Una
región estratégicamente situada entre el mar Caribe y el río Magdalena
ha sido meticulosamente vaciada de su población campesina y convertida
en fortín de las élites surgidas de la violencia y de la ilegalidad,
gracias a la pasividad o a la complicidad del Estado central. Un
análisis histórico y sociológico sobre el “poder mafioso” que está
asfixiando a Colombia.
tomado de http://razonpublica.com/index.php/econom-y-sociedad-temas-29/2457-el-reordenamiento-violento-de-territorios-el-caso-de-montes-de-maria.html
Coctel explosivo Tras
el auge y decadencia de las luchas de los años setenta por el acceso a
la tierra mediante invasiones masivas de latifundios improductivos, a
inicios de los ochenta la región de Montes de María recibió el influjo
de dos fenómenos significativos que cambiarían la historia de la región:
En
primer lugar, una oleada de inversiones del narcotráfico –lavado de
activos– mediante compras de tierras, principalmente en la zona del
Golfo de Morrosquillo (San Onofre) y en la parte baja de la vertiente
oriental, en el área aledaña al río Magdalena (municipios de Zambrano y
Córdoba, principalmente). Con la presencia de élites ilegales emergentes
en estos territorios, aparecen aparatos privados de seguridad para
proteger esas inversiones, para asegurar rutas de doble vía del
narcotráfico y como parte de un dispositivo incipiente para el uso de la
fuerza contrainsurgente. Se configuran arreglos con entidades del
Estado, actor que en la práctica brindó protección complementaria a la
economía ilegal.
En
segundo lugar, la presencia de las FARC, que se inicia a mediados de
los ochenta, a partir de unidades provenientes de Antioquia y de
Santander. Se ubican en El Carmen de Bolívar, buscando también su
afianzamiento en el eje Chalán –Colosó – Los Palmitos – Ovejas. Esta
subregión ofrecía dos fortalezas para su estrategia político-militar: en
primer lugar, representa el corazón de la parte montañosa de Montes de
María y, en segundo lugar, eran municipios cuyas comunidades habían
demostrado una notable capacidad de organización, a juzgar por el número
de invasiones de predios que se habían dado en esa zona. La incidencia
guerrillera también se extendió a la región del Golfo de Morrosquillo y a
la parte baja de la vertiente oriental de los Montes de María, pero con
una permanencia menor en la región del Canal del Dique.
Acción y reacción Con
la presencia guerrillera, incluido el ELN, aumentaron el secuestro, el
abigeato con prácticas populistas de reparto de carne entre los
pobladores, y el asalto a vehículos en la vía que comunica a la Costa
con el interior. Y por su parte las organizaciones armadas que
decidieron desmovilizarse y reinsertarse en desarrollo de los acuerdos
de paz, como el Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT) o la
Corriente de Renovación Socialista (CRS) lograron penetrar nuevos
espacios. La respuesta violenta de carácter privado no se hizo esperar,
en muchos casos gracias a la permisividad de las Fuerzas Armadas: entre
1993 y 2008, se perpetraron 50 masacres en la región –concentradas entre
1999 y 2001–, 35 de las cuales ocurrieron justamente en la zona
montañosa donde se asentó la retaguardia insurgente y 10 en la zona del
Golfo de Morrosquillo. Esto incidió en el desplazamiento forzoso de la
región, con proporciones dramáticas:
Chalán (37 por ciento de su población, en el evento más numeroso);
Carmen de Bolívar (35 por ciento);
Ovejas (35,4 por ciento);
Córdoba (30,6 por ciento);
Zambrano (25,15 por ciento).
Intervención del Estado Argumentando
la gravedad de la situación, en 2002 el gobierno decidió crear una Zona
de Rehabilitación y Consolidación en Montes de María (o zona especial
de orden público), cuya principal consecuencia fue la de continuar
afectando los derechos y garantías de la población, pero ahora desde el
Estado central. En efecto, a través de este mecanismo y de acuerdo con
la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos
Humanos (OACNUDH), en el marco de esas disposiciones las autoridades
desarrollaron una política de allanamientos a gran escala y de capturas
masivas:
La
OACNUDH recibió varias denuncias de abusos de la fuerza pública y de
procedimientos incompatibles con los principios internacionales, en
particular con el de la protección contra las privaciones arbitrarias de
la libertad y los de legalidad y de inocencia.
Las
denuncias también se refirieron a la actuación de los órganos
judiciales y de control, y en particular de la Fiscalía, atribuyéndoles
falta de independencia, irrespeto de las exigencias procesales para
autorizar las privaciones de libertad y el uso de encapuchados en las
diligencias relacionadas con allanamientos y capturas.
Se
establecieron restricciones a los derechos de circulación y de
residencia, al respeto a la vida privada y al domicilio, a la libertad
individual y al debido proceso, de manera incompatible con los
principios internacionales.
El
fracaso de la respuesta institucional favoreció la continuidad de
formas privadas ilegales de uso de la fuerza, incluso cuando estaba en
plena vigencia el mecanismo de la Zona de Rehabilitación y
Consolidación, como sucedió en y desde el Golfo de Morrosquillo con los
asesinatos múltiples ejecutados por el paramilitar alias Cadena.
Sobrecarga de violencia Pero
la violencia no se redujo a la acción de las guerrillas y los
paramilitares contra la población civil. Bajo la cobertura del
“conflicto armado” se produjeron once modalidades de violencia que
respondían a las lógicas divergentes de por lo menos siete grupos de
interés (en su mayor parte actores no armados) y que contribuyeron a
cambiar la dinámica del territorio a favor de sus pretensiones:
Violencia
contrainsurgente de grupos paramilitares, dirigida contra la población
civil y ejecutada mediante acciones de inteligencia generalmente
adelantadas por organismos de seguridad del Estado, que acusaban a sus
víctimas de ser auxiliadores de las guerrillas.
Violencia sistemática contra dirigentes campesinos que lideraron procesos de tomas de tierras en los años setenta.
Violencia
contra dirigentes que lideraron procesos de construcción de
organizaciones y frentes alternativos a los partidos tradicionales.
Violencia
como mecanismo de seguridad para salvaguardar las rutas de las drogas,
principalmente para la exportación internacional.
Violencia
para forzar a los alcaldes y funcionarios locales a entregar el control
de los recursos que manejan los entes territoriales.
Violencia para el despojo de tierras.
Violencia
para desocupar territorios y garantizar el control de zonas
consideradas estratégicas para inversiones en recursos naturales, sobre
todo en Zambrano y Córdoba.
Violencia
para disuadir a comunidades y garantizar el voto por un determinado
candidato principalmente para el Congreso, dado que el triunfo en las
elecciones locales se garantizaba al imponer candidatos únicos.
Violencia
para llevar a cabo una serie de asesinatos de personas señaladas por
diferentes sujetos a los grupos de violencia privada, con cuya muerte
buscaban resolver conflictos particulares (venganzas, enemistades,
infidelidades, poner fin deudas, etc.).
Violencia para garantizar la ejecución de actos delincuenciales (por ejemplo, robo de ganado).
Violencia de protección, típica de empresas criminales.
Esta
sobrecarga de violencia “hizo mover” de manera forzosa una importante
masa de población campesina, que abandonó sus lugares de trabajo y
residencia, con lo cual facilitó el despojo de sus tierras. La
transformación sin precedentes de toda la estructura agraria, incluida
la propiedad de la tierra, buscaba adelantar una modernización rural
fundada en la preservación del gran latifundio en vías de inserción
productiva a escala global, principalmente mediante inversiones en
reforestación, en ganadería tecnificada y en mono-producción para
biocombustibles. Este proceso se concentró fundamentalmente en la zona
montañosa montemariana. Mientras tanto, en el Golfo de Morrosquillo
continuó un proceso de intimidación, de amenazas y de asesinatos de
líderes sociales, que permitió el avance de la concentración de la
propiedad de la tierra, iniciada en los ochenta. Y finalmente, en la
parte baja de la vertiente oriental, la impotencia del Estado frente a
la extinción de dominio de bienes incautados al narcotráfico ha
permitido que continúen vigentes inversiones con recursos de origen
ilegal, en medio de una dramática situación de inequidad social y
pobreza, sobre todo para los sectores campesinos que aún resisten en
este territorio. ¿Qué está pasando hoy? Una elite de “financiadores” o “prestamistas”
de las campañas electorales ha actuado hegemónicamente en la región. Se
caracterizan por una fuerte acumulación de capital y por controlar
líneas de inversión muy sólidas como los juegos de azar (chance) con
cobertura extraregional, y otros negocios tradicionales como la
ganadería, que se desarrollan en el umbral entre legalidad e ilegalidad.
Otros sectores de la élite regional, cuya base de poder se
enracina en la institucionalidad política local y regional, como en el
caso de Sucre, han establecido un sistema auténticamente mafioso de
control de los recursos públicos, con un uso elevado de violencia
organizada ahora mucho más selectiva, como medio de disuasión para
evitar denuncias o señalamientos en el saqueo de los fiscos. Junto a
ellos colaboran en diferentes niveles grupos de mandos medios de la
institucionalidad local y regional, conformados por autoridades locales,
miembros de los concejos municipales, diputados a las asambleas y
cientos de funcionarios. Continúan vigentes también los grupos de
violencia privada que hacen parte de la estructura de seguridad de los
grupos de interés señalados más arriba, conjugando el uso de violencias
múltiples, que van desde la instrumentalización de la violencia política
hasta formas delincuenciales y de violencia selectiva para el control
de territorios. Recientemente, se observa también la presencia de una
nueva élite de capital privado, compuesta por grandes inversionistas y
corporaciones transnacionales que buscan realizar inversiones de
magnitud significativa. Presentan un perfil aséptico frente a los
procesos de violencia que involucran más explícitamente a todos los
demás grupos de interés, pero constituyen tal vez el grupo que más ha
ganado con los cambios originados por la sobrecarga de violencia contra
las comunidades campesinas. Por último, las bandasde
narcotraficantes continúan en plena actividad tras una larga experiencia
en la región de Montes de María, con procesos disímiles en cuanto a su
grado de inserción y a la calidad de su relación con el tejido social
local y regional, pero preservan incluso propiedades adquiridas desde
los años ochenta.
Diagnóstico equivocado Una
estrategia seria de seguridad debe partir por reconocer que el problema
central para la región – como para muchas otras del país – ya no se
reduce a la existencia de actores armados ilegales. El problema mayor
radica en la conformación y consolidación de élites de claro origen
ilegal, cuyo papel en la verdadera “consolidación de territorios” las
ubica como actores estratégicos frente a los cuales el Estado continúa
cediendo parte del monopolio de la fuerza. Ese es el almendrón de su
vigencia regional y ahí se incuba la proyección de un gran poder mafioso
en Colombia. Identificar y admitir este problema es el comienzo para
poderlo enfrentar eficazmente. No obstante, esta situación es
virtualmente inexistente para el Estado central, pues el foco de la
acción estatal sigue señalando exclusivamente a las bandas criminales y a
las guerrillas. Así está diseñada la actual estrategia de seguridad,
condenada al fracaso por supuesto.
Vea el canal de mision tierra Territorios en http://www.youtube.com/user/TierraTerritoriosCol
El Fondo Ganadero de Córdoba entregó predios en el Urabá antioqueño a
un proyecto cauchero que tiene entre sus socios a desmovilizados del
Bloque Elmer Cárdenas y al Estado.
Tomado de: http://www.verdadabierta.com/component/content/article/158-captura-de-rentas-publicas/3583-iproyecto-cauchero-en-tierras-despojadas/
Dos empresas creadas en el Urabá antioqueño con el fin de ofrecer alternativas económicas a desmovilizados del Bloque Élmer Cárdenas de
las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc) y a familias que abandonaron
los cultivos de coca, recibieron 16 predios en usufructo - es decir que
ses entregaban para explotar sin títulos- que el Fondo Ganadero de
Córdoba compró en esa subregión.
Las autoridades investigan si ese Fondo compró esas tierras de manera forzada a bajo precio y en complicidad con grupos armados.
Según
la investigación que adelanta la Superintendencia de Notariado y
Registro, las firmas Compañía Productora de Caucho San Pedro S.A. y
Compañía Productora de Caucho del Norte de Urabá S.A. (Procaucho Urabá
S.A.), recibieron el 19 de septiembre de 2006 613 hectáreas ubicadas en
diversas veredas del municipio de Turbo y adquiridas por el Fondo entre
1998 y 2009.
Verdadabierta.com tuvo acceso a un extenso documento
preparado por el equipo del Proyecto Tierras de la Superintendencia de
Notariado y Registro en el que se observan la tradición de la posesión
de los predios que hoy están en discusión y en el que se confirma que la
titularidad de los 16 predios que fueron aportados al proyecto cauchero
está en cabeza del Fondo Ganadero de Córdoba.
Esas tierras están
ubicadas en las veredas Brazo Izquierdo, Cienaguita, La Pita, San José
de Mulatos y Pueblo Bello, jurisdicción de Turbo, y fueron adjudicadas a
campesinos entre 1985 y 1999 por el Incora, las cuales fueron vendidas
al Fondo Ganadero de Córdoba, supuestamente a bajo precio.
De
acuerdo con Carlos Páez, vocero de la organización Tierra y Vida, que
funciona en Urabá y reúne a reclamantes de predios, esas compras las
hizo el Fondo Ganadero de Córdoba “a través de varios intermediarios,
quienes compraron a bajo precio y de manera forzada”. Al parecer, los
comisionistas se aprovecharon de la presencia paramilitar en la zona y
los desplazamientos forzados a los que se vieron sometidos los
campesinos.
Una compra que atrajo la atención de los
investigadores de la Superintendencia es la del predio conocido como
Nuevo Pasto, de 28 hectáreas, por el que se registró la compra venta por
400 mil pesos. “Ese tipo de transacciones se deben investigar por parte
de las autoridades”, subrayó Páez.
Las dos empresas de
explotación del caucho las gerencia actualmente Jesús Bastidas, quien
ocupa ese cargo desde junio de 2007. Según este directivo, cuando
recibió el puesto la entrega en usufructo de las tierras era un hecho y
habían sido legalizadas por la anterior administración, liderada por
Soraya Liliana Pardo Palma, anterior gerente, y por Luis Alfonso
Jaramillo Muñoz, gerente de la firma estatal Incubadora Empresarial de
Producción y Comercialización Agropecuaria (Incuagro), socia mayoritaria
de proyecto y liquidada en junio de 2009. (ver La telaraña de los paras
en Urabá)
“De junio de 2007 hacia atrás no conocemos nada ni
tenemos nada que ver. Esa es la verdad”, afirma Bastidas. “A nosotros la
anterior administración ni nos entregó. Llegaron y nos dijeron: ahí
está eso y salieron y se fueron. Entonces empezamos a reorganizar todo
para hacer viable el proyecto que, tal como estaba, iba para la
quiebra”.
Bastidas presume que todos los documentos que respaldan
los predios aportados por el Fondo Ganadero de Córdoba al proyecto
cauchero son legales y legítimos puesto que están notariados y
registrados: “Lo que yo entiendo es que cuando se hicieron los estudios
de títulos y se legalizaron los usufructos del Fondo a la compañía todo
estaba en regla”.
Las compañías productoras de caucho San Pedro
S.A. y Procaucho Urabá S.A. agrupan a 125 familias que provienen de
programas de sustitución de cultivos de hoja de coca y de la reinserción
del Bloque Elmer Cárdenas de las Auc.
Según registros de la Cámara de Comercio de Medellín, Procaucho Urabá S.A. fue constituida en Apartadó el 21 de diciembre de 2005 y San Pedro S.A.
el 7 de septiembre de 2006 también esta localidad del Urabá antioqueño.
En la gestación de ambas empresas aparece el Fondo Ganadero de Córdoba,
asociado a Incuagro, a varias cooperativas de trabajo asociado
conformadas por campesinos que abandonaron los cultivos de hoja de coca y
a Construpaz, que agrupa a los desmovilizados del Elmer Cárdenas de las
Auc.
“El grupo de desmovilizados de Construpaz trabaja en
Mutatá, en tierras que adquirieron con sus recursos; ellos nos las
traspasaron y a cambio les dimos acciones de las empresas”, explica
Bastidas. “Las cooperativas de trabajo asociado, que son las bases
sociales, los campesinos que abandonaron los cultivos ilícitos, están
haciendo el trabajo en terreno”.
En la actualidad, el Fondo
Ganadero de Córdoba solo es socio de la compañía San Padro S.A., a la
que le aportó 13 predios y un total de 511 hectáreas. De Procaucho Urabá
S.A. salió de la estructura societaria porque tres fincas cedidas en
usufructo que sumaban 112 hectáreas resultaron improductivas para el
proyecto.
“Se canceló el usufructo porque cuando la anterior
administración recibió esos predios en el 2006 en el papel, nunca fue a
verlos”, explica Bastidas. “Cuando nosotros llegamos en el 2007,
encontramos que esos tres predios no servían porque estaban muy
retirados, no había vías, la cobertura vegetal no servía y era difícil
por la topografía. Entonces qué hicimos: recomendamos que se le
devolvieran al Fondo Ganadero, como efectivamente ocurrió, eso se aprobó
este año en la asamblea porque son bienes improductivos para la
sociedad. Eso fue una falla de la administración anterior, que no hizo
la tarea como debería ser”.
Este directivo afirma que en caso que
se demuestre que hubo compra irregular de tierras y los obliguen a
restituir los predios que cedió el Fondo Ganadero de Córdoba, no sabría
qué pasaría: “Las familias están ahí, trabajando. Lo que creo es que se
tendrían que hacer reuniones de alto nivel para solucionar el problema”.
¿’Paras de por medio?
La
creación de las empresas caucheras fue el resultado de un foro del
programa Familias Guardabosques realizado a finales del año 2005 en el
municipio de Apartadó. De allí salieron con la idea de constituir
proyectos productivos que beneficiaran a aquellos que querían abandonar
los cultivos de hoja de coca y a los desmovilizados del Bloque Elmer
Cárdenas.
Pese a la imagen de legalidad que tenía esa iniciativa, investigaciones realizadas por VerdadAbierta.com
constataron que detrás de todo ello estaba la Asociación Comunitaria de
Urabá y Córdoba (Asocomún), organización creada el 16 de febrero de
2002 por John Jairo Rendón Herrera, conocido con el alias de ‘Germán
Monsalve’ y hermano de ‘El Alemán’, excomandante del Bloque Elmer
Cárdenas de las Auc.
Un informe judicial del año 2008 dejó
constancia de los orígenes de Asocomún. En el documento se dijo que esta
organización llegó a “la región de Tulapa e inició una labor social
comunitaria para la erradicación manual de cultivos ilícitos y la
generación de alternativas económicas y sociales”. Se la describió como
“una asociación de juntas de acción comunal liderada por el Bloque Elmer
Cárdenas, por cuya vía se quiso controlar el Proyecto de Familias
Guardabosques para la erradicación manual de cultivos ilícitos”. Además,
se constató que ‘Germán Monsalve, su promotor, era “el tercero en la
línea de mando de los Rendón Herrera y el encargado de legalizar sus
negocios”.
Estas afirmaciones serían constadas dos años después
por la Corte Suprema de Justicia en la sentencia dictada contra el
excongresista Antonio Valencia Duque, quien fue condenado por sus nexos
con el Bloque Elmer Cárdenas.
En el documento, de diciembre de
2010, la Corte determinó que “la iniciativa de incorporar a las
comunidades de Urabá en el componente social del Programa Familias
Guardabosques para la erradicación de cultivos ilícitos fue de Asocomún,
con el liderazgo de ‘Germán Monsalve’ desde el año 2002”. Además, el
Alto Tribunal dejó constancia del uso que el paramilitar le daba a
Asocomun. A juicio de la Corte, ‘Germán Monsalve’ usaba la figura de
esta organización no gubernamental para dinamizar la injerencia del
Bloque Elmer Cárdenas en la política y economía de la región,
particularmente en Turbo y Necoclí.
La decisión de la Corte
también dejó claro que Valencia Duque cumplió un papel fundamental en la
realización del proyecto agroindustrial. Según relató la Corte, el
político conservador hizo un intenso lobby con instituciones
gubernamentales, incluyendo instancias del Plan Colombia, para lograr el
apoyo a los proyectos del Programa Familias Guardabosques, lo que a la
postre surtió efecto, pues las empresas caucheras en particular
recibieron apoyo económico de agencias del Estado.
En esa
iniciativa se involucró el Fondo Ganadero de Córdoba, representado para
la época por el gerente Benito Osorio Villadiego, quien se vinculó a
esas iniciativas productivas ofreciendo tierras adquiridas a campesinos
del Urabá antioqueño. Este directivo se encuentra detenido desde el
pasado mes de marzo, cuando se entregó a las autoridades para responder
por cargos relacionados con sus nexos con grupos paramilitares.
Si
bien la Superintendencia de Notariado y Registro ha determinado la
cesión de predios del Fondo Ganadero de Córdoba a las empresas caucheras
del Urabá antioqueño, le tocará a la justicia determinar si esas
tierras fueron compradas de manera irregular o no, con lo que se
dirimirá la disputa entre los campesinos reclamantes y aquellos que hoy
las usufructúan y se benefician de la producción de caucho.
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Vea el video del dia del canal de Misión Tierra Territorios
De los 91 municipios que
han documentado la petición de restitución de tierras con la Comisión
Nacional de Restitución en Antioquia, 44 tienen riesgo moderado y 28
alto riesgo para los desplazados despojados de sus predios por grupos
armados ilegales.
Así lo indica el mapa de riesgos para
reclamantes de tierras y líderes de organizaciones presentado por la
CNRR, luego de un proceso de indagación con las víctimas, sus
asociaciones y el cruce de información con mapas riesgo de otras
instituciones como la Defensoría del Pueblo, Corporación Nuevo Arco
Iris, Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento y Misión
de Observación Electoral.
El nuevo mapa identifica los
municipios que presentan variables violentas, teniendo en cuenta índices
de riesgo que vive el Departamento por causa de acciones violentas de
guerrillas y bandas criminales. Tiene en cuenta la presencia de grupos
armados ilegales, el número de combates registrados, la tasa de
desplazamientos forzados, la presencia del narcotráfico y el tráfico de
armas.
Según los hallazgos, la presencia de bandas criminales
como "los Urabeños", "los Rastrojos" y "los Paisas", así como las Farc, y
el Eln y la existencia del narcotráfico y los cultivos ilícitos,
confluyen para que el riesgo sea extremo en 28 municipios pertenecientes
a las subregiones de Urabá, Bajo Cauca y Oriente antioqueño.
Turbo, Mutatá, Cáceres, Tarazá son algunas de estas localidades (ver recuadro).
También
se encontró que, en total, son 2.324 predios los reclamados en
Antioquia entre 2010 y 2011 y que la mayoría de requerimientos se
concentran en el municipio de Turbo.
José Arley Muñoz Úsuga,
coordinador de la CNRR en Antioquia, explicó que la elaboración del mapa
se logró gracias a las víctimas que reclaman sus bienes. "Los
reclamantes han dado un primer paso y es ir a documentar y establecer
algún tipo de denuncia para que se les restituyan sus tierras. Los casos
que tenemos documentados se están trasladando a la unidad de Justicia y
Paz de la Fiscalía".
Mesa de Seguridad activa
La
elaboración del mapa fue un trabajo conjunto entre la CNRR y la Mesa de
Seguridad creada en febrero del presente año, con el fin de proponerle a
las autoridades competentes mecanismos y rutas de solución a la
situación de riesgo que viven no sólo los reclamantes de tierras, sino
también los líderes de las organizaciones de víctimas.
A partir
del mapa y la identificación de las víctimas con más riesgo en la
región, la Mesa de Seguridad propuso una estrategia de seguridad local,
con instituciones que intervengan en las zonas afectadas por la
violencia para que establezcan una Unidad de Atención Especial que
permita brindar ayuda oportuna a los desplazados.
El coordinador
regional de la CNRR, también insistió en que las rutas de protección
dejen de ser reactivas para que sean de carácter preventivo y que
consulten no sólo la institucionalidad local, sino también a las
organizaciones de víctimas.
"Hay que valorar el esfuerzo de todas
las instituciones que conforman la Mesa, esperamos que las
recomendaciones al Gobierno Nacional sean tenidas en cuenta", dijo Muñoz
Úsuga.
La Mesa de Seguridad está conformada por OEA, Policía
Nacional, Fiscalía, DAS, PNUD, Mapp-OEA, Personería, Ministerio del
Interior, Defensoría del Pueblo y las dependencias de Derechos Humanos
del Gobierno Departamental y la Alcaldía de Medellín.
» Contexto
Localidades vulnerables en Antioquia
Los predios que presentan algún tipo de riesgo por su
ubicación geográfica, son aquellos ubicados en los municipios de San
Juan, Necoclí, Arboletes, San Pedro, Chigorodó, Frontino, Cañas Gordas,
Buriticá, Santa Fe de Antioquia, Ebéjico, Sopetrán, Sabana Larga,
Yarumal, Yolombó, San Roque, San Rafael, Remedios, Yondó y Maceo.
Sin
embargo, según lo encontrado por la CNRR, hay municipios que se
encuentran en alerta roja por los altos indices de violencia. Son:
Mutatá,
Turbo, Cáceres, Apartadó, Carepa, Dabeiba, Ituango, Urrao, Tarazá,
Campamento, Amalfí, Segovia, El Bagre, Caucacia, Nechí, Segovia, Puerto
Berrio, San Carlos, Caracolí, Puerto Nare, San Francisco, Granada y San
luís. Son los municipios que por acciones armadas representan mayor
riesgo para reclamantes de tierras y líderes campesinos.
El Informe de
Desarrollo Humano (IDH) 2011 del PNUD pone el dedo en la llaga: pocos
son los dueños de la mayoría de las tierras en Colombia, principal causa
de que el país tenga uno de los peores índices de distribución de la
riqueza global. El Estado ha fallado en su modelo de desarrollo agrario.
La conclusión del IDH 2011 del
Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) fue contundente en
determinar que la principal talanquera para el desarrollo humano en
Colombia es la alta concentración de tierras en pocas manos.
El
Informe afirma que el 52 por ciento de la gran propiedad está en manos
del 1,15 por ciento de la población, algo que termina por verse
reflejado en el denominado coeficiente de Gini (que mide la desigualdad
entre ricos y pobres) que indica que en materia de concentración de
tierras en Colombia es de 0,85, un número alto si se tiene en cuenta que
la escala va de 0 a 1. El índice general para Colombia es de 0,58, uno
de los peores del mundo.
El diagnóstico del PNUD señala que el
modelo de desarrollo agrario que se ha venido aplicando en Colombia en
las últimas décadas solo ha favorecido aún más la concentración de
tierras. Después de la apertura económica, la lógica de “más mercado y
menos Estado”, sumado al debilitamiento de las instituciones y al
control de territorios por parte de los grupos armados ilegales dejaron
como resultado una estructura agraria inequitativa. “Toda la estructura
de tenencia de la tierra y estructura agraria que tiene el país impiden y
dificultan el desarrollo humano”, reza el informe.
La tierra en
Colombia, además, se ha convertido en un bien especulativo que se
acumula para obtener rentas sin ningún esfuerzo productivo. Es símbolo
de riqueza, estatus, y prestigio social, algo que no ocurre en otros
países. Eso explica en parte las luchas que se han dado por tenerla y es
una de las razones por las cuales no han prosperado las reformas
agrarias que se vienen intentando desde los años 30 del siglo pasado.
Colombia es rural
Uno
de los mitos que se derrumban con el informe es que Colombia es un país
urbano, pues casi la tercera parte de la población es rural (en vez de
un cuarto como lo dijo el censo de 2005), que señala que 75,5% de los
municipios colombianos son rurales y representan el 94,4% del
territorio, según el nuevo índice de ruralidad construido por los
investigadores. Por eso, si Colombia quiere modernizarse debe solucionar
primero el conflicto agrario.
El informe explica que el país si
bien tiene un potencial de 21,5 millones de hectáreas, solo cultiva el
22,7 % de las tierras aptas (4,9 millones de hectáreas). En cambio, hay
una ‘ganaderización’ de la tierra en Colombia, pues 39,2 millones de
hectáreas están destinadas para pastos, rastrojos y malezas, de las
cuales 31,6 están usadas en ganadería bovina, donde hay menos de una
cabeza de ganado por hectárea.
Ese territorio es 10,6 millones
más grande que el de las tierras aptas destinadas para producción de
alimentos. Esto resulta paradójico porque Colombia es de los pocos
países del mundo, junto con Brasil que dispone de tierras para expandir
su frontera agrícola.
Los conflictos por el uso de tierra para
ganadería, agricultura, minería o para fines de conservación requieren
una pronta solución. El narcotráfico es un elemento adicional que incide
en el conflicto agrario de manera especial en Colombia y que se ha
traducido en el despojo y desplazamiento de los habitantes rurales del
país.
El informe cifra el despojo de tierras en 6,6 millones de
hectáreas, es decir, el 12,9 por ciento de la superficie agropecuaria;
de las cuales se han recuperado 495.493. De ese total, el 73 por ciento
corresponde a minifundios y propiedades pequeñas de hasta 20 hectáreas.
Como
consecuencia, en los últimos 13 años, unos 3,6 millones de personas han
sufrido el desplazamiento forzoso, el 65 por ciento de ellas menores de
25 años y el 14 por ciento con menos de 4 años.
Así mismo se midió qué tan democrática ha sido la sociadad rural
colombiana, en medio del conflicto armado que la agobia, vinculándose su
carencia con una mayor pobreza de los habitantes.
Según un modelo aplicado por los investigadores, se encontró que en las
poblaciones en donde hubo menos alternancia política y pesisitó el
control de las elecciones por parte de un solo grupo o partido político,
hubo más necesidades básicas insatisfechas, más miseria y más
precariedad en los servicios.
Razones para la esperanza
El
informe llega en un momento crucial, en que el Gobierno del presidente
Juan Manuel Santos se embarca en la aplicación de la Ley de Víctimas y
Restitución de Tierras, y justo cuando se está creando una nueva Ley de
Desarrollo Rural que busca complementar la de las víctimas y generar
oportunidades para que los campesinos tengan un futuro económico en el
campo.
El PNUD propone una "reforma rural transformadora" para
cambiar esa estructura inequitativa y democratizar la tenencia de la
tierra. Esto no significa que todas las grandes propiedades deban ser
desconcentradas, sino aquellas que no están siendo utilizadas de forma
adecuada, como muchas de las que están dedicadas a la ganadería
extensiva. La clave está en un reordenamiento territorial que permita la
transformación que necesita el país.
Este es un acto, sobre
todo, de voluntad política. El informe le dice al gobierno que no está
solo, que se apoye en una red de investigadores, académicos y pensadores
y propone acuerdos entre el Estado y la sociedad civil, abogar por la
seguridad humana, la inclusión de los grupos minoritarios y la
generación de confianza de la población hacia las instituciones.
Una década después del asesinato de la religiosa que ayudó a la titulación de
las comunidades afro en Nariño, la justicia no ha esclarecido su crimen.
A las 12:15 del mediodía del 19 de septiembre de 2001 Yolanda Cerón caminaba
con un familiar por la esquina de la Iglesia La Merced, frente al Parque Nariño
en el centro de Tumaco, cuando un hombre alto le disparó en la nuca, la remató
en el piso con cinco tiros más y huyó en motocicleta.
El hombre
pertenecía al grupo de sicarios urbanos del Bloque
Libertadores del Sur en Tumaco y era conocido con el alias de 'Capulina'.
La versión con la que los paramilitares pretenden justificar el
asesinato de Yolanda Cerón, es decir que ella era de la guerrilla, pero su
versión contrasta con lo que dicen las comunidades afro de Nariño, quienes por
su labor han logrado obtener la titulación de casi un millón de hectáreas.
Aunque el autor material del crimen está muerto, Guillermo
Pérez Alzate alias 'Pablo Sevillano', ex jefe de las Auc en Nariño, confesó
en una versión libre en agosto de 2007 que ordenó el asesinato de Yolanda
Cerón porque supuestamente tenía nexos con la guerrilla del Eln.
En
julio del año pasado otros ex paramilitares confesaron el asesinato ante un
fiscal de Justicia y Paz y no aportaron diferentes datos a los entregados
inicialmente por el extraditado jefe paramilitar. Alias 'Tribilín' confesó que
recogió a alias 'Capulina' después de asesinar a la religiosa, y 'Sarmiento',
quien fue el segundo al mando de Tumaco, dijo que se cumplieron las órdenes de
sus superiores.
Estas confesiones, sin embargo, han dejado abiertos
varios interrogantes sobre los verdaderos motivos que tuvo el grupo paramilitar
para cometer este crimen.
Para las personas que conocieron a la hermana
Yolanda, esas sindicaciones de colaboradora de la guerrilla no son ciertas, y
además atentan contra la dignidad, el trabajo y la memoria de la líder
religiosa. VerdadAbierta.com estuvo en Tumaco y recogió testimonios sobre las
diferentes causas que pudieron acabar con la vida de Yolanda Cerón.
Las versiones detrás del crimen
En ese municipio afirman que la
hermana Yolanda se convirtió en un problema para los paramilitares porque
denunciaba constantemente su complicidad con agentes de la fuerza pública.
“Durante un consejo de seguridad en mayo (de 2001) en el batallón, Yolanda
sostuvo las denuncias que hacía. Un oficial le dijo que el lenguaje de sus
denuncias era como si hablara una guerrillera”, le contó a VerdadAbierta.com una
fuente que pidió mantener en reserva su identidad.
Otras personas
sostienen que los paramilitares ingresaban a guarniciones militares y se reunían
con miembros de la fuerza pública. Además de esos hechos, los paramilitares
asesinaban y delinquían a plena luz del día sin que les pasara nada.
“En
2001 hace su entrada oficialmente el paramilitarismo y lo hace con una escalada
terrorista muy degradante. Las personas eran seleccionadas y asesinadas a
cualquier hora. Para generar terror asesinaban a plena luz del día. Cayó gente
del común, docentes, gente de organizaciones y hasta enfermos mentales”, contó
una persona que tuvo que vivir el horror paramilitar hace diez años.
La
hermana Yolanda también documentó casos de violaciones de derechos humanos y
presentó informes escritos que, en su momento, fueron calificados por algunas
“autoridades gubernamentales y de la fuerza pública, como si fueran escritos por
la guerrilla”.
“Todo lo que pasaba aquí en los municipios de la costa
era denunciado. Por eso, tenemos que decir básicamente que por eso fue su
muerte. Por denunciar, por mostrar lo que está sucediendo. Las autoridades
querían hacerse los ciegos y ocultar las cosas”, le contó a VerdadAbierta.com
una persona que trabajó con la hermana.
Otra causa que pudo conducir al
asesinato de la hermana Yolanda Cerón fue su extenso trabajo organizativo con
las comunidades étnicas de la costa pacífica y ser el eje de un proceso de
titulación de territorios comunitarios. Durante más de 10 años la líder
religiosa se dedicó a organizar a las comunidades afro y a difundir la Ley 70,
para que éstas formaran consejos comunitarios y les titularan sus territorios.
“El trabajo comunitario a los empresarios los toca. Al estar adjudicados
los territorios a las comunidades étnicas, ellos tienen que hacer una consulta
previa y dialogar con las comunidades para ver si pueden realizar sus proyectos
en el territorio. Eso les genera dificultades”, le explicó a VerdadAbierta.com
una persona que trabajó con la hermana Yolanda en pro de la titulación de
tierras.
Otra persona que pidió mantener en reserva su identidad, contó
que “por haber denunciado el despojo de tierras para el cultivo de las palmeras
de aceite”, la líder comunitaria pudo ser asesinada.
Todas las personas
consultadas por VerdadAbierta.com tienen diferentes versiones sobre los posibles
móviles del asesinato de la hermana Yolanda. Lo único en lo que no difieren, es
en afirmar que su muerte no se dio por los supuestos nexos con la guerrilla, que
han señalado los postulados al proceso de Justicia y Paz. El lento
paso de la justicia
La justicia ha avanzado en lo posible para esclarecer
y dictar una condena contra los responsables del asesinato de Yolanda Cerón. En
2004 se vinculó formalmente a una investigación penal a 'Pablo Sevillano' que
llegó hasta la audiencia preparatoria para juicio, pero a raíz de su extradición a Estados Unidos por cargos de
narcotráfico en mayo de 2008, el proceso quedó suspendido.
En cuanto a los postulados que también confesaron el asesinato, sus procesos
en la justicia ordinaria fueron suspendidos y trasladados a la jurisdicción de
Justicia y Paz.
En el sistema de justicia transicional a 'Pablo
Sevillano' le fueron imputados cargos durante las audiencias realizadas entre
junio de 2009 y noviembre de 2010. El proceso de los otros dos postulados ha
avanzado un poco más, y les fueron formulados cargos ante un magistrado de
control de garantías de Justicia y Paz entre finales de marzo y principio de
abril de este año. Están a la espera de una futura audiencia de la legalización
de cargos y del incidente de reparación, que son las instancias previas para que
la Sala de Conocimiento de Justicia y Paz pueda dictar una sentencia.
Por
el asesinato de la hermana Yolanda no están siendo investigadas personas por
fuera del Bloque Libertadores del Sur, y tampoco han sido mencionadas en las
versiones libres, en donde los postulados “señalan sin pruebas” los supuestos
vínculos de la religiosa con la subversión. Tampoco se puede hablar de
reparación.
En una versión libre, alias 'Sarmiento' dijo desconocer las
versiones que dio un desertor del Bloque, quien señaló que comerciantes
ambulantes le pusieron quejas a 'Pablo Sevillano' porque la hermana Yolanda
estaba recuperando parte del especio público.
Tras esa "queja", según el
desertor, el jefe paramilitar le pidió al periodista Santos Cáceres Martínez que
hiciera las investigaciones respectivas, y tiempo después éste le entregó una
carpeta con las denuncias que la religiosa estaba haciendo sobre los crímenes de
los paramilitares y la complicidad que tenían con algunos miembros de la fuerza
pública.
Durante la versión libre el ex paramilitar dijo que no conocía
sobre esas reuniones ni documentos, sino que el asesinato se realizó por los
supuestos nexos “de la ex religiosa con el Eln”.
Actualmente el caso de Yolanda Cerón también se
encuentra en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en donde está en la
etapa de pre-admisibilidad para su estudio. En esta instancia de la justicia
internacional los representantes del caso pretenden presentarlo en conjunto con
otros homicidios y dimensionar el daño que causaron los paramilitares al
asesinar a una representante de la Iglesia Católica y líder
comunitaria.
Legado social y comunitarioYolanda Cerón nació en
Berruecos, Nariño, el 15 de septiembre de 1958 en un hogar humilde y católico.
Estudió Ciencias de la Educación y Religión en la Universidad Mariana de Pasto y
en 1982 ingresó a la Compañía de María Nuestra Señora.
Inició su trabajo con las comunidades afro de Nariño a mediados de los años
80, enseñando en una escuela de Salahonda, en el municipio de Francisco Pizarro.
Desde allí, conoció de primera mano la realidad de las comunidades afro y muy
pronto se vio involucrada en encontrar una solución a la situación de pobreza y
en especial a la falta de tierras.
En el Pacífico nariñense el trabajo
de la religiosa se vio reflejado en que ayudó directamente en la titulación de
550 mil hectáreas. A pesar de su muerte, sus enseñanzas se convirtieron en
semillas para que otros líderes continuaran la lucha por sus tierras. 18 años
después, el trabajo que inició y no pudo terminar, le permitió acceder a casi un
millón de hectáreas a las comunidades afrodescendientes de Nariño.
“Ella
siempre llegaba a conversar con la gente. A ver la forma de vida que tenía la
gente y cómo podía ayudarla. Luego empezó a hablarles sobre la importancia de
que las comunidades estuvieran unidas. Que nos diéramos cuenta que las cosas que
estaban pasando en el Urabá y (las masacres) en otras partes, con el tiempo las
íbamos a tener acá. Y que sería bueno que cuando esas cosas llegaran
estuviéramos preparados”, le contó a VerdadAbierta.com una persona que trabajó
con ella durante varios años.
Ese trabajo de reunir a las comunidades y
orientarlas para que se agruparan bajo una sola organización dependiendo de sus
territorios y costumbres, tuvo una gran oportunidad para hacerse realidad por
medio de la Constitución Política de 1991, que permitió la titulación de tierras
baldías como territorios comunitarios.
Hace 20 años la Asamblea
Constituyente creó el artículo transitorio 55 que estableció que “dentro de los
dos años siguientes a la entrada en vigencia de la presente Constitución, el
Congreso expedirá (…) una ley que les reconozca a las Comunidades Negras que han
venido ocupando tierras baldías en las zonas rurales ribereñas de los ríos de la
cuenca del Pacífico, de acuerdo con sus prácticas tradicionales de producción,
el derecho a la propiedad colectiva sobre las áreas que habrá de demarcar la
misma ley”.
El 27 de agosto de 1993 el Congreso de la República aprobó
la Ley 70, y a partir de ésta, las comunidades étnicas iniciaron su proceso de
organización y creación de consejos comunitarios. En esta esta etapa, la hermana
Yolanda, integrantes de organizaciones no gubernamentales y de otros
departamentos fueron clave para difundir e incentivar el uso de la Ley
70.
Entre los requisitos que debe cumplir una comunidad para la
titulación colectivade un territorio, y que fueron enseñados por la líder
religiosa a través de talleres y conferencias, están la creación de consejos
comunitarios, la diagramación del territorio colectivo que se pretende titular,
la conservación de los recursos naturales, la explotación minera, los
reglamentos internos de cada comunidad y finalmente los proyectos productivos
que debían ser los soportes económicos de las comunidades así
formadas.
La primera organización que ayudó a conformar la hermana
Yolanda fue la Asociación Campesina del Patía (Acapa), que, con la posterior
entrada en vigencia de la Ley 70, se convertiría en el primer consejo
comunitario en solicitar formalmente al Estado colombiano la titulación de sus
territorios colectivos.
Hoy en día, ese consejo comunitario agrupa a las comunidades de los
municipios de Francisco Pizarro, y las otras en Mosquera y Tumaco.
“Eso
fue un trabajo árduo porque les tocaba ir de comunidad por comunidad en un
territorio muy extenso. Eran 28 comunidades a las que fue una por una,
socializando los objetivos para que se vincularan al proceso: hacer que ellos
mismos fueran forjadores de su desarrollo y futuro, a través de la capacitación
y la exigencia al Estado y los empresarios para que dejaran de saquear las
riquezas naturales de los territorios”, le contó a VerdadAbierta.com una persona
que vivió de cerca ese proceso.
Acapa fue el piloto para la creación de
otros consejos comunitarios, que replicaron el mismo modelo de trabajo, y que se
tradujeron en el Alto Mira y Frontera, Bajo Mira y Frontera (en Tumaco),
Organichar (El Charco), entre otros de municipios de Mosquera, Roberto Payán y
Maguí Payan.
Algunos pobladores calculan que, en vida, la hermana
Yolanda Cerón ayudó a la titulación de 550 mil hectáreas para las comunidades
afro. Actualmente en Nariño existen 49 consejos comunitarios. Sólo seis de ellos
no han recibido la titulación de sus territorios, porque “han tenido problemas
con empresarios, el Estado y grupos armados”.
Galería de la 'Semana
por la Paz'
Para preservar la dignidad de la hermana Yolanda y
no dejar en el olvido su trabajo por las poblaciones afrodescendiente, la Pastoral Social de Tumaco y otras
organizaciones realizaron una 'Semana por la Paz' dedicada a ella.
Tomado de
http://verdadabierta.com/component/content/article/229-perfiles/3553-las-preguntas-detras-del-asesinato-yolanda-ceron/
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En el Alto Ariari 700 familias fueron desterradas por los grupos
armados ilegales. Esta es la historia de cómo pasaron de ser poseedores
de las tierras más ricas del Meta a vivir temerosos, amenazados, en un
lote que compraron con su dinero y declararon zona humanitaria.
A las seis de la tarde del 12 de agosto de 2003 las balas silenciaron a
Reinaldo Perdomo. Era el líder de la Comunidad Civil de Vida y Paz,
Civipaz, un grupo de 700 familias campesinas del Meta que desde 1980
exige titulación de tierras así como protección para vivir y trabajar en
ellas.
Pese al asesinato de Perdomo y de por lo menos otros 260
campesinos de la región, la comunidad ha resistido a 30 años de combates
entre la guerrilla y los paramilitares, atropellos del Ejército y un
Estado que no los ha protegido para regresar a sus fincas. “Es
escalofriante ver a las familias que están resistiendo allá. En
cualquier momento puede haber otro desplazamiento. Nadie los acompaña en
su intento por recuperar sus fincas”, dijo un
campesinoVerdadAbierta.com.
Su historia comenzó después de la
violencia bipartidista de 1950, cuando muchos campesinos huyeron del
odio entre conservadores y liberales y colonizaron tierras baldías en el
noroccidente de Meta. La zona, conocida como el Alto Ariari, es un
conjunto de municipios bañados por los ríos Ariari, Guape y La Cal, de
tierras muy fértiles. La fortuna de tener las tierras más ricas de la
región los puso en la mira de los grupos ilegales.
“Todo era
tranquilidad hasta que llegaron los paramilitares. Se hicieron pasar
primero como ‘mano negra’ y luego instalaron una base en El Dorado.
También pusieron retenes desde San Martín hasta Cubarral donde
desaparecieron gente. Luego vinieron las masacres y las persecuciones a
los líderes”, dijo otro campesino que también pidió la reserva de su
nombre por razones de seguridad.
Por orden de los hermanos Carlos y Vicente Castaño,
200 paramilitares provenientes del Urabá aterrizaron en el Meta a
finales de la década de os noventa y se instalaron en San Martín, en el
corazón del departamento, al mando de Manuel de Jesús Pirabán alias ‘Pirata’. El ex paramilitar comenzó a delinquir en Castilla Nueva, San Carlos de Guaroa, Puerto Lleras y Mapiripán hasta conformar el Bloque Centauros,
que en 2004 ya tenía presencia en todo el territorio y pasó a llamarse
‘Héroes de los Llanos’. El terror comenzó con el exterminio de los
militantes de la Unión Patriótica, UP (Lea ‘El saldo rojo de la UP’).
El
Alto Ariari fue una de las zonas donde más se persiguió a la Unión
Patriótica (el partido político que había surgido de acuerdos de paz
entre gobierno y las Farc en los ochenta y que subsistió aún después de
que los diálogos fracasaran). “Los paramilitares empezaron a asesinar a
los líderes y miembros de las Juntas de Acción Comunal, JAC. Uno de esos
hechos fue la masacre de Caño Sibao”, dijo una campesina de la región.
La mujer se refirió a la masacre ocurrida el 3 de junio de 1992 y por la
cual ya fue condenado alias ‘Pirata’ a 30 años de prisión en la
justicia ordinaria. Ese día fueron asesinados cinco militantes de la UP,
entre ellos, María Mercedes Méndez y William Campo, la alcaldesa
saliente, y el recién alcalde electo de El Castillo.
La persecución Aunque
entre 1986 y 1988 los paramilitares consiguieron asesinar a 300
integrantes la UP en el Meta, no lograron desaparecer a la comunidad del
Ariari que tuvo que resistir los señalamientos de ser presunta
colaboradora de la guerrilla. Durante la siguiente década, el conflicto
se agudizó, cuando Andrés Pastrana creó la zona de distensión en La
Uribe, Mesetas, La Macarena y Vista Hermosa, municipios colindantes con
el Ariari, para negociar con las Farc.
Tras el fallido proceso de
paz, el gobierno puso en marcha la Operación Conquista para recuperar
los territorios donde se concentró la guerrilla y fueron sembradas miles
de hectáreas de coca. A partir de 2002, las organizaciones de derechos
humanos comenzaron a denunciar los excesos de miembros del Batallón XXI
Vargas, estacionado en Granada. Argumentaron que con el pretexto de
combatir a la guerrilla, en realidad perseguían a sindicalistas y
líderes comunales y agrarios de la región.
Varios paramilitares desmovilizados respaldan su tesis. En versión libre en mayo de 2010, Luis Arlex Arango alias ‘Chatarro’
aseguró que los paramilitares hicieron alianzas con militares de ese
batallón para asesinar a personas, fueran civiles o de la propia tropa,
para presentarlos como resultados en combates. El ex jefe paramilitar
del Frente Hernán Troncoso, que delinquía en el occidente de Meta,
aseguró que en ese pacto estuvieron involucrados por lo menos 200
militares.
“En enero de 2002 una patrulla de la Fuerza de
Despliegue Rápido, Fudra, entró a La Floresta, vereda de El Castillo y
asesinó a Eyder Quiguanás. Obligaron a la familia a llevar el cadáver
hasta un punto donde llegó un helicóptero. A Eyder lo presentaron como
guerrillero muerto en combate y el cuerpo nunca apareció”, contó a
VerdadAbierta.com un campesino de la región.
En febrero de 2002
el Bloque Centauros cambió de dueño. Según lo ha documentado la
Fiscalía, Vicente Castaño le vendió la franquicia de este grupo al
narcotraficante Miguel Arroyave alias ‘El Arcángel’,
conocido en la región como el Señor de las Aguas por comercializar los
insumos para el procesamiento de la coca. ‘El Arcángel’ nombró como jefe
de finanzas al narcotraficante Daniel Rendón Herrera alias ‘Don Mario’, que en versiones libres de Justicia y Paz confesó que a su llegada a los Llanos creó el ‘Frente Ariari’.
Mientras los paramilitares se expandían, los campesinos luchaban por no
abandonar sus fincas. El temor aumentó el 1 de noviembre de 2001 tras el
asesinato de Mario Castro Bueno, el personero de El Castillo que
llevaba el caso de la desaparición de Quiguanás. “Mario era un hombre
querido por los campesinos del Alto Ariari. Cuando Eyder fue asesinado
fue hasta La Floresta, habló con la familia y puso la denuncia. Después
del asesinato, misteriosamente se desaparecieron las pruebas que había
en su despacho”, advirtió un informe de la Comisión Intereclesial de
Justicia y Paz. Daniel Rendón Herrera, alias ‘Don Mario’ reconoció el
crimen y fue condenado por la justicia ordinaria a 15 años de prisión.
“El
Ejército saqueaba las fincas, se llevaba las cosas de valor y mataba a
los animales. Por miedo, la gente se desplazó a Villavicencio y se ubicó
en los barrios La Nora, Covisan, Morichal, Rodeo, Pinilla, La Reliquia y
Porfía. Nos fuimos organizando con ayuda de la Comisión Intereclesial.
Luego, nació la Comunidad Civil de Vida y Paz en representación de todas
las familias víctimas del Alto Ariari”, dijo un integrante de la
organización.
Reinaldo Perdomo era el líder y había viajado a
Cacarica, Chocó, para conocer cómo los campesinos de esa región se
habían organizado para exigir la titulación de tierras. “El 12 de agosto
de 2003 mataron a Reinaldo. Volvió el miedo y dejamos de reunirnos
durante dos meses. No se podía vivir en tranquilidad porque cada rato
había allanamientos, si uno iba a reclamar alguna ayuda a la Red de
Solidad Social de una vez salía amenazado. Nombramos otro representante,
y en las fincas quedaron algunas familias resistiendo”, dijo una
víctima.
Pero la lucha de algunos de ellos también fue
silenciada. Lucero Henao y su hijo Yamid Daniel fueron de las pocas
familias que se quedaron en el Ariari. En febrero de 2004 fueron
asesinados, acusados de ser presuntos colaboradores de la guerrilla.
Henao era defensora de derechos humanos, había trabajado en el Sindicato
Agrario del Meta Sintragrim y fue militante del Partido Comunista y la
Unión Patriótica. Era la Presidenta de la Junta de Acción Comunal en el
Ariari.
En una versión libre, alias ‘Julián’, ex jefe del ‘Frente
Ariari’, confesó que el asesinato de la líder respondió a los
señalamientos que hizo Euser Rondón, ex alcalde de El Dorado (2001-2003)
y ex candidato a la Gobernación del Meta (2004-2007), que luego fue
asesinado. “Euser era muy amigo de ‘Don Mario’ y de don Miguel
(Arroyave). Él era el consejero de los ‘paras’ y señaló a varios líderes
de ser cuotas de las Farc. Él tenía mucho rencor hacia la guerrilla
porque ese grupo le había asesinado al suegro”, contó el exjefe
paramilitar en la Fiscalía.
El regreso en ‘fuego cruzado’ Pasaron
dos años del asesinato de varios de los líderes y la comunidad decidió
regresar en febrero de 2005 al Alto Ariari para recuperar las fincas.
Organizó una comitiva de 35 familias, que viajó desde Villavicencio
hasta el caserío de Puerto Esperanza, en El Castillo, para instalarse en
un lote que por colecta y con ayuda internacional compraron en la
vereda El Encanto.
“Ese día salimos en cinco buses. Íbamos
gritando, cantando, muy felices. La Policía dijo que nos escoltaba y les
dijimos que no. En tres años no nos habían garantizado protección y
permitir ese acompañamiento nos exponía. A 20 minutos del Ariari nos
salieron los paramilitares. Nosotros les dijimos que éramos población
civil, que nos dejaran pasar. En la vereda las familias que estaban
resistiendo nos recibieron con pancartas”, contó un campesino que
participó del regreso.
En El Encanto los campesinos levantaron
sus casas con lona y bautizaron el sitio como Zona Humanitaria para
evitar la incursión de grupos armados. Sin embargo, estaban en medio de
un fuego cruzado donde guerrilleros y paramilitares realizaban combates a
plena luz del día. “La guerrilla lanzaba cilindros desde el filo de la
montaña y los paramilitares respondían con ráfagas desde la planicie”,
dijo una víctima de la zona.
La guerra convirtió a Puerto
Esperanza, el pueblo a donde la Comunidad había comprado su lote, se
convirtió en un pueblo fantasma. El internado de mujeres y la caseta
sindical fueron destruidas durante los combates. De a poco, los
campesinos que se instalaron en El Encanto empezaron a tener problemas
para abastecerse de alimentos porque los paramilitares controlaban el
ingreso de comida a la región.
“Además de que nos cobraban
‘vacuna’, había restricción sobre la alimentación. Solo dejaban entrar
una panela por semana, dos o tres libras de arroz y una libra de
manteca. ¿Cómo hacía uno para mantener a una familia donde había ocho
hijos?”, dijo una campesina de la vereda.
Sin finca y con deudas Desde
2005 las familias del Alto Ariari han intentado regresar por sus
propios medios a las fincas. Sin embargo, han encontrado lotes inundados
por el rastrojo, sin linderos porque las cercas fueron destruidas y sin
cultivos porque las tierras fueron dispuestas para la ganadería.
“Cuando
volvimos vimos todo era un solo potrero, con ganado que los
paramilitares habían traído de San Martín, Granada y Villavicencio. Nos
llevamos también la sorpresa de que muchos de nosotros estábamos
endeudados. La Alcaldía de El Castillo nos está cobrando los impuestos
prediales desde 2002, sabiendo que nosotros fuimos desplazados. La
empresa de energía hizo lo mismo, y en muchas de las casas no hay
transformadores ni contadores porque los paramilitares se los robaron”,
dijo un campesino de la región. En una versión libre, alias ‘Don Mario’
confesó que desde 2002 hasta la desmovilización robó por lo menos 42.000
cabezas de ganado en la zona (Lea ‘Paras confesaron crímenes de guerra:
‘Paras’ del Centauros confesaron crímenes de guerra). En el
Alto Ariari los campesinos no alcanzaron a ser beneficiarios de la
Reforma Agraria que se dio en algunas zonas del país a finales de la
década de los ochenta. El proceso apenas comenzaba cuando los campesinos
tuvieron que salir desplazados en 2002 para proteger sus vidas. Para
entonces, eran poseedores de la tierra, tenían cartas-ventas o
escrituras, pero no un documento que legalmente los declarara
propietarios. “Aunque hubo desmovilización, los paramilitares siguen en
la zona. De pronto no se apoderaron como tal de las fincas, pero el
miedo de regresar es terrible porque no hay garantías”, dijo una
víctima.
En la actualidad, así como hace seis años cuando las 35
familias se atrevieron a regresar, la mayoría de los campesinos vive en
la Zona Humanitaria y de día sale a trabajar en las fincas donde
deberían vivir. Sin embargo, no se quedan allí por el miedo. Las
amenazas continuaron. Según un comunicado de la Comisión Intereclesial
de Justicia y Paz, el 13 de septiembre de 2010 una campesina recibió
tres llamadas en las que un sujeto la señaló a ella y a otro campesino
de ser colabores de la guerrilla. Luego, le dijo que se fueran de la
región. “Ustedes son los chismosos y sapos de Puerto Esperanza. No se
les haga raro cuando lleguemos a hacer limpieza. Los vamos a matar si no
desocupan”, les dijo. Un año antes, en febrero de 2009, fue
desaparecida Alba Nelly Murillo, presidenta de la Junta de Acción
Comunal de la vereda La Esmeralda, en El Castillo.
La Comisión
también denunció los asesinatos de Nilson Ramírez, ocurrido el 7 de mayo
en El Castillo, y de Nelson Murillo Taborda el 9 de septiembre de ese
mismo año en Lejanías. “Según versiones de un testigo, los asesinos de
Nelson se identificaron como paramilitares y después de perpetrar el
crimen huyeron en una moto hacia El Castillo”, indicó la Comisión en la
denuncia.
Las 700 familias campesinas le exigen al Estado que
escuchen sus peticiones de hace 30 años. Que les den garantías para
retornar y que les titulen las tierras a los campesinos que no tienen
parcela para cultivar plátano, yuca, fríjol, maíz y caña. “Necesitamos
condiciones para volver. En la región siguen habiendo grupos armados.
Para recuperar la tierra no podemos solos. Necesitamos al Estado que no
estuvo ahí cuando nos desplazaron”, clamó un campesino.
Tomado de
http://www.verdadabierta.com/component/content/article/158-captura-de-rentas-publicas/index.php?option=com_content&id=3463
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La restitución de 407 hectáreas en la vereda San Pablo de Tulapas,
municipio de Turbo, es una realidad tras la decisión del Magistrado de
Control de Garantías Olimpo Castaño Quintero de cancelar los títulos
fraudulentos y notificar que los predios volverán a sus reales dueños.
La
decisión fue tomada el pasado 16 de septiembre tras la exposición de la
investigación que llevó a cabo la fiscal Liliana Donado, quien está a
cargo de la Subunidad de la Fiscalía General de la Nación para la
Persecución de Bienes para la Restitución.
Además de la
cancelación de los títulos y la restitución de los bienes, el magistrado
Castaño ordenó que se investigara a Lucely Contreras Martínez, quien
por varios años fue Notaria Única de Apartadó, y se determine si otros
funcionarios públicos están involucrados en este despojo masivo de
tierras.
Los predios restituidos mediante la decisión judicial
son No hay como Dios, La Primavera, La Paz, La Esperanza, La Cabaña, El
Delirio II, Costa Azul I, Costa Azul II, La Jordania, El Delirio, Mi
Ranchito, El Rosario, No hay como Dios, Nuevo Paraíso y Dios sí sabe.
Las
razones que presentó el Magistrado para considerar que los títulos eran
fraudulentos se basaron en el hecho de que los propietarios jamás
fueron a una notaría para otorgar los poderes necesarios para la venta
de las tierras. Tampoco asistieron a una notaría los supuestos
intermediarios, Otoniel Segundo Hoyos Pérez y Humberto de León Atehortúa
Salinas, cuando realizaron la firma de las escrituras.
A esto se
le suma que en dos casos específicos aparece la firma de los
propietarios otorgando el poder a comisionistas para que realizaran la
venta. Como pudo comprobar la Fiscalía, ni las firmas ni las huellas
corresponden a estas personas. La fecha que aparece en los poderes es
del año 2005 y los propietarios de los predios La Paz y La Cabaña habían
muerto en 1996 y 1998 respectivamente.
La historia
En el año
2002, Freddy Rendón Herrera, alias ‘El Alemán’ comisionó a Dairon
Mendoza Caraballo, conocido con los alias de ‘Rogelio’, ‘el Águila’ o
‘Cocacolo’, para que buscara algunas tierras que pudieran servirle al
excomandante paramilitar en su propósito de desarrollar lo que denominó
“un proyecto de alternatividad social”.
La idea de este proyecto
fue confesada por ‘El Alemán’ en versión libre llevada a cabo el 10 de
febrero de 2011. En ella afirmó que él necesitaba buscar una solución de
empleo para sus hombres luego de que se desmovilizaran. Teniendo en
cuenta que casi todos eran campesinos, decidió destinar entre 200 y 250
millones de pesos para comprar tierras en Urabá. Este dinero, según lo
declarado por Rendón Herrera, provino de los impuestos cobrados por el
Bloque Elmer Cárdenas a todas las actividades económicas, lícitas e
ilícitas, entre ellas el narcotráfico.
Según lo afirmado por
Dairon Mendoza Caraballo durante la audiencia solicitada para la
cancelación de los títulos de estos predios, ‘El Alemán’ le había dado
la orden de conseguir una persona que le ayudara con los papeles para
negociar las tierras con los campesinos. La Fiscalía logró identificar a
esta persona como Antonio Meléndez Correa, quien fue asesinado en
agosto del 2006.
Guido Manuel Vargas, un campesino de la zona,
fue el encargado de hablar con los campesinos por orden de los
paramilitares para tratar de negociar la venta de las tierras. Casa por
casa, habló con cada uno de los labriegos explicándoles que esas tierras
las necesitaban las Auc porque iban a instalar una base en la zona;
también les dijo que era preferible que vendieran y recibieran dinero
por ello, porque de lo contrario perderían los predios y se quedarían
sin nada.
Este fue uno de los argumentos de los que se valió el
Magistrado para afirmar que “hubo un negocio jurídico de carácter civil
provocado por el problema de violencia que vive el país”. Sin embargo,
resaltó que el negocio de venta se hizo de palabra y jamás se otorgó un
poder real para que se pudieran realizar las ventas y escrituras
correspondientes.
Luego de que Vargas convenciera a los
campesinos de vender sus tierras por precios que iban desde 30.000 pesos
hasta 100.000 pesos la hectárea en el mejor de los casos, Meléndez se
encargó de realizar los papeles correspondientes.
La fiscal
Liliana Donado afirmó que Meléndez había conseguido poderes falsos que
autorizaban a los comisionistas Carlos Alberto Grajales Gómez, Jorge
Eliach Zuñiga y Fabián Roldán Villa a enajenar los predios que pasarían a
manos de los paramilitares del Bloque Elmer Cárdenas. Más tarde, por
orden de alias ‘Cocacolo’, Otoniel Segundo Hoyos Pérez y Humberto
Atehortúa Salinas se reunieron con Meléndez para firmar las escrituras
de los predios.
Lo particular de este caso es que mientras la
fiscal Donado señalaba a los comisionistas, otro fiscal en Medellín
precluyó una investigación en su contra por el delito de concierto para
delinquir. La decisión, que fue ratificada en segunda instancia por el
Tribunal Superior de Medellín, benefició a Guido Manuel Vargas, Fabián
Roldán Villa, Jorge Eljach Zúñiga, Carlos Alberto Grajales, Nelson
Enrique Cárdenas y Zulma Yidi Romero Cerquera.
Así fue el negocio
Antonio
José Meléndez fue el encargado de coordinar la elaboración de los
poderes que fueron otorgados a Fabián Roldán Villa, Carlos Alberto
Grajales Gómez, Jorge Eliach Zuñiga y a Benjamín Alvarado Bracamonte.
Los tres primeros fueron llamados a declarar ante la Fiscalía, pero
ninguno asistió y sólo dos de ellos, por medio de su apoderado,
afirmaron no estar disponibles para rendir declaración.
Sin
embargo, en la Fiscalía Seccional de Apartadó existe un proceso en su
contra por el delito de concierto para delinquir. En las versiones
presentadas ante la justicia, en ese caso, declararon que sólo actuaron
como comisionistas en la venta de la tierra y que sólo tuvieron como
misión poner en contacto a Meléndez con los futuros compradores.
La
Fiscal leyó una parte de la declaración en la que decían que no
conocían los antecedentes de las tierras, ni que éstas eran reclamadas
por sus propietarios y que sólo recibieron los poderes debidamente
diligenciados y autenticados por parte de Meléndez.
Los casos
reflejan la forma cómo se apropiaron de las tierras los ex paramilitares
del Bloque Elmer Cárdenas. En todos ellos aparece que sus legítimos
dueños le vendieron las tierras a Benjamín Alvarado Bracamonte, quien
después le transfirió los poderes a los señores Fabián Roldán Villa,
Carlos Alberto Grajales Gómez y Jorge Eliach Zuñiga. Posteriormente,
ellos vendieron los predios a los ex paramilitares Otoniel Segundo Hoyos
Pérez y Humberto León Atehortúa Salinas, quienes aparecen como
propietarios de las tierras.
Actualmente las fincas están
abandonadas y fueron incluidas en una lista de inmuebles que entregó
Rendón Herrera para la reparación de las víctimas. Es por esto que en la
decisión del Magistrado se incluyó el propósito de informarle a Acción
Social y a la Dirección Nacional de Estupefacientes que estos predios
son propiedad de los campesinos reclamantes y no se pueden incorporar al
Fondo para la Reparación de Víctimas.
De esta manera los
reclamantes de tierras favorecidos con la decisión esperan volver a sus
predios para poder trabajarlos nuevamente. Algunos de ellos le
expresaron a Verdadabierta Antioquia la emoción por la decisión del
juez: “por fin, después de tanto tiempo, tenemos lo que nos pertenece.
Ahora nadie nos puede sacar de ahí”, dijo una de las mujeres
beneficiadas.
Pese a la decisión favorable, los representantes de
las víctimas pidieron protección de las autoridades, pues bien se sabe
que en Tulapas aún hay presencia de grupos armados ilegales. Los
campesinos esperan que con esta medida, su regreso a las tierras sea lo
más pronto posible.
Tomado de
http://www.verdadabierta.com/component/content/article/158-captura-de-rentas-publicas/3551-la-restitucion-de-tierras-en-turbo-es-una-realidad
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Tomado de
http://www.verdadabierta.com/component/content/article/3530-tierra-prometida-en-la-bellacruz
Desplazados están reclamando predios baldíos en la Hacienda Bellacruz, pero allí se desarrolla un proyecto agroindustrial que lidera Germán Efromovich. Investigación especial de VerdadAbierta.com
Antes de entrar a revisar los predios en la vieja
Hacienda Bellacruz en el sur del Cesar -que hoy se llama La Gloria y
está tapizada de un joven sembradío de palma aceitera- los funcionarios
del Incoder averiguaron si era seguro y les dijeron que no había
problema. Acompañados por un funcionario de la Alcaldía de Pelaya, y
explicando sus motivos a los guardias que custodiaban la finca,
realizaron su inspección. El ambiente era tenso porque ha corrido la voz
en la región de que la entidad va a recuperar unos baldíos y no se sabe
bien donde están. Los resultados de la diligencia del Incoder son aún
secretos, hasta tanto la entidad no inicie un proceso formal.
Lo
que está allí en ciernes no es poca cosa. De un lado, un grupo de 64
familias campesinas, víctimas del conflicto armado, a quienes el Estado
les reconoció el derecho a tierras en esa zona desde hace más de una
década, pero les ha quedado mal. Del otro, un grupo empresarial
encabezado por el renombrado empresario dueño de Avianca, Germán
Efromovich, dueños de La Gloria desde 2009, y promotores de un gran
proyecto de producción de palma aceitera que tendrá una inversión de 160
millones de dólares y que busca sacar de la depresión económica a esa
golpeada zona.
Los campesinos habían ocupado el predio María
Isidra por allá en los ochenta, un baldío adentro de Bellacruz y
comenzaron a trabajarlo. Le pidieron al Instituto de la Reforma Agraria
de la época que les titulara este y otros baldíos que sumaban 1.500
hectáreas en la misma finca, pero este no accedió a su petición. El
Incora prefirió comprarle otros terrenos a los dueños de la hacienda, la
familia del ex ministro Carlos Arturo Marulanda, a 339 pesos la
hectárea, (equivalentes a unos 400 dólares de 1995, cuando se realizó la
compra). Esos los predios comprados se llamaban San Antonio, Santa
Helena, Los Cacaos y San Carlos y sumaban 2.060 hectáreas. Con la
convicción de que en cuestión de semanas ya serían propietarios de esos
predios, algunos campesinos se fueron a vivir a uno de ellos. Pero
pasaron los días y los títulos no les salían. Después se vino la
debacle: ‘Juancho Prada’ y
sus paramilitares, en complicidad con Francisco Alberto Marulanda
(hermano del ministro Carlos Arturo condenado a 18 años de cárcel en
2003) sacaron a varios campesinos corriendo de allí y ya no pudieron
seguir sus gestiones ante el Incora.
“Los paramilitares se
instalaron en Rompedero, uno de los cuatro predios del lote San Carlos
que era para titulación y en la casa principal de la hacienda”, dijo un
campesino de la zona que pidió la reserva de su nombre por motivos de
seguridad. “Quemaron nuestros ranchos y violaron a algunas mujeres. Los
Marulanda los llamaban Los Angelitos, pues decían que Dios se los había
enviado para recuperarle la tierra prometida. Los paramilitares
comenzaron a cobrarle ‘vacunas’ a los campesinos de a 8.000 pesos por
hectárea y 1.000 pesos por gallina o cerdo. Las familias salimos para
diferentes ciudades y muchos no pusieron la declaración de
desplazamiento por miedo. Somos más de 3.000 desplazados si se tiene en
cuenta que había 600 familias”.
Los
‘paras’ se desmovilizaron en 2006, y en octubre de 2010, el nuevo
gobierno Santos convirtió la restitución y titulación de tierras para
víctimas del conflicto armado en su política central. Algunos campesinos
que habían huido y otros que se habían quedado se llenaron de valor
para volver a averiguar por los títulos que no habían podido formalizar
de las tierras que el Incora había comprado para ellos. Formaron la
Asociación Colombiana Horizonte de Desplazados, Asocol, y comenzaron los
trámites.
Enviaron cartas a la Oficina de Derechos Humanos de
la Vicepresidencia de la República, la Procuraduría General de la Nación
y el Instituto Colombiano para el Desarrollo Rural, Incoder, que por
competencia asumió el caso. El 25 de abril de 2011 el Incoder reconfirmó
la existencia de los baldíos dentro de la antigua Bellacruz y ordenó a
la Subgerencia de Tierras Rurales que los recuperara Y un mes después en una reunión en Bogotá, les dijo que su caso sería prioritario.
Los campesinos han demostrado con
documentos que llevan 25 años exigiendo una parcela dónde trabajar. El
Estado no les ha respondido. Foto suministrada
Asocol encontró que de las 64 familias que representa, el Incora solo
les había titulado a 21, y a algunas de ellas en parcelas de menos de 35
hectáreas, que es la Unidad Agrícola Familiar mínima que se ha debido
adjudicar en esa región, según la ley. Los otros predios comprados por
el Incora habían sido titulados a otras personas, algunos a campesinos
pobres como ellos, otros a personas ajenas, como al hijo de Poncho
Zuleta, el cantante.
Viendo que los predios que el Incora les
había prometido una década atrás ya estaban ocupados, y habiendo
constatado que dos resoluciones del Incora, ahora Incoder, les
confirmaban que aún quedaban baldíos en la finca ,
los campesinos le propusieron al Estado que volviera a la idea original
y les adjudicara los 1.500 hectáreas de baldíos adentro de la antigua
Hacienda Bellacruz. Era la solución más fácil: les daría nuevas tierras
baldías (incluyendo el predio María Isidra donde algunos se habían
asentado años atrás) y nadie saldría perjudicado.
Pero no
resultó tan fácil. Los predios, que según los campesinos y las
resoluciones del Incora de 1996 y de 2011 eran baldíos, estaban ya
ocupados por un gran sembradío de palma aceitera.
El proyecto
agroindustrial que se desarrolla en los viejos predios de la hacienda
Bellacruz, como lo confirmó VerdadAbierta.com, pertenece a la firma La
Dolce Vista y su accionista mayoritario es Germán Efromovich con el
fondo de inversión de capital de riesgo (hedge fund) Elliott de Nueva York , cuya cabeza es el reputado hombre de finanzas Paul Singer.
La
Dolce Vista compró las empresas de la familia Marulanda que eran dueñas
de la Hacienda la Bellacruz en 2008, por entonces una finca de 5.833
hectáreas que ellos rebautizaron como Hacienda La Gloria. Pagaron por
ella, según dijeron los directivos de la empresa a VerdadAbierta.com, 22
millones de dólares, es decir a 3.771 dólares la hectárea. En pesos
colombianos, casi 8 millones de pesos la hectárea. En el estudio de
títulos que realizaron para comprar esas tierras, explicaron que no
encontraron que hubiera allí baldíos, ni menos que hubiera reclamaciones
de campesinos sobre esas tierras.
En entrevista con
VerdadAbierta.com, el mismo Efromovich respondió que está seguro del due
dilligence que hizo su empresa. “Si le muestro la cuenta de los
abogados, quédense tranquilos. A no ser que las instituciones (del
Estado) hayan sido mentirosas. Los títulos de las tierras no tienen
ningún gravamen o problema. Tenemos toda la documentación. Tanto, que el
propio Estado nos aprueba una zona franca ahí y el banco con garantía
de la tierra nos presta una plata. Hicimos la tarea como inversionistas y
ciudadanos. Se hizo todo lo que se tenía que hacer”, dijo el enérgico
empresario que recuperó Avianca de la bancarrota, y que aunque es de
nacionalidad brasileña, hoy orgulloso, muestra que también tiene cédula
de ciudadanía colombiana.
¿Pudieron haberles metido los
Marulanda gato por liebre y en la hacienda que les vendió a estos
empresarios había predios que no eran suyos sino baldíos de la Nación y
encima no les contó que podía había reclamos de campesinos sobre esos
predios?
Durante varias semanas VerdadAbierta.com buscó las
escrituras públicas de la hacienda original y de la nueva, examinó las
cartas oficiales, revisó los certificados de constitución de las
empresas involucradas y mapeó los linderos de los predios originales de
la Bellacruz, los que Marulanda vendió al Incora, los baldíos descritos
en las resoluciones del Incora, y los que compró La Dolce Vista sobre
los planos catastrales del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, para
entender qué había pasado con las tierras que reclaman las 64 familias
campesinas. A continuación explica lo que encontró.
Tras la pista de los baldíos
El
30 de diciembre de 1997 la familia Marulanda registró una subdivisión,
que se conoce jurídicamente como ‘desengloble’, de la Hacienda Bellacruz
en la Notaría 1 de Cartagena. Para esa época, a la hacienda le quedaban
poco menos de 6.000 hectáreas, pues, como se dijo, había vendido al
Incora otras dos mil hectáreas para que se las titulara a los campesinos
El
terror paramilitar de la siguiente década, como se dijo, congeló los
trámites. En 2007 la familia Marulanda hizo un levantamiento topográfico
de la Bellacruz. Es decir, en un mapa dibujó las casi 6.000 hectáreas
de su extensión y el 13 de diciembre en la Notaría 7 de Bogotá englobó
los predios que había subdividido diez años atrás. En la diligencia
anexó el mapa
La Dolce Vista Estate ya tiene
sembradas 5.000 hectáreas de palma de aceite en la antigua Hacienda
Bellacruz, ahora Hacienda La Gloria. Foto suministrada
El englobe estaba compuesto por siete lotes colindantes a los que llamó
Solo Bloque y uno más llamado Bodega La María. A todos los predios, que
estaban en el municipio de La Gloria, los registró con un solo folio de
matrícula el 27 de diciembre de 2007 en la Oficina de Instrumentos
Públicos de Aguachica, Cesar. Hasta este momento, la tierra seguía
llamándose Hacienda Bellacruz
En
2008 La Dolce Vista Estate Inc. compró a los Marulanda, sus firmas M.R.
Inversiones Ltda. y Frigorífico La Gloria S.A., que tenían propiedad
sobre la Hacienda Bellacruz. Esta empresa, registrada en Panamá, había
sido creada en febrero de 2006. En su directorio aparecen Jan Veldwijk
(ya fallecido), Jhon R. Hager, Andrés Londoño, Daniel Andrés Peláez y
Carlos Murgas Guerrero
Los
primeros, según explicaron los funcionarios de la empresa en Bogotá,
son representantes del fondo Elliot y de Efromovich, los segundos,
Londoño y Peláez aportaron sus fincas al oeste de Bellacruz, al otro
lado del río Magdalena, en el municipio de Regidor en el departamento de
Bolívar. Carlos Murgas, presidente honorario de la federación de
palmeros Fedepalma, y uno de los empresarios más grandes de esta
agroindustria en Colombia, es el otro socio minoritario.
Ya
habiéndole comprado la finca a Marulanda en 2008, La Dolce Vista creó
una sucursal en Colombia el 25 de febrero de 2009 y para ello, absorbió
las sociedades San Lucas S.A. y Palmeras Río Azul, dueñas de las dos
haciendas que cultivan palma aceitera en el sur de Bolívar, y que
precisamente Londoño y Peláez aportaron a la sociedad. La Dolce Vista
Colombia está integrada por los mismos socios de la sociedad matriz
registrada en Panamá.
Unos
meses después todas las antiguas empresas de los Marulanda quedaron en
manos de La Dolce Vista, representadas por el abogado de la compañía,
Mario Restrepo Torres.
El
22 de septiembre de 2009, La Dolce Vista registró la finca que le
compró a Marulanda (el lote independiente y los otros siete lotes
englobados) como la Hacienda La Gloria, con una extensión de 5.833
hectáreas
Es
en esta finca de La Gloria y sus vecinas en el sur de Bolívar es donde
La Dolce Vista está desarrollando un proyecto agroindustrial ambicioso.
“Ya tenemos sembradas 5.000 hectáreas y estamos en el plan de sembrar
las otras 2.000”, dijo el gerente de La Dolce Vista, Ramiro de Francisco
Reyes a VerdadAbierta.com. “Estamos construyendo una planta extractora,
que empezará a operar en mayo de 2012 con una producción inicial de 30
toneladas por hora. En un plazo de cinco años queremos que sea una de
las plantas extractoras de aceite más grandes del país, con una
producción de 90 toneladas por hora”.
Para cumplir con esa meta,
De Francisco explicó que La Dolce Vista creó en febrero de 2010 la firma
Extractora La Gloria S.A.S. y empezó a gestionar ante el gobierno de
Álvaro Uribe la aprobación de una zona franca para producir y exportar
el aceite con las ventajas que da esta condición legal. En abril pasado,
el Ministerio de Industria y Comercio del gobierno Santos le dio el
visto bueno. Esta es una de las siete zonas francas permanentes
autorizadas por el gobierno para este tipo de producción agroindustrial
En
su entrevista con VerdadAbierta.com, Efromovich explicó que como
empresario le apuesta a la producción de alimentos y de energía, dos
cosas que van a escasear en el mundo. Por eso invirtió en el sur del
Cesar. Además de desarrollar la planta extractora de aceita de palma,
explicó que más adelante también desarrollará en la Hacienda La Gloria
una refinería para producir biocombustible. “El plan de negocios está
por etapas, debe ir hasta una refinería, en un proyecto de US150 a 160
millones de dólares”, dijo ¿Palma en tierras de la Nación?
La
gran pregunta es si este proyecto de desarrollo para la zona, cuyo
epicentro es la vieja Hacienda Bellacruz, está asentado en parte de los
terrenos que el Incora declaró como de la Nación.
Desde 1994, el
Incora dijo tras una visita realizada a la Hacienda Bellacruz que la
familia Marulanda no pudo acreditar títulos de los predios Potosí, Caño
Negro, Los Bajos, San Simón, Venecia, María Isidra y San Miguel, que
suman 1.500 hectáreas de tierra. Marulanda apeló y en 1996 el Incora
dijo que esa tierra era la Nación y en 2011 ratificó que eran baldíos.
VerdadAbierta.com
encontró el mapa de los lotes de la Hacienda La Gloria anexo a la
escritura que la familia Marulanda registró en diciembre de 2007, cuando
englobó los ocho lotes que integraban La Bellacruz para luego venderle a
La Dolce Vista.
En 1994, cuando hubo una inspección a la
hacienda para determinar cuál era la propiedad de la familia Marulanda,
los peritos no anexaron ningún mapa. Y pese a la declaratoria de baldíos
en dos resoluciones, ni el Incora ni luego cuando se volvió Incoder,
registró estos predios como propiedad de la Nación en la Oficina de
Instrumentos Públicos. Por tanto, ninguno de los siete nombres de los
predios baldíos aparece en el registro nacional de baldíos del Igac.
Sin
embargo, en la resolución en la que declara que Marulanda no pudo
acreditar propiedad sobre esa tierra, hay una descripción detallada de
los linderos de esos siete predios baldíos. Y allí aparecen referencias
como la Quebrada Simaña, que está adentro de la Hacienda La Gloria. Con
apoyo de expertos y con la información de los mismos campesinos que
están reclamando la tierra, VerdadAbierta.com hizo un mapeo aproximado
de dónde quedan estos baldíos. Y encontró que esas 1.500 hectáreas de
baldíos no están unidas entre sí, sino que son predios sueltos, ubicados
en los lotes 2, 3 y 4, tres de los ocho terrenos englobados por
Marulanda para vender (Haga clic sobre la imagen de abajo).
Con
la primera visita técnica a los predios baldíos de junio pasado, según
dijo en oficio del pasado 11 de agosto la Subunidad de Tierras, el
Incoder está terminando de recopilar la información para comenzar con un
proceso de recuperación de los baldíos, que incluye notificar a todas
las personas y empresas que pudieran ser afectadas. Según el Incoder, la
recuperación tardará nueve meses. Según explicó el pasado 5 de
septiembre, Juan Manuel Ospina, director de la entidad, a este medio,
luego de que “clarifiquen cuál es la ubicación exacta de los baldíos,
procederán a adjudicárselos a los campesinos”.
La Dolce Vista le
dijo a VerdadAbierta.com que hasta el 29 de agosto no había sido
informada sobre la existencia de un proceso de recuperación, ni
notificada de que en sus predios se hubiera llevado a cabo una visita
técnica.
“Del infierno a La Gloria”
VerdadAbierta.com
les preguntó a los empresarios si conocían la historia de Bellacruz y
la tierra que iban a terminar comprando, y respondieron que sabían del
desplazamiento y de las violaciones que se habían cometido allí y,
precisamente por eso querían convertir a esta zona golpeada por la
violencia en un territorio de desarrollo.
Efromovich dijo que la
tierra no tenía la culpa. “Quien violó los derechos humanos que pague.
Que lo juzguen. La tierra no violó los derechos humanos. Fue un
individuo y por eso existe lo judicial, para que lo juzguen y pague su
cuenta”, dijo.
“Esto es lo que llamo del infierno a la Gloria”,
dijo Ramiro de Francisco, y explicó que ya han empleado a 600 personas
de esa golpeada zona y que a mediados de 2012, cuando empiece a
funcionar la planta extractora aspiran a llegar a los 1.000 empleos.
Además están generando 800 trabajos indirectos pues todo lo están
contratando localmente, y planean comprar gran parte de la producción a
campesinos, que con su respaldo, se dedique a sembrar palma. La idea es
promover una clase media campesina empresarial que prospere también en
forma independiente.
De Francisco dijo que ya contrataron a una firma
que les ayude a organizar a los campesinos para que se asocien y firmen
un acuerdo con La Dolce Vista para que cultiven palma y les vendan el
fruto. “Estamos haciendo alianzas con los agricultores. Hay dos
colectivos de campesinos. Uno, es el de los parceleros del Caño Alonso y
otro es el de Los Cacaos”, dijo el gerente de la empresa.
Efromovich
le contó a este medio que compró La Bellacruz por referencia de Andrés
Londoño, un agrónomo que tenía dos fincas de palma en el sur de Bolívar.
“Londoño me dijo, Germán, hay una finca cerquita de ahí, gigantesca,
creo que se puede comprar. Nadie la quiere, dicen que es una tierra
maldita… Entonces yo le digo: déjame mirar y en una ida a Nueva York me
encuentro con John (Hager, ejecutivo del Elliott Hedge Fund). Y
empezamos a hacer un plan de negocios”, dijo Efromovich.
El empresario se refirió a la familia Marulanda y aseguró que por los antecedentes no hizo sociedad con esa familia.
Los interrogantes
Por
el pasado trágico de la hacienda y lo que sucede actualmente con esa
tierra, el caso de la antigua Hacienda Bellacruz resulta emblemático
para la política de restitución de tierras que en la que se ha embarcado
el gobierno.
Baldíos que nunca se incluyeron en el censo de
baldíos de la Nación, tierras propias que nunca el Estado registró
oficialmente, oídos sordos al clamor de campesinos sin tierra durante
años, oficinas de registro y notariado que certificaban sin revisar,
funcionarios desprolijos que han cometido errores… todo eso lleva a que
hoy desenredar los entuertos de tierras en Colombia, con todo y Ley de
Tierras, sea muy difícil.
En el caso de La Bellacruz, el Estado
ha hecho mal las cosas por muchos años, y así, en lugar de titularles a
las familias campesinas los baldíos que reclamaron desde el principio,
le compró a Marulanda dos mil hectáreas de su tierra a un alto costo
para el erario y, con sospechosa lentitud y sesgo, demoró años en
titularles sólo a unos de los reclamantes.
El Estado, además,
ratificó su decisión de declarar siete predios dentro de Bellacruz como
baldíos, pero nunca pidió cédula catastral en el Agustín Codazzi, como
ha debido hacer, y por lo tanto tampoco los registró ante la Oficina de
Instrumentos Públicos como propiedad de la Nación. Por eso cuando los
empresarios compraron la finca, no encontraron banderas rojas que les
indicaran que allí podía haber predios enredados.
Germán Efromovich, el principal
accionista de La Dolce Vista, asegura que la empresa realizó todos los
estudios necesarios de los títulos y que el Estado le confirmó que la
tierra no tenía problemas. Foto archivo Semana
La Dolce Vista pone en duda que la resolución del Incora confirme que
Marulanda no pudo acreditar los títulos de los siete predios signifique
que no eran de él. La abogada de la empresa Ana María Botero le dijo a
VerdadAbierta.com: “Todos los predios tienen titulación a 70 años. Todos
los predios que dice el Incoder que les faltan títulos suficientes
(para acreditar la propiedad) no es que no tengan, es porque no
acreditaron títulos antes de 1917. En todos los casos la familia
Marulanda compró, ellos compraron, no fue que cambiaron linderos,
pagaron un precio por ellos”.
Tampoco se entiende cómo los
Marulanda consiguieron registrar la subdivisión de la Bellacruz,
desenglobar y englobar los lotes, en distintas notarías y oficinas de
registro, sin que ninguna autoridad los obligara a aclarar y dejar
registrada también la anotación que había originalmente en la matrícula
de la Bellacruz y que indicaba que desde 1990 había predios en cuestión.
Incluso
la abogada Botero, le presentó a VerdadAbierta.com una copia de una
carta que le envió el Incoder a La Dolce Vista en julio de este año,
certificando que sobre La Hacienda La Gloria no hay pendientes
reclamaciones ni actuaciones de su competencia. “…Le informamos que
revisando los archivos y la base de datos de proceso agrarios,
encontramos que esta dependencia no adelanta ningún proceso de
clarificación, extinción de dominio, recuperación o deslinde del predio
en mención”, señaló el Incoder .
¿Cómo el Incoder no se fijó en que esta Hacienda se llamaba antes La
Bellacruz, y sobre esta, sí estaba adelantando un proceso de
recuperación de baldíos?
También quedan los interrogantes por el
lado de los empresarios. “Revisamos todos los títulos y no aparece
ninguno de los mapas que ustedes mencionan… Hicimos una revisión de las
resoluciones (del Incora e Incoder) y esos linderos no están dentro de
lo que compramos… Revisamos todo lo que puede existir. Para hacer una
inversión de US160 millones de dólares uno revisa dónde es que va
invertir”, dijo la abogada Botero.
Sin embargo, ¿por qué cuando
fueron a comprar los lotes que hoy integran la Hacienda La Gloria no
encontraron que estos fueron inscritos en una escritura en 2007 y que
este documento, a su vez, hace referencia al folio de matrícula original
de la Bellacruz que advierte que los predios estaban en proceso de
clarificación desde 1990?
¿Por qué no ahondaron para tener certeza de que no había campesinos con
reclamaciones allí, cuando se sabía que había habido allí
desplazamientos forzados? ¿Por qué desde que los campesinos de Asocol
empezaron su brega en octubre de 2010, los ejecutivos de La Dolce Vista
nunca se han reunido con ellos para escuchar su versión?
Visto a
la luz del artículo 77 de la nueva Ley de Víctimas, surgen otras
preguntas sobre el caso. Este describe las situaciones por las que una
acción -como comprar tierras- puede considerarse ilícita, y una de éstas
es cuando en la tierra hubo actos de violencia generalizados,
desplazamiento y graves violaciones de derechos humanos que causaron el
despojo o abandono. ¿Cabe esta presunción en la antigua Bellacruz,
cuando ha sido de público conocimiento que allí fueron desplazados,
según registros de prensa, al menos 600 campesinos con violencia, fueron
asesinados líderes que reclamaban tierras e incluso hay sospechas de
que hay fosas comunes con víctimas enterradas allí? ¿Cabe, cuando hay
además, varias pruebas de que al menos uno de los Marulanda, la familia
vendedora, fue condenado a 22 años de prisión por violencia paramilitar?
Si nadie quería esa tierra maldita, ¿significa eso que
compraron barato? Los empresarios aseguran enfáticamente que no, que
ese es el precio normal de la tierra allí.
¿Pero también cabe la
pregunta que se hacen los empresarios frente a la seguridad jurídica:
es aplicable esta norma de la nueva Ley de Víctimas, cuando los
empresarios cumplieron todo lo que les exigía la ley y el Estado
oficialmente en todo los registros les dijo que no había problemas con
esa tierra?
La decisión
Así, si en el caso de
La Hacienda La Gloria, el Estado confirma que, como lo encontró
VerdadAbierta.com, los baldíos están sembrados con palma, dentro de los
terrenos que La Dolce Vista le compró a los Marulanda, ¿qué va hacer?
¿Los recupera y se los entrega a los campesinos?, ¿significa esto que
tendrá que reconocerles mejoras a los empresarios que pueden valer más
que la tierra? ¿o más bien, les comprará a los campesinos parcelas cerca
a la hacienda o en otra zona cercana? ¿liderará un acuerdo entre
empresarios y campesinos para que estos últimos recuperen su tierra,
adentro de la finca pero sigan con el cultivo de la palma para no
entorpecer el desarrollo de un proyecto que podrá traer prosperidad a
una región deprimida y golpeada por la violencia?
VerdadAbierta.com
le preguntó a Germán Efromovich qué pensaba sobre la reclamación que
están haciendo los campesinos, que aclaran que no tienen nada en contra
de la empresa sino con el Estado que les ha incumplido.
“En la
historia está. El Estado les tiene que dar las tierras y el empresario
les enseña a plantar, les financia las semillas y les garantiza la
compra de la producción a un precio justo. Esa es mi opinión. Yo no
tengo la fórmula matemática. Pero el Estado tiene que hacer su parte y
el empresario la suya. Ahora, el empresario invierte pero no puede decir
que va a comprar 10.000 hectáreas para hacer una reforma agraria”, dijo
Efromovich.
Si el Incoder confirmara la existencia de baldíos
dentro de la Hacienda La Gloria, Efromovich dijo que el Estado debe
asumir la responsabilidad. “El Estado me tiene que responder un
documento que me dio”, dijo el empresario.
Efromovich dijo que
en casos donde por respuesta del Estado no se informó al empresario que
había problema sobre la tierra donde está invirtiendo, el Gobierno debe
darles tierras a las víctimas en zonas aledañas o en otras tierras, y
que el empresario se comprometa a hacer alianzas productivas con ellos.
Los
campesinos creen que su petición sobre los baldíos es legítima porque
siguen sin tierra. “Esta es una lucha justa”, dijo uno de los
integrantes de Asocol. “Lo que queremos es tierra para vivir y trabajar.
Llevamos años tratando de demostrarle al gobierno que tenemos la razón.
Buscamos los títulos que estaban extraviados por nuestros medios.
Tenemos pilas de papeles y de carpetas que hemos aportado como pruebas.
No queremos desplazar a nadie. No tenemos nada en contra de la empresa.
Queremos que nos den la unidad agrícola familiar”.
El director
Juan Manuel Ospina le dijo a VerdadAbierta.com, lo que él consideraría
podría ser una salida:“Si se llega a probar que hay tierras baldías
adentro de La Gloria, el asunto sería poder llegar a un acuerdo entre
empresas y campesinos para que, una vez se restituya la tierra a estos
últimos, se pueda desarrollar allí un esquema viable de alianzas
productivas”, dijo Juan Manuel Ospina.
Quizás del enredo, pueda
salir una restitución ejemplar, en la que ambos empresarios y campesinos
cedan, y a la vez consigan, sus propósitos; los unos de montar una
empresa exitosa en el campo colombiano, y los otros, de hacer que,
después de tantas mentiras del Estado de tantas lágrimas, por fin les
restituyan la tierra prometida.
Última actualización el Lunes, 12 de Septiembre de 2011 16:21
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