gobierno ha mostrado una particular habilidad para que su agenda sea dominante en los medios y sus anuncios acaparen las primeras planas. Este plan de manifestaciones por todo el país, donde víctimas y campesinos se mezclan con el presidente y sus ministros, cumple a la perfección esa misión. Seguir los avatares de miles de fincas devueltas a sus dueños es mucho más difícil para la prensa que cubrir los mítines y los discursos presidenciales, como lo sabe cualquier experto oficial en las sutiles artes de la comunicación política.

Están, por otro lado, organizaciones de víctimas que consideran insuficientes algunos aspectos de la ley tal cual se aprobó en el Congreso y que, además de demandas que buscan que la Corte Constitucional module sus alcances introduciendo mayores garantías, preparan movilizaciones para airear sus críticas y pedir cambios. Las que apoya el gobierno tienen también, de hecho, el ingrediente de salirles al paso a estos críticos. Será interesante ver, a lo largo del año, este pulso en calles y plazas en torno a los alcances de la Ley de Víctimas.

Todas estas no son sino manifestaciones de lo crucial que será 2012 para la implementación de esta  histórica pieza legislativa (aún está por verse qué dirá la Corte Constitucional que, como lo hizo con la Ley de Justicia y Paz, puede introducir no pocos cambios en sus sentencias a las 19 demandas que ya ha recibido). La aprobación de leyes como esta y sus anuncios de gran impacto mediático han contribuido a que el gobierno Santos mantenga altos índices de popularidad en su primer año y medio. Ahora ha llegado la etapa crucial, la de la ejecución. ‘Meterle pueblo’ a la Ley de Víctimas va a contribuir a sacarla adelante y a blindarla contra sus muchos enemigos. Pero, como dijo a SEMANA Héctor Gutiérrez, un campesino de Juan de Acosta, Atlántico, uno de los muchos asistentes a la concentración en el estadio Metropolitano de Barranquilla que lo han perdido todo, lo que él espera es “tierra”. Y no son solo manifestaciones y discursos las que se la pueden entregar. Este es el gran desafío del presidente Santos.

VEA AQUI EL VIDEO DE LA POLITICA DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS



Tomado de http://www.citytv.com.co/videos/730732/el-quid-politica-de-restitucion-de-tierras

Santos promete entregar 130 mil hectáreas de tierra a campesinos

El Presidente también se comprometió a entregar créditos, asistencia técnica y vivienda rural.

Tomado de: http://www.eltiempo.com/colombia/barranquilla/proceso-de-restitucion-de-tierras-en-colombia_11014562-4

El presidente Juan Manuel Santos anunció este viernes en Barranquilla que antes de finalizar el año su gobierno entregará 130 mil hectáreas, de los tres millones que planea dar antes de terminar su mandato, con sus títulos, asistencia técnica y créditos a 10 mil campesinos del país.

El presidente Santos dijo que hasta el momento su gobierno ha entregado 800 mil hectáreas de tierra, que le han quitado a narcotraficantes, paramilitares, guerrilla y la delincuencia.
 El anuncio lo hizo ante unos 10 mil campesinos que llegaron de todo el Caribe colombiano al estadio Metropolitano de Barranquilla, donde Santos explicó sus ideas sobre el apoyo a la Ley de Víctimas y de Restitución de Tierras.

"Los paramilitares y la guerrilla no quieren perder las tierras que le quitaron a sus legítimos dueños: los campesinos", dijo el mandatario

El despojo en el Valle, un mal que sigue vivo

En el Valle del Cauca, el despojo de tierras es un crimen poco denunciado, lo han cometido las guerrillas y los paramilitares, y ahora lo siguen haciendo las bandas y los narcotraficantes. 

Por Yesid Toro de Reporteros de Colombia.

tomado de: http://www.verdadabierta.com/component/content/article/158-captura-de-rentas-publicas/3795-el-despojo-en-el-valle-un-mal-que-sigue-vivo-/

En una caja de cartón desgastada, Marta* guarda lo único que le quedó de la herencia de su padre. Lo demás, diez hectáreas de tierra, una casa en ladrillo, tres caballos, dos vacas y 16 gallinas le fueron arrebatadas. También le quitaron a su padre Antonio*, de 67 años.
En junio de 2009, unos hombres armados llegaron a su casa, en una zona del Bajo Calima, cerca a Buenaventura, en el Valle de Cauca, se lo llevaron y lo mataron. El anciano se negó a entregar su finca. Quiénes lo asesinaron la querían para que desde allí unos hombres vigilaran un laboratorio de coca.

“Mi papá les dijo que no se iba y entonces se lo llevaron. A los dos días me dijeron que lo habían matado, que yo vería qué hacía, pero que ellos se iban a instalar”, contó Marta, madre de tres hijos. “Ellos”, señala, son 'Los Rastrojos', una banda criminal al servicio del narcotráfico a la que se le atribuye el desplazamiento de campesinos en esta zona del Pacífico colombiano.

El despojo de tierras en el departamento del Valle ha estado marcado no solo por la presencia de grupos armados ilegales como las Farc y las Autodefensas, sino también por carteles del  narcotráfico. Sin embargo, hay escasas denuncias y apenas en julio de 2011 se realizó una reunión entre varias entidades del Gobierno (Incoder y Ministerio de Agricultura), la Gobernación, la extinta Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación (CNRR) y la, Defensoría del Pueblo, entre otras que conforman la Comisión Regional de Restitución de Bienes (CRRB), para mostrar los avances en la consolidación de información.

Según Diego Arias, quien fuera coordinador regional de la CNRR, aun falta cuantificar y estudiar las denuncias y los casos de despojo.

Por el momento, el Programa de Protección de Tierras y Patrimonio de la Población Desplazada del Ministerio de Agricultura, en coordinación con algunas alcaldías del Valle, adelanta un trabajo que ha descubierto que “la mayoría” de las personas que han denunciado situaciones de despojo y exigido restitución de tierras han sido víctimas de narcotraficantes. El porcentaje exacto no ha sido revelado.

Entre los resultados preliminares de este estudio, presentado a la CRRB, se señala que Cartago, El Dovio, Roldanillo, El Cairo, Buga, Tuluá, Buenaventura y Dagua son algunos de los municipios donde presuntamente se registró el despojo por capos del narcotráfico.

Otra investigación titulada “Un estudio preliminar sobre los hechos y circunstancias que rodearon la llegada de los paramilitares al Valle del Cauca”, realizado por el grupo de Memoria Histórica de la Universidad del Valle y presentado en Cali el pasado 28 de julio, reveló cómo paramilitares y capos del norte del Valle mantuvieron una estrecha relación a comienzos de 2002 y causaron desplazamientos y despojos de tierras.

“La participación del narcotráfico como un agente de despojo de tierras o de posesión violenta o fraudulenta de propiedades en el departamento entró –en tanto factor pre-existente- a sumarse a la dinámica de desplazamiento de campesinos desde las zonas en disputa por el Bloque Calima de las Auc”, dice el informe.

Muchas de las zonas despojadas en esa época, están hoy en manos de grupos al servicio del narcotráfico como las llamadas bacrim.

El ex gestor de Paz del Valle, Frangey Rendón, dice que se registraron muchos casos aislados donde el despojo de fincas se dio por la disputa entre narcos.
“Allí ha habido un fuerte impacto, especialmente en municipios del norte del Valle, con la guerra entre las bandas ‘Los Machos’ y ‘Los Rastrojos’, y en la costa pacífica”, explicó Rendón.

Si Marta decide denunciar –no lo ha hecho aún por temor a sus victimarios- lo sucedido a ella y a su familia será uno de los tantos casos a investigar por parte de los jueces que a partir de enero de 2012 buscarán restituir dos millones de hectáreas a campesinos desplazados por la violencia en toda la nación, dentro de la Ley de Víctimas.

Por ahora, Marta  y sus hijos viven en una casa de tabla situada en uno de los barrios más pobres de Buenaventura.

Miedo y muerte por defender la tierra
El despojo de tierras en esta zona del país no ha cesado. 
En una camioneta Jorge* y cinco de sus familiares huyeron en abril del año pasado de la que fuera la finca de sus padres desde 1984, ubicada a pocos kilómetros del casco urbano de El Dovio, un municipio ubicado en el norte del Valle.

“Fue muy doloroso. Nos iban a matar a todos por esa tierra. No lo pensamos dos veces y nos fuimos”, recuerda Jorge. Pocas horas antes había sido el sepelio de su hermano, asesinado por lo que ellos llaman “fuerzas oscuras”.
Lo peor, dice Jorge, es que por miedo Jorge y su familia no han podido denunciar ni la muerte de su hermano, ni el desplazamiento del que fueron víctimas, ni mucho menos han logrado retornar a ese predio de ocho hectáreas.
“No hemos podido denunciar porque unos familiares que se quedaron en esa zona podrían pagar los platos rotos por nuestras denuncias”, dijo Jorge, sentado en la banca de un parque en Tuluá.

El sector donde Jorge y su familia vivían ha pasado primero de tener una presencia las Farc, después las autodefensas y ahora llegaron bandas como ‘Los Machos’ y ‘Los Rastrojos’, que en los últimos ocho años han librado una guerra a muerte entre ellos.

Aunque no hay cifras consolidadas del despojo en el Valle, comparado con otras zonas del país, como la Costa Caribe, los Llanos Orientales, Chocó y el Magdalena Medio, lo que es claro es que siguen apareciendo nuevas víctimas por la restitución de tierras.

En 2011 se presentaron varios casos, en mayo de ese año se reportó la desaparición de Ana Julia Rentería y de su esposo, quienes estaban reclamando por sus tierras en el sector de Cajambre, en la zona rural de Buenaventura.

En ese mismo puerto, dos líderes que reclamaban sus tierras en el Naya fueron asesinados.
El caso más sonado fue el de Hugo Ulcué, hermano de la gobernadora del Cabildo La Playa-Alto Naya, de Buenaventura, a quien desconocidos le quitaron la vida en abril de 2011.
Hasta el momento estos crímenes no han sido resueltos por el CTI de la Fiscalía, que asumió la investigación.

La Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca, Acin, calificó el crimen de Ulcué como un “acto de advertencia”.
Uno de sus líderes, quien pidió no ser identificado, dijo que quienes se han encargado de reclamar tierras a favor de los desplazados han sido objeto de amenazas por grupos como las ‘Águilas Negras’ y ‘Los Rastrojos’.

Aunque no coinciden, en Colombia han aparecido varios informes que intentan aproximarse a explicar el peligro que entraña la restitución de tierras para los campesinos y líderes sociales.
Por una parte, un informe de la Campaña Nacional e Internacional por el Derecho a Defender los Derechos Humanos en Colombia, indica que, entre agosto de 2010 y junio de 2011, 15 líderes que reclamaban la restitución de sus tierras fueron asesinados en poblaciones de Norte de Santander, Antioquia, Cauca, Nariño, Arauca y Tolima, y el Valle. 
Otro estudio, de la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento, Codhes, muestra que entre marzo del 2002 e inicios de este año 44 desplazados, en su mayoría líderes y miembros de grupos que reclaman sus tierras despojadas, fueron asesinados en el país.

“El modelo criminal heredado de los paramilitares ha hecho que las bandas emergentes quieran ejercer el mismo control político y social de algunas zonas; no sólo pretenden quedarse con el manejo de corredores de droga, están allí para ejercer poder y para intimidar a la población". explica Elmer Montaña, ex coordinador de CNRR en el Valle, hoy amenazado por grupos armados ilegales por su trabajo en defensa de los derechos humanos, a lo que agrega que "una de las consecuencias de ésto es el desplazamiento y el despojo de las tierras de los campesinos y afrodescencientes, en el caso del Valle del Cauca y de su zona norte y pacífica”.

De hecho, en algunas zonas rurales de Buenaventura, se habla de dominio de grupos “paramilitares”, como siguen llamando los pobladores a  los grupos ahora generalmente denominados “bandas criminales” o “bacrim”.
Por ejemplo, en un informe presentado en agosto de 2011 por la Diócesis de Buenaventura se denuncia que: “Hay veredas que tienen entrada de control y salida de personas, restricción de transporte colectivo terrestre y marítimo; los grupos paramilitares y de guerrilla imponen horarios de llegada, los miembros de los grupos andan paseándose por las veredas armados y haciendo retenes a vehículos y a personas”.

En este contexto, la presencia de grupos armados ilegales, la falta de información precisa sobre la magnitud del despojo y de denuncias, serán unos de los mayores retos del Gobierno para restituir tierras despojadas a campesinos, indígenas y afrodescendientes en el Valle.
Según Frangey Rendón: “El otro problema  es que la Ley de Víctimas no reconoce a los narcotraficantes ni a las bandas criminales a su servicio, llamadas por el Gobierno ‘bacrim’,  como actores generadores de despojo”.

Después de la firma de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras fue habilitada  en Cali una oficina del Proyecto Protección de Tierras y Patrimonio de la Población Desplazada, entre otras 21 oficinas regionales. 
La idea, según el Ministro de Agricultura, Juan Camilo Restrepo, es que los despojados reciban acompañamiento en la protección y restitución de sus tierras y, además, denuncien. "Las víctimas ya no están solas, cuentan con el Gobierno como aliado", agregó el Ministro en diálogo con El Tiempo en octubre. El Ministro, además de hablar de los grupos armados ilegales, se refiere a una ofensiva judicial que él lidera contra intermediarios, funcionarios y terratenientes implicados en estos casos de despojo.

A pesar de esto, el funcionario no menciona al Valle en esta cruzada. Y en Cali y en el resto del Valle, estos mecanismos son aún desconocidos por falta de difusión y por el miedo de las víctimas a denunciar, como el caso de Jorge y de Marta.

Así las cosas, son muchos los retos que tiene el Gobierno en el Valle para garantizar el regreso a sus tierras de personas como Marta y como Jorge, víctimas de un despojo que aún sigue latente.

* Reporteros de Colombia es una iniciativa de Medios para la Paz, la Pontificia Universidad Javeriana y el CINEP/Programa por la Paz. Agrupa periodistas de varias regiones del país comprometidos con el cubrimiento responsable del conflicto armado y los esfuerzos de construcción de paz en Colombia. www.reporterosdecolombia.net

 

Unidad de Tierras ha recibido 6.956 solicitudes de restitución

Según la Unidad de Restitución de Tierras, las víctimas del despojo ha pedido la devolución de 416.218 hectáreas, que les fueron arrebatadas por la violencia de grupos armados ilegales.

Tomado de  http://www.verdadabierta.com/component/content/article/38-desplazados/3776-2012-inicio-con-6956-solicitudes-de-restitucion-de-tierras/

Entre el 10 de junio de 2011 y el cinco de enero de 2012, campesinos de diferentes regiones del país presentaron las casi siete mil reclamaciones de predios, que tendrán que restituir los nuevos funcionarios y jueces, por medio de los decretos reglamentarios de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras.

De acuerdo con las cifras registradas por la Unidad de Restitución de Tierras, que se encuentra adscrita al Ministerio de Agricultura, la mayor cantidad de solicitudes de restitución provienen de Bogotá y los departamentos de Nariño, Valle del Cauca y Antioquia.

Los municipios en los que más reclamaciones de predios se han solicitado son Tibú (Norte de Santander), Puerto Asis (Putumayo), Valle del Guamuez (Putumayo), Puerto Guzmán (Putumayo), Tumaco (Nariño) y Rioblanco (Tolima).

En cuanto a número de hectáreas reclamadas, Meta es el departamento que más solicitudes registra hasta la fecha, seguido por Casanare, Antioquia, Vichada, Cauca, Arauca y Putumayo.

Esos departamentos tienen en común que los campesinos y demás habitantes vivieron bajo el régimen de terror instaurado por los grupos paramilitares de los hermanos Castaño y otros jefes de las Auc, además de la permanente presencia de diferentes bloques y frentes guerrilleros.

Tras la desmovilización de las Auc entre 2005 y 2006, el país conoció que los paramilitares se aliaron con notarios y funcionarios del Incora para despojar a campesinos de sus tierras. Además, en las versiones libres que rinden ante la Fiscalía de Justicia y Paz, algunos jefes paramilitares han confesado cómo intimidaron a los pobladores para quedarse con sus bienes.

Otro episodio sobre la guerra y el despojo de tierras que el país podría conocer por medio del proceso de restitución de tierras es el relacionado con el accionar de los grupos guerrilleros. En entrevista con el diario El Tiempo, Álvaro Balcázar, director de la Unidad de Consolidación y Reconstrucción Territorial, declaró que el despojo de las Farc puede ser “igual o peor” al de las Auc y que tienen en poder de testaferros por lo menos 42 mil hectáreas en los departamentos de Meta y Caquetá.

El Ministerio de Agricultura calcula que alrededor de 350 mil familias fueron despojadas de por lo menos dos millones de hectáreas y tienen el derecho de reclamar la restitución de sus predios. De acuerdo a lo establecido por la ley, quienes pueden reclamar la restitución son víctimas del despojo o abandono forzado de sus predios, a causa del conflicto armado desde el primero de enero de 1991.

Además, el Ministerio estima que durante los últimos 25 años de conflicto armado, se presentó el abandono forzado de casi cuatro millones de hectáreas.

La institucionalidad de la restitución
Por medio del decreto 4801 de 2011 fue creada la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas, que está encargada de llevar el registro de los predios que presuntamente fueron despojados o abandonados a causa del conflicto armado. También tiene la obligación de recibir las solicitudes de restitución y someter los casos -en representación de las víctimas- ante los nuevos jueces agrarios.

Para su funcionamiento y cobertura nacional, la Unidad de Restitución de Tierras tendrá 20 que serán instaladas paulatinamente en 17 departamentos y tendrá cobertura para 221 municipios, según ha informado el Ministerio de Agricultura.

La primera sede de esta nueva unidad fue creada en el pasado mes de noviembre en Bogotá, y el próximo jueves 12 de enero, el Gobierno Nacional inaugurará otra sede en Montería, Córdoba. Al terminar el primer trimestre de este año, estarán funcionando once sedes más, ubicadas en los municipios de Sincelejo (Sucre), Cartagena (Bolívar), El Carmen de Bolívar (Bolívar), Valledupar (Cesar), Santa Marta (Magdalena), Cali (Valle del Cauca), Cúcuta (Norte de Santander), Ibagué (Tolima), Barrancabermeja (Santander), Medellín (Antioquia) y Apartadó (Antioquia).

Además de la nueva Unidad del Ministerio de Agricultura, para la restitución de las tierras se necesitan de jueces agrarios, quienes serán los encargados de fallar cuál es el destino final de los predios solicitados. Para ello, el 16 de enero serán nombrados los primeros cinco jueces, que dictarán sentencias en Bogotá, Medellín, Cali, Cartagena y Cúcuta.

Según lo previsto por el Gobierno Nacional, este año debe terminar con 15 magistrados y 22 jueces que se encarguen de poner en marcha la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras. Así mismo, se considera que en total serán  60 magistrados y 134 jueces los que estarán vinculados a los procesos de restitución de tierras.

Para este año, la meta de la Unidad de Restitución de Tierras es tramitar 13.760 solicitudes de restitución de tierras, y en los próximos tres años, haber atendido 160 mil solicitudes. En cuanto a los jueces agrarios, se tiene previsto que durante 2012 fallen por lo menos 2.100 casos de restitución.

Según informó el Ministerio de Agricultura, “en los próximos diez años, que es la vigencia de aplicación de la Ley, en el marco de la justicia transicional, la meta global de la Unidad Administrativa es atender 360 mil reclamos con la perspectiva de que al menos 300 mil de ellos sean resueltos por los jueces especializados en restitución”.

En diferentes ocasiones, el Ministerio de Agricultura y demás instituciones que intervienen en el proceso de reparación y restitución, han hecho un llamado para que las víctimas no se dejen engañar ni vayan a cancelar dinero a terceras personas, porque el  “procedimiento para reclamar la restitución de tierras despojadas o abandonadas es absolutamente gratuito y no requiere de intermediarios”.

El proceso de restitución de tierras será gradual e iniciará por las zonas más afectadas por el despojo y el abandono de tierras. Ese fue el criterio utilizado para la instalación de las primeras sedes de la Unidad de Restitución de Tierras.