Unidad de Tierras ha recibido 6.956 solicitudes de restitución

Según la Unidad de Restitución de Tierras, las víctimas del despojo ha pedido la devolución de 416.218 hectáreas, que les fueron arrebatadas por la violencia de grupos armados ilegales.

Tomado de  http://www.verdadabierta.com/component/content/article/38-desplazados/3776-2012-inicio-con-6956-solicitudes-de-restitucion-de-tierras/

Entre el 10 de junio de 2011 y el cinco de enero de 2012, campesinos de diferentes regiones del país presentaron las casi siete mil reclamaciones de predios, que tendrán que restituir los nuevos funcionarios y jueces, por medio de los decretos reglamentarios de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras.

De acuerdo con las cifras registradas por la Unidad de Restitución de Tierras, que se encuentra adscrita al Ministerio de Agricultura, la mayor cantidad de solicitudes de restitución provienen de Bogotá y los departamentos de Nariño, Valle del Cauca y Antioquia.

Los municipios en los que más reclamaciones de predios se han solicitado son Tibú (Norte de Santander), Puerto Asis (Putumayo), Valle del Guamuez (Putumayo), Puerto Guzmán (Putumayo), Tumaco (Nariño) y Rioblanco (Tolima).

En cuanto a número de hectáreas reclamadas, Meta es el departamento que más solicitudes registra hasta la fecha, seguido por Casanare, Antioquia, Vichada, Cauca, Arauca y Putumayo.

Esos departamentos tienen en común que los campesinos y demás habitantes vivieron bajo el régimen de terror instaurado por los grupos paramilitares de los hermanos Castaño y otros jefes de las Auc, además de la permanente presencia de diferentes bloques y frentes guerrilleros.

Tras la desmovilización de las Auc entre 2005 y 2006, el país conoció que los paramilitares se aliaron con notarios y funcionarios del Incora para despojar a campesinos de sus tierras. Además, en las versiones libres que rinden ante la Fiscalía de Justicia y Paz, algunos jefes paramilitares han confesado cómo intimidaron a los pobladores para quedarse con sus bienes.

Otro episodio sobre la guerra y el despojo de tierras que el país podría conocer por medio del proceso de restitución de tierras es el relacionado con el accionar de los grupos guerrilleros. En entrevista con el diario El Tiempo, Álvaro Balcázar, director de la Unidad de Consolidación y Reconstrucción Territorial, declaró que el despojo de las Farc puede ser “igual o peor” al de las Auc y que tienen en poder de testaferros por lo menos 42 mil hectáreas en los departamentos de Meta y Caquetá.

El Ministerio de Agricultura calcula que alrededor de 350 mil familias fueron despojadas de por lo menos dos millones de hectáreas y tienen el derecho de reclamar la restitución de sus predios. De acuerdo a lo establecido por la ley, quienes pueden reclamar la restitución son víctimas del despojo o abandono forzado de sus predios, a causa del conflicto armado desde el primero de enero de 1991.

Además, el Ministerio estima que durante los últimos 25 años de conflicto armado, se presentó el abandono forzado de casi cuatro millones de hectáreas.

La institucionalidad de la restitución
Por medio del decreto 4801 de 2011 fue creada la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas, que está encargada de llevar el registro de los predios que presuntamente fueron despojados o abandonados a causa del conflicto armado. También tiene la obligación de recibir las solicitudes de restitución y someter los casos -en representación de las víctimas- ante los nuevos jueces agrarios.

Para su funcionamiento y cobertura nacional, la Unidad de Restitución de Tierras tendrá 20 que serán instaladas paulatinamente en 17 departamentos y tendrá cobertura para 221 municipios, según ha informado el Ministerio de Agricultura.

La primera sede de esta nueva unidad fue creada en el pasado mes de noviembre en Bogotá, y el próximo jueves 12 de enero, el Gobierno Nacional inaugurará otra sede en Montería, Córdoba. Al terminar el primer trimestre de este año, estarán funcionando once sedes más, ubicadas en los municipios de Sincelejo (Sucre), Cartagena (Bolívar), El Carmen de Bolívar (Bolívar), Valledupar (Cesar), Santa Marta (Magdalena), Cali (Valle del Cauca), Cúcuta (Norte de Santander), Ibagué (Tolima), Barrancabermeja (Santander), Medellín (Antioquia) y Apartadó (Antioquia).

Además de la nueva Unidad del Ministerio de Agricultura, para la restitución de las tierras se necesitan de jueces agrarios, quienes serán los encargados de fallar cuál es el destino final de los predios solicitados. Para ello, el 16 de enero serán nombrados los primeros cinco jueces, que dictarán sentencias en Bogotá, Medellín, Cali, Cartagena y Cúcuta.

Según lo previsto por el Gobierno Nacional, este año debe terminar con 15 magistrados y 22 jueces que se encarguen de poner en marcha la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras. Así mismo, se considera que en total serán  60 magistrados y 134 jueces los que estarán vinculados a los procesos de restitución de tierras.

Para este año, la meta de la Unidad de Restitución de Tierras es tramitar 13.760 solicitudes de restitución de tierras, y en los próximos tres años, haber atendido 160 mil solicitudes. En cuanto a los jueces agrarios, se tiene previsto que durante 2012 fallen por lo menos 2.100 casos de restitución.

Según informó el Ministerio de Agricultura, “en los próximos diez años, que es la vigencia de aplicación de la Ley, en el marco de la justicia transicional, la meta global de la Unidad Administrativa es atender 360 mil reclamos con la perspectiva de que al menos 300 mil de ellos sean resueltos por los jueces especializados en restitución”.

En diferentes ocasiones, el Ministerio de Agricultura y demás instituciones que intervienen en el proceso de reparación y restitución, han hecho un llamado para que las víctimas no se dejen engañar ni vayan a cancelar dinero a terceras personas, porque el  “procedimiento para reclamar la restitución de tierras despojadas o abandonadas es absolutamente gratuito y no requiere de intermediarios”.

El proceso de restitución de tierras será gradual e iniciará por las zonas más afectadas por el despojo y el abandono de tierras. Ese fue el criterio utilizado para la instalación de las primeras sedes de la Unidad de Restitución de Tierras.