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Un empresario bananero dijo a 45 familias que debían comprar las fincas que cultivaban desde hacía 17 años en Urabá pues eran de un jefe paramilitar. Ellos pagaron, pero descubrieron que la tierra era de la Nación. Demandaron y el pleito va a paso de tortuga.
Por presión de los paramilitares del Bloque Bananeros, un grupo de campesinos compraron a las Autodefensas unas tierras baldías. Fotomontaje VerdadAbierta.com
La lucha por ‘La Niña’ comenzó hace diez años, cuando Felipe Arcesio Echeverri Zapata, un empresario bananero citó a una reunión a un grupo de campesinos de la vereda California del municipio de Turbo en el Urabá antioqueño. Los campesinos eran poseedores de ese predio llamado ‘La Niña’ en el Urabá desde 1984.
Según lo denunciado por los campesinos ante la justicia, la reunión tuvo lugar en la vereda La Teca, cercana a donde ellos vivían, el 14 de septiembre de 2001. Un representante de los campesinos, Donide Espitia, dijo que un señor Antonio Arboleda, quien perteneció al Epl y se desempeñaba como administrador de una finca bananera, los había citado días antes a la reunión de parte de Echeverfri. Dijo Espitia que Arboleda les había dicho entonces que el dueño del predio no quería sangre, y que quería negociar a las buenas.
Cuando llegaron a la reunión, “vieron a unos paramilitares ahí armados, aproximadamente 10, con armas largas y cortas, todos ellos de civil”, dijo Espitia. Echeverri les pidió 10 millones de pesos por hectárea, y los campesinos rechazaron su propuesta. Luego accedieron a pagar cuatro millones por hectárea, con cuotas semanales y con un plazo, según su capacidad productiva, de 21 meses sin intereses o a 36 con intereses del 2 por ciento.
En esa reunión, Rafael García, alias ‘El Viejo’ les dijo que tenían que hacer ese pago “a las buenas o a las malas” y –según dijo Espitia –hizo énfasis en que dicha “tierra era de uno de los grandes” refiriéndose a Raúl Emilio Hasbún, alias ‘Pedro Bonito’, entonces jefe paramilitar del Frente Árlex Hurtado del Bloque Bananero.
Más adelante, luego de su desmovilización, alias ‘El Viejo’ corroboró ante un fiscal de Justicia y Paz, que él había sido miembro del Bloque Bananero de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (Accu) comandado por alias ‘HH’ en la zona de Turbo y por el empresario bananero Raúl Hasbún, y representante político de esta misma organización.
Al parecer, Hasbún, que decía ser propietario de esa tierra, le había dado un poder a Echeverri para que obligara a los parceleros que la cultivaban hacía 17 años a comprársela. Según contó Espitia, les dijeron que “como Hasbún era la mano derecha de Fidel Castaño no podía venir a presentarse porque estaba en los montes”.
Esta versión fue confirmada por otros dos campesinos. Uno de ellos es Junior Efraín Cabrales, agricultor de 58 años, dueño de la parcela Villa Epitania, en la vereda California. Durante los 18 años que lleva cultivando plátano, ha hecho drenajes y fumigaciones a sus plantaciones; y además, construyó su respectiva casa y empacadora.
La descripción que hizo Cabrales de lo que sucedió en esa reunión del 14 de septiembre es muy similar a la que hizo Espitia: “Nos citaron a una comisión para negociar la tierra. Nos llevaron a cuatrocientos metros más allá por otra vereda y cuando llegamos entramos a una casa. Nosotros nos sorprendimos porque allá había personas armadas. Luego llegó el señor Felipe que nos propuso que nosotros le pagáramos a él como siete millones de pesos por hectárea, pero a nosotros no nos gustó. Ahí fue cuando se paró el señor Rafael García, alias ‘Viejo’ sacó un revólver, lo colocó sobre la mesa y dijo que ese día había que negociar esa tierra”.
Cabrales cuenta que a partir de ese día todo cambió: “algunas plantaciones se cayeron debido a los fuertes vientos que sacudieron la región de Urabá” y por esta razón “muchos no tuvieron forma de pagar y prefirieron vender la tierra, inclusive él (Echeverri) mismo las compró para poderle terminar de pagar”. Una vez finalizaron los pagos “este señor se desapareció de por allá y nunca nos dio los títulos de esa tierra”.
Espitia denunció que las presiones fueron constantes. Felipe Echeverri iba cada dos días o mandaba a Arboleda advirtiéndoles que debían negociar porque “el patrón se está poniendo bravo”. Y que aunque le pidieron a Echeverri que les mostrara la escritura de las tierras, nunca se las mostró.
Al final los campesinos pagaron. La comercializadora bananera Banacol les descontó pagos periódicos de lo que les giraba por el banano que producían.
Aunque él pudo seguir viviendo en su parcela, Espita cuenta que “hubo gente que se sintió apurada para pagarle a ese señor y entonces tuvieron que venderle sus tierras a él mismo. Él nos decía que si estábamos apurados él nos compraba la tierra”. De las 45 familias, sólo 21 siguen allí, las demás vendieron y se fueron.
Ese fue el caso de Juan Benito Yañez, un hombre de 60 años que para el 2001 era el presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda California. En esa época él estaba averiguando cómo legalizar la tierra que los campesinos llevaban tantos años trabajando y cultivando. En su tierra había sembrado plátano, mangos y tenía una plantación de cocos. También había construido una casa. Fue ahí cuando apareció Antonio Arboleda y propuso hacer la reunión donde se nombraría una comisión negociadora.
Luego de la negociación y tras varios meses de descuentos “hubo gente que tuvo que vender pedazos de las parcelas para poder pagar la tierra a Felipe. Como yo no tuve con qué abonar me tocó vender la parcela y quedarme sólo con los 35 millones de pesos que me dieron”, afirmó Yañez, en su declaración ante la Fiscalía.
Espitia pagó en total $ 9.161.000. Ni Echeverri, ni Hasbún le dieron título de su predio. El que sí se lo dio fue el Incoder en 2006, pues, como se explica más adelante, este mismo instituto dictaminó que esa tierra era un baldío de la Nación y ellos, como poseedores, tenían derecho al título.
Predios ajenos
Según lo pudo establecer la justicia, inicialmente, el predio ‘La Niña’, en la vereda California de Turbo, pertenecía a la Sociedad Emilio Hasbún y Compañía. En 1984 fue ocupado por 44 familias campesinas, que desde entonces parcelaron la tierra y casi todos cultivaron banano.
El Incora -hoy Incoder-, le decretó la extinción de dominio a esta propiedad de la familia Hasbún, el 22 de junio de 1989. Y según figura en el certificado de tradición y libertad que emite la Oficina de Instrumentos Públicos de Turbo, desde ese mismo años este predio es un baldío perteneciente a la Nación.
La decisión del Incora de decretar que este predio era un baldío estatal fue ratificada el 24 de septiembre de 2001, justo unos días después de la reunión de La Teca en la que Echeverri les dijo a los campesinos que pagaran sus terrenos para poderles transferir la propiedad de la tierra. Es decir, Echeverri les estaba cobrando por una tierra que no era ya de Hasbún sino del Estado.
Pagos comprobados
La justicia pudo determinar, como lo aseveraron los campesinos, al investigar los giros bancarios, que en efecto, luego de que se hubieran pactado las ventas, a los campesinos les fueron descontados pagos semanales o mensuales por intermedio de la empresa Banacol S.A. durante un periodo de cuatro años (Ver comprobantes de pagos).
El total pagado por las tierras de ‘La Niña’ fue de 485 millones de pesos. De acuerdo con el testimonio de Adriana Torres Giraldo, contadora contratada por Judith Hasbún para el negocio de los predios, ese dinero se repartió de la siguiente manera: “Banacol hacía una consignación a la cuenta de la señora Hasbún y yo verificaba que ese dinero correspondiera al descuento semanal que habían autorizado los campesinos. Había un porcentaje destinado a sus hermanos Raúl Hasbún y Alejandro Hasbún pero también se le entregaba dinero a su madre, Teresa de Hasbún y el resto era para ella. En total para la familia Hasbún era el 90 por ciento de la plata. El 10 por ciento restante era para el señor Felipe Echeverri que además, le pagaba el 5 por ciento al señor Antonio Arboleda por su participación en la negociación”.
Cuando la totalidad de la deuda fue cancelada, los parceleros no recibieron los títulos de la tierra. Fue en ese momento en el que descubrieron que el predio había sido objeto de una declaración de extinción de dominio por parte del Incora y por tanto, que Felipe Echeverri no podía legalmente entregarles lo que les había prometido porque el terreno le pertenecía a la Nación.
Echeverri se defiende
En la declaración que hizo el empresario bananero en 2005 ante la Unidad de la Fiscalía delegada ante los Juzgados Penales del Circuito de Turbo, Felipe Echeverri afirmó que fue la familia Hasbún la que lo buscó para gestionar un arreglo con los ocupantes de la finca ‘La Niña’ o ‘El Silencio’, que, según él, era propiedad de la Sociedad Emilio Hasbún S.A. Dijo también que buscó a su amigo y asesor Antonio Arboleda, para que le ayudara a reunir a la gente que tenía el predio.
Según Echeverri desde el 13 de mayo de 1997 se envió “una comunicación por parte de los invasores hacia el Incora donde reconocen el dominio ajeno y manifiestan estar dispuestos a negociar”. Este documento se realizó supuestamente para lograr que la Sociedad Emilio Hasbún pudiera entregar las escrituras sin necesidad de que mediara un tercero, en este caso el Incora.
Después, según documentación en poder de la justicia, Echeverri le envió una carta a Armando Giraldo, gerente del Incora en Medellín en la que le solicitó terminar el proceso que sobre estos predios llevaba esa entidad. Según lo que declaró ante la Fiscalía, él sabía que los terrenos eran de la Nación y que por ende no podía venderlos, pues conocía la decisión del Incora. Este fue el argumento principal para considerar el delito de estafa pues, a pesar de conocer la situación jurídica de la tierra, sirvió como intermediario de los Hasbún en la supuesta venta de tierras a los campesinos, omitiendo el detalle de que estos terrenos ya no le pertenecían a esa familia.
En la reunión del 14 de septiembre en la vereda La Teca, Echeverri aseguró que sólo cuando llegó allí se dio cuenta de que había hombres de las Auc, pero que, contrario a lo declarado por los campesinos, los paramilitares estaban apoyándolos a ellos y no a él. Pese a que afirmó ser amigo desde la infancia de Raúl Hasbún, en una entrevista que le concedió el pasado mes de julio a El Tiempo, dijo que solo se enteró de que su amigo era paramilitar el día en que se desmovilizó, a mediados del 2004.
Su versión sobre cómo se dio la negociación de esos predios, fue opuesta a la que los agricultores le dieron a la justicia. Los parceleros le dijeron a la Fiscalía que se habían sentido obligados a hacer estos pagos, y que habían tenido miedo en la citada reunión. Por el contrario, Echeverri dijo que con los campesinos tuvieron las mejores relaciones. “Tomamos tinto en la Finca Antares, incluso compartimos permanentemente historias del pasado, éramos unos amigos negociando, buscando una solución a un problema en los mejores términos”, dijo.
Echeverri aseguró que luego de que el Incora ratificara la extinción de dominio, en 2002, los parceleros firmaron un papel en el que “se acordó que la empresa no continuaba con los trámites y por ende el Estado era el encargado de titulares las tierras”. Sin embargo, ningún campesino recuerda haber firmado este papel. Narran en sus declaraciones que sí firmaron papeles en blanco pero que no sabían para qué eran.
Echeverri dijo en 2005 que “al momento no he terminado mi gestión como apoderado de buena fe y apoderado mediante poder de realizar los trámites administrativos tendientes a que los campesinos gocen de los títulos. Estaré actuando para culminar la transacción comercial y para llegar a un feliz término el negocio”. Algo que hoy, casi seis años después, no ha sucedido.
El ex paramilitar Raúl Hasbún también habló sobre el problema de la tierra en Urabá en una audiencia de versión libre ante Justicia y Paz. Dijo que ésta fue el “botín de guerra que le arrebataron a aquellos campesinos que supuestamente eran guerrilleros o sus auxiliadores”.
La batalla jurídica
Los campesinos demandaron a Echeverri por concierto para delinquir, estafa, constreñimiento ilegal y extorsión en 2005. El caso fue presentado por la Unidad Delegada de la Fiscalía ante un juez en Turbo. Desde ese momento, el caso empezó a rotar por varios jueces y fiscales que formularon nuevos cargos y quitaron otros hasta reducir el proceso a un caso típico de estafa.
Según un trabajo de investigación realizado por el IPC y la Corporación Jurídica Libertad el entonces director encargado de fiscalías, seccional Medellín, Guillermo Valencia Cossio rotó este caso por varios fiscales especializados.
La citada investigación sostiene que “versiones aportadas a este trabajo mostraron cómo esa relación del alto funcionario judicial (Valencia Cossio) con los productores de la fruta en Urabá condujeron al entorpecimiento de las investigaciones que se adelantaban para esclarecer el engaño del que fueron víctimas los campesinos de Turbo”. (En marzo de 2011, Valencia Cossio fue condenado por la Corte Suprema de Justicia a 15 años de prisión por haberle prestado servicios desde la Fiscalía a la organización narco-paramilitar de Daniel Rendón, alias ‘Don Mario’)
Tanto la Procuraduria como Gerardo Vega, abogado de los demandantes, le solicitaron al fiscal que revisara las pruebas aportadas, pues estaban convencidos de que Echeverri debía ir a juicio por todos los delitos por los que fue demandado por los campesinos.
Pero el Fiscal Tercero Delegado ante el Tribunal Superior de Antioquia ratificó su decisión de acusar al empresario bananero solamente por el delito de estafa. Argumentó que desechaba los delitos de constreñimiento y de concierto para delinquir porque había contradicciones entre la versión de los campesinos y la de Echeverri, pues ellos afirmaban que a los paramilitares los había llevado Echeverri, y éste dijo que los paramilitares estaban allí como respaldo de los campesinos. Además consideró que el delito de extorsión se alejaba de la conducta realizada por Echeverri y que era más acorde a lo estipulado como estafa.
La presencia de paramilitares fue uno de los puntos en los que más había insistido la Procuraduría cuando, en 2006, apeló la decisión del fiscal de acusar a Echeverri únicamente del delito de estafa. Esta institución se preguntó ¿por qué Echeverri permitió la presencia de reconocidos paramilitares en las negociaciones? Si su interés no era negociar bajo amenaza, ¿por qué la negociación se hizo en La Teca y no en la vereda California? El Ministerio Público argumentó que si bien, el empresario bananero no había amenazado directamente a ninguno de los campesinos, sí permitió que representantes de las Auc hicieran parte de las conversaciones y mostraran su poder de intimidación.
Desde el 31 de mayo de 2010, el caso está en el despacho de un magistrado del Tribunal Superior de Antioquia. Lo primero que debe resolver es quién tiene la competencia para decidir de qué delitos se le debe acusar a Felipe Echeverri.
Hasta el momento, de la mano de Gerardo Vega director de la Fundación Forjando Futuros y abogado defensor de los campesinos y del Incoder se han logrado obtener títulos de la tierra para 23 personas. A la espera quedan todavía 21 familias que, después de pagarle a Echeverri, no han recibido ni los títulos ni la plata. E incluso algunas de las tierras de las que son poseedores los campesinos están hoy a nombre de la madre de Echeverri, Rosalba Zapata.
