Política de restitución de tierras

El gobierno está decidido a ‘meterle pueblo’ a la Ley de Víctimas, al promover manifestaciones campesinas como la de Barranquilla. ¿Qué lleva a Juan Manuel Santos a hacerlo? 

Tomado de 

www.semana.com/nacion/popular-populista/171168-3.aspx

La escena en el estadio Metropolitano de Barranquilla el pasado viernes 27 hablaba por sí sola. El presidente de la república echándose un discurso de plaza pública en una concentración de algunos miles de campesinos, convocada con apoyo del gobierno para respaldar el proceso de restitución de tierras a las víctimas del conflicto armado, es algo con pocos precedentes. Los gobernantes hacen grandes concentraciones, en ocasiones electorales y para algunos objetivos puntuales. Pero, salvo contadas excepciones, han sido en general alérgicos a ‘meterle pueblo’ a temas distintos a la paz o el secuestro. ¿Cuáles son entonces las razones que llevan a Juan Manuel Santos a fomentar la movilización de miles de campesinos y afectados por la guerra en respaldo a la Ley de Víctimas?

La concentración no fue la que los organizadores esperaban. No se llenaron las graderías inferiores del estadio barranquillero y la tribuna alta estaba vacía. Tampoco se trató de una marcha sino de un “encuentro”, como lo llaman en Presidencia. Asistieron, a lo sumo, unas 10.000 personas. Pero es apenas lo que se anuncia como el comienzo de un proceso en el que están planeadas nuevas manifestaciones, como la del próximo 11 de febrero en Necoclí, Antioquia (el ministro del Interior Germán Vargas Lleras, quien la tiene a su cargo, promete 40.000 asistentes), y que seguirá a lo largo de este año en Bogotá y en numeras zonas del país. Ahí se pondrá a prueba, también, la capacidad de convocatoria del gobierno y las organizaciones que apoyan la restitución de tierras y la reparación a las víctimas.

Más allá de la asistencia a esta y a nuevas manifestaciones, quedan sobre la mesa preguntas de fondo. ¿De qué se trata este proceso? ¿De inyectarle pueblo a la restitución de tierras para blindarla frente a sus múltiples enemigos en la izquierda y la derecha extremas? ¿Es una bandera que cae como anillo al dedo para que la agenda presidencial continúe capturando la atención dominante en los medios? ¿O, incluso, un recurso de largo aliento, tan popular como populista, que podría enarbolarse hasta para la reelección?

La idea, según varios de los involucrados consultados por SEMANA, surgió desde las organizaciones de la sociedad civil. Preocupadas por los asesinatos de líderes sociales y reclamantes de tierras despojadas, buscaron a uno de los promotores de la ley, Juan Fernando Cristo, y se organizó una reunión en Palacio el domingo 4 de diciembre con el presidente, varios ministros y la plana mayor de las Fuerzas Armadas en donde una decena de líderes de organizaciones hablaron de las amenazas y los riesgos a los que están expuestos y que son la espada de Damocles sobre la aplicación de la Ley de Víctimas. Allí se afinó la idea de “meterle base social” al proceso, como dice Vargas Lleras. En el alto gobierno creen que, si bien la ley y sus mecanismos están listos, eso no es suficiente. Hay cierta preocupación por el bajo registro de víctimas y se tiene la convicción de que estas manifestaciones masivas pueden ayudar a motivarlas. “Sin este apoyo, la implementación (de la ley) se complica; el acompañamiento es fundamental. La ley tiene muchos enemigos”, dice Cristo.

Por una parte, es claro que un proceso de restitución como el que ya ha devuelto a sus dueños 800.000 hectáreas, y que este año devolverá otras 130.000, tiene, como lo dijo el presidente en su discurso, “enemigos de la extrema izquierda y (…) de la extrema derecha”. A la guerrilla le disputa una bandera histórica, y a los sectores ligados al paramilitarismo y al despojo los afecta directamente. No faltarán, desde la derecha, quienes digan que estas campañas gubernamentales van a terminar fomentando la invasión de tierras. Acompañar el proceso con la movilización de miles de personas puede contribuir a blindarlo, a darle legitimidad y a proteger a quienes reciban esas tierras, cuya seguridad es uno de los grandes interrogantes que trae consigo la aplicación de la Ley de Víctimas.

Por otra parte, un primer efecto colateral de esta campaña del gobierno es que va, con toda probabilidad, a enfurecer al uribismo más puro y duro y a profundizar el abismo abierto entre el actual mandatario y su antecesor. No es un secreto que Álvaro Uribe y sus partidarios se opusieron a la ley. Verla ahora respaldada con movilizaciones va a generar en algunos sectores señalamientos de demagogia y populismo contra el gobierno de Santos, y de los riesgos de polarización que pueden generar este tipo de manifestaciones en zonas muy afectadas por el conflicto armado.

No deja de ser cierto que, quiéralo o no el gobierno, esta campaña tiene su tinte populista. Sobre todo si, como temen algunos, el despliegue de concentraciones, marchas y discursos no se ve acompañado de medidas prácticas que garanticen la implementación de la Ley de Víctimas en el terreno. “Esto no puede quedarse solo en movilizaciones sino en hechos efectivos de reparación y restitución”, dice Ana Teresa Bernal, coordinadora de la Alta Consejería para las Víctimas en Bogotá,  quien estuvo entre los promotores de la reunión de diciembre con el presidente para lanzar las manifestaciones de apoyo a la ley. Los desafíos de seguridad, institucionalidad y justicia que deben superarse para hacer realidad la “revolución agraria” de la que habló Santos en Barranquilla son colosales y este gobierno no se evaluará por cuánta gente movilice a favor de la misma sino por si logra hacer realidad la devolución de cientos de miles de hectáreas expoliadas, sin que, a la vuelta de unos meses, sus beneficiarios las vuelvan a perder. Eso sin contar con que se garantice la viabilidad económica de los proyectos de sus nuevos propietarios.

También es cierto que este gobierno ha mostrado una particular habilidad para que su agenda sea dominante en los medios y sus anuncios acaparen las primeras planas. Este plan de manifestaciones por todo el país, donde víctimas y campesinos se mezclan con el presidente y sus ministros, cumple a la perfección esa misión. Seguir los avatares de miles de fincas devueltas a sus dueños es mucho más difícil para la prensa que cubrir los mítines y los discursos presidenciales, como lo sabe cualquier experto oficial en las sutiles artes de la comunicación política.

Están, por otro lado, organizaciones de víctimas que consideran insuficientes algunos aspectos de la ley tal cual se aprobó en el Congreso y que, además de demandas que buscan que la Corte Constitucional module sus alcances introduciendo mayores garantías, preparan movilizaciones para airear sus críticas y pedir cambios. Las que apoya el gobierno tienen también, de hecho, el ingrediente de salirles al paso a estos críticos. Será interesante ver, a lo largo del año, este pulso en calles y plazas en torno a los alcances de la Ley de Víctimas.

Todas estas no son sino manifestaciones de lo crucial que será 2012 para la implementación de esta  histórica pieza legislativa (aún está por verse qué dirá la Corte Constitucional que, como lo hizo con la Ley de Justicia y Paz, puede introducir no pocos cambios en sus sentencias a las 19 demandas que ya ha recibido). La aprobación de leyes como esta y sus anuncios de gran impacto mediático han contribuido a que el gobierno Santos mantenga altos índices de popularidad en su primer año y medio. Ahora ha llegado la etapa crucial, la de la ejecución. ‘Meterle pueblo’ a la Ley de Víctimas va a contribuir a sacarla adelante y a blindarla contra sus muchos enemigos. Pero, como dijo a SEMANA Héctor Gutiérrez, un campesino de Juan de Acosta, Atlántico, uno de los muchos asistentes a la concentración en el estadio Metropolitano de Barranquilla que lo han perdido todo, lo que él espera es “tierra”. Y no son solo manifestaciones y discursos las que se la pueden entregar. Este es el gran desafío del presidente Santos.

VEA AQUI EL VIDEO DE LA POLITICA DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS



Tomado de http://www.citytv.com.co/videos/730732/el-quid-politica-de-restitucion-de-tierras

Santos promete entregar 130 mil hectáreas de tierra a campesinos

El Presidente también se comprometió a entregar créditos, asistencia técnica y vivienda rural.

Tomado de: http://www.eltiempo.com/colombia/barranquilla/proceso-de-restitucion-de-tierras-en-colombia_11014562-4

El presidente Juan Manuel Santos anunció este viernes en Barranquilla que antes de finalizar el año su gobierno entregará 130 mil hectáreas, de los tres millones que planea dar antes de terminar su mandato, con sus títulos, asistencia técnica y créditos a 10 mil campesinos del país.

El presidente Santos dijo que hasta el momento su gobierno ha entregado 800 mil hectáreas de tierra, que le han quitado a narcotraficantes, paramilitares, guerrilla y la delincuencia.
 El anuncio lo hizo ante unos 10 mil campesinos que llegaron de todo el Caribe colombiano al estadio Metropolitano de Barranquilla, donde Santos explicó sus ideas sobre el apoyo a la Ley de Víctimas y de Restitución de Tierras.

"Los paramilitares y la guerrilla no quieren perder las tierras que le quitaron a sus legítimos dueños: los campesinos", dijo el mandatario

El despojo en el Valle, un mal que sigue vivo

En el Valle del Cauca, el despojo de tierras es un crimen poco denunciado, lo han cometido las guerrillas y los paramilitares, y ahora lo siguen haciendo las bandas y los narcotraficantes. 

Por Yesid Toro de Reporteros de Colombia.

tomado de: http://www.verdadabierta.com/component/content/article/158-captura-de-rentas-publicas/3795-el-despojo-en-el-valle-un-mal-que-sigue-vivo-/

En una caja de cartón desgastada, Marta* guarda lo único que le quedó de la herencia de su padre. Lo demás, diez hectáreas de tierra, una casa en ladrillo, tres caballos, dos vacas y 16 gallinas le fueron arrebatadas. También le quitaron a su padre Antonio*, de 67 años.
En junio de 2009, unos hombres armados llegaron a su casa, en una zona del Bajo Calima, cerca a Buenaventura, en el Valle de Cauca, se lo llevaron y lo mataron. El anciano se negó a entregar su finca. Quiénes lo asesinaron la querían para que desde allí unos hombres vigilaran un laboratorio de coca.

“Mi papá les dijo que no se iba y entonces se lo llevaron. A los dos días me dijeron que lo habían matado, que yo vería qué hacía, pero que ellos se iban a instalar”, contó Marta, madre de tres hijos. “Ellos”, señala, son 'Los Rastrojos', una banda criminal al servicio del narcotráfico a la que se le atribuye el desplazamiento de campesinos en esta zona del Pacífico colombiano.

El despojo de tierras en el departamento del Valle ha estado marcado no solo por la presencia de grupos armados ilegales como las Farc y las Autodefensas, sino también por carteles del  narcotráfico. Sin embargo, hay escasas denuncias y apenas en julio de 2011 se realizó una reunión entre varias entidades del Gobierno (Incoder y Ministerio de Agricultura), la Gobernación, la extinta Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación (CNRR) y la, Defensoría del Pueblo, entre otras que conforman la Comisión Regional de Restitución de Bienes (CRRB), para mostrar los avances en la consolidación de información.

Según Diego Arias, quien fuera coordinador regional de la CNRR, aun falta cuantificar y estudiar las denuncias y los casos de despojo.

Por el momento, el Programa de Protección de Tierras y Patrimonio de la Población Desplazada del Ministerio de Agricultura, en coordinación con algunas alcaldías del Valle, adelanta un trabajo que ha descubierto que “la mayoría” de las personas que han denunciado situaciones de despojo y exigido restitución de tierras han sido víctimas de narcotraficantes. El porcentaje exacto no ha sido revelado.

Entre los resultados preliminares de este estudio, presentado a la CRRB, se señala que Cartago, El Dovio, Roldanillo, El Cairo, Buga, Tuluá, Buenaventura y Dagua son algunos de los municipios donde presuntamente se registró el despojo por capos del narcotráfico.

Otra investigación titulada “Un estudio preliminar sobre los hechos y circunstancias que rodearon la llegada de los paramilitares al Valle del Cauca”, realizado por el grupo de Memoria Histórica de la Universidad del Valle y presentado en Cali el pasado 28 de julio, reveló cómo paramilitares y capos del norte del Valle mantuvieron una estrecha relación a comienzos de 2002 y causaron desplazamientos y despojos de tierras.

“La participación del narcotráfico como un agente de despojo de tierras o de posesión violenta o fraudulenta de propiedades en el departamento entró –en tanto factor pre-existente- a sumarse a la dinámica de desplazamiento de campesinos desde las zonas en disputa por el Bloque Calima de las Auc”, dice el informe.

Muchas de las zonas despojadas en esa época, están hoy en manos de grupos al servicio del narcotráfico como las llamadas bacrim.

El ex gestor de Paz del Valle, Frangey Rendón, dice que se registraron muchos casos aislados donde el despojo de fincas se dio por la disputa entre narcos.
“Allí ha habido un fuerte impacto, especialmente en municipios del norte del Valle, con la guerra entre las bandas ‘Los Machos’ y ‘Los Rastrojos’, y en la costa pacífica”, explicó Rendón.

Si Marta decide denunciar –no lo ha hecho aún por temor a sus victimarios- lo sucedido a ella y a su familia será uno de los tantos casos a investigar por parte de los jueces que a partir de enero de 2012 buscarán restituir dos millones de hectáreas a campesinos desplazados por la violencia en toda la nación, dentro de la Ley de Víctimas.

Por ahora, Marta  y sus hijos viven en una casa de tabla situada en uno de los barrios más pobres de Buenaventura.

Miedo y muerte por defender la tierra
El despojo de tierras en esta zona del país no ha cesado. 
En una camioneta Jorge* y cinco de sus familiares huyeron en abril del año pasado de la que fuera la finca de sus padres desde 1984, ubicada a pocos kilómetros del casco urbano de El Dovio, un municipio ubicado en el norte del Valle.

“Fue muy doloroso. Nos iban a matar a todos por esa tierra. No lo pensamos dos veces y nos fuimos”, recuerda Jorge. Pocas horas antes había sido el sepelio de su hermano, asesinado por lo que ellos llaman “fuerzas oscuras”.
Lo peor, dice Jorge, es que por miedo Jorge y su familia no han podido denunciar ni la muerte de su hermano, ni el desplazamiento del que fueron víctimas, ni mucho menos han logrado retornar a ese predio de ocho hectáreas.
“No hemos podido denunciar porque unos familiares que se quedaron en esa zona podrían pagar los platos rotos por nuestras denuncias”, dijo Jorge, sentado en la banca de un parque en Tuluá.

El sector donde Jorge y su familia vivían ha pasado primero de tener una presencia las Farc, después las autodefensas y ahora llegaron bandas como ‘Los Machos’ y ‘Los Rastrojos’, que en los últimos ocho años han librado una guerra a muerte entre ellos.

Aunque no hay cifras consolidadas del despojo en el Valle, comparado con otras zonas del país, como la Costa Caribe, los Llanos Orientales, Chocó y el Magdalena Medio, lo que es claro es que siguen apareciendo nuevas víctimas por la restitución de tierras.

En 2011 se presentaron varios casos, en mayo de ese año se reportó la desaparición de Ana Julia Rentería y de su esposo, quienes estaban reclamando por sus tierras en el sector de Cajambre, en la zona rural de Buenaventura.

En ese mismo puerto, dos líderes que reclamaban sus tierras en el Naya fueron asesinados.
El caso más sonado fue el de Hugo Ulcué, hermano de la gobernadora del Cabildo La Playa-Alto Naya, de Buenaventura, a quien desconocidos le quitaron la vida en abril de 2011.
Hasta el momento estos crímenes no han sido resueltos por el CTI de la Fiscalía, que asumió la investigación.

La Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca, Acin, calificó el crimen de Ulcué como un “acto de advertencia”.
Uno de sus líderes, quien pidió no ser identificado, dijo que quienes se han encargado de reclamar tierras a favor de los desplazados han sido objeto de amenazas por grupos como las ‘Águilas Negras’ y ‘Los Rastrojos’.

Aunque no coinciden, en Colombia han aparecido varios informes que intentan aproximarse a explicar el peligro que entraña la restitución de tierras para los campesinos y líderes sociales.
Por una parte, un informe de la Campaña Nacional e Internacional por el Derecho a Defender los Derechos Humanos en Colombia, indica que, entre agosto de 2010 y junio de 2011, 15 líderes que reclamaban la restitución de sus tierras fueron asesinados en poblaciones de Norte de Santander, Antioquia, Cauca, Nariño, Arauca y Tolima, y el Valle. 
Otro estudio, de la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento, Codhes, muestra que entre marzo del 2002 e inicios de este año 44 desplazados, en su mayoría líderes y miembros de grupos que reclaman sus tierras despojadas, fueron asesinados en el país.

“El modelo criminal heredado de los paramilitares ha hecho que las bandas emergentes quieran ejercer el mismo control político y social de algunas zonas; no sólo pretenden quedarse con el manejo de corredores de droga, están allí para ejercer poder y para intimidar a la población". explica Elmer Montaña, ex coordinador de CNRR en el Valle, hoy amenazado por grupos armados ilegales por su trabajo en defensa de los derechos humanos, a lo que agrega que "una de las consecuencias de ésto es el desplazamiento y el despojo de las tierras de los campesinos y afrodescencientes, en el caso del Valle del Cauca y de su zona norte y pacífica”.

De hecho, en algunas zonas rurales de Buenaventura, se habla de dominio de grupos “paramilitares”, como siguen llamando los pobladores a  los grupos ahora generalmente denominados “bandas criminales” o “bacrim”.
Por ejemplo, en un informe presentado en agosto de 2011 por la Diócesis de Buenaventura se denuncia que: “Hay veredas que tienen entrada de control y salida de personas, restricción de transporte colectivo terrestre y marítimo; los grupos paramilitares y de guerrilla imponen horarios de llegada, los miembros de los grupos andan paseándose por las veredas armados y haciendo retenes a vehículos y a personas”.

En este contexto, la presencia de grupos armados ilegales, la falta de información precisa sobre la magnitud del despojo y de denuncias, serán unos de los mayores retos del Gobierno para restituir tierras despojadas a campesinos, indígenas y afrodescendientes en el Valle.
Según Frangey Rendón: “El otro problema  es que la Ley de Víctimas no reconoce a los narcotraficantes ni a las bandas criminales a su servicio, llamadas por el Gobierno ‘bacrim’,  como actores generadores de despojo”.

Después de la firma de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras fue habilitada  en Cali una oficina del Proyecto Protección de Tierras y Patrimonio de la Población Desplazada, entre otras 21 oficinas regionales. 
La idea, según el Ministro de Agricultura, Juan Camilo Restrepo, es que los despojados reciban acompañamiento en la protección y restitución de sus tierras y, además, denuncien. "Las víctimas ya no están solas, cuentan con el Gobierno como aliado", agregó el Ministro en diálogo con El Tiempo en octubre. El Ministro, además de hablar de los grupos armados ilegales, se refiere a una ofensiva judicial que él lidera contra intermediarios, funcionarios y terratenientes implicados en estos casos de despojo.

A pesar de esto, el funcionario no menciona al Valle en esta cruzada. Y en Cali y en el resto del Valle, estos mecanismos son aún desconocidos por falta de difusión y por el miedo de las víctimas a denunciar, como el caso de Jorge y de Marta.

Así las cosas, son muchos los retos que tiene el Gobierno en el Valle para garantizar el regreso a sus tierras de personas como Marta y como Jorge, víctimas de un despojo que aún sigue latente.

* Reporteros de Colombia es una iniciativa de Medios para la Paz, la Pontificia Universidad Javeriana y el CINEP/Programa por la Paz. Agrupa periodistas de varias regiones del país comprometidos con el cubrimiento responsable del conflicto armado y los esfuerzos de construcción de paz en Colombia. www.reporterosdecolombia.net

 

Unidad de Tierras ha recibido 6.956 solicitudes de restitución

Según la Unidad de Restitución de Tierras, las víctimas del despojo ha pedido la devolución de 416.218 hectáreas, que les fueron arrebatadas por la violencia de grupos armados ilegales.

Tomado de  http://www.verdadabierta.com/component/content/article/38-desplazados/3776-2012-inicio-con-6956-solicitudes-de-restitucion-de-tierras/

Entre el 10 de junio de 2011 y el cinco de enero de 2012, campesinos de diferentes regiones del país presentaron las casi siete mil reclamaciones de predios, que tendrán que restituir los nuevos funcionarios y jueces, por medio de los decretos reglamentarios de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras.

De acuerdo con las cifras registradas por la Unidad de Restitución de Tierras, que se encuentra adscrita al Ministerio de Agricultura, la mayor cantidad de solicitudes de restitución provienen de Bogotá y los departamentos de Nariño, Valle del Cauca y Antioquia.

Los municipios en los que más reclamaciones de predios se han solicitado son Tibú (Norte de Santander), Puerto Asis (Putumayo), Valle del Guamuez (Putumayo), Puerto Guzmán (Putumayo), Tumaco (Nariño) y Rioblanco (Tolima).

En cuanto a número de hectáreas reclamadas, Meta es el departamento que más solicitudes registra hasta la fecha, seguido por Casanare, Antioquia, Vichada, Cauca, Arauca y Putumayo.

Esos departamentos tienen en común que los campesinos y demás habitantes vivieron bajo el régimen de terror instaurado por los grupos paramilitares de los hermanos Castaño y otros jefes de las Auc, además de la permanente presencia de diferentes bloques y frentes guerrilleros.

Tras la desmovilización de las Auc entre 2005 y 2006, el país conoció que los paramilitares se aliaron con notarios y funcionarios del Incora para despojar a campesinos de sus tierras. Además, en las versiones libres que rinden ante la Fiscalía de Justicia y Paz, algunos jefes paramilitares han confesado cómo intimidaron a los pobladores para quedarse con sus bienes.

Otro episodio sobre la guerra y el despojo de tierras que el país podría conocer por medio del proceso de restitución de tierras es el relacionado con el accionar de los grupos guerrilleros. En entrevista con el diario El Tiempo, Álvaro Balcázar, director de la Unidad de Consolidación y Reconstrucción Territorial, declaró que el despojo de las Farc puede ser “igual o peor” al de las Auc y que tienen en poder de testaferros por lo menos 42 mil hectáreas en los departamentos de Meta y Caquetá.

El Ministerio de Agricultura calcula que alrededor de 350 mil familias fueron despojadas de por lo menos dos millones de hectáreas y tienen el derecho de reclamar la restitución de sus predios. De acuerdo a lo establecido por la ley, quienes pueden reclamar la restitución son víctimas del despojo o abandono forzado de sus predios, a causa del conflicto armado desde el primero de enero de 1991.

Además, el Ministerio estima que durante los últimos 25 años de conflicto armado, se presentó el abandono forzado de casi cuatro millones de hectáreas.

La institucionalidad de la restitución
Por medio del decreto 4801 de 2011 fue creada la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas, que está encargada de llevar el registro de los predios que presuntamente fueron despojados o abandonados a causa del conflicto armado. También tiene la obligación de recibir las solicitudes de restitución y someter los casos -en representación de las víctimas- ante los nuevos jueces agrarios.

Para su funcionamiento y cobertura nacional, la Unidad de Restitución de Tierras tendrá 20 que serán instaladas paulatinamente en 17 departamentos y tendrá cobertura para 221 municipios, según ha informado el Ministerio de Agricultura.

La primera sede de esta nueva unidad fue creada en el pasado mes de noviembre en Bogotá, y el próximo jueves 12 de enero, el Gobierno Nacional inaugurará otra sede en Montería, Córdoba. Al terminar el primer trimestre de este año, estarán funcionando once sedes más, ubicadas en los municipios de Sincelejo (Sucre), Cartagena (Bolívar), El Carmen de Bolívar (Bolívar), Valledupar (Cesar), Santa Marta (Magdalena), Cali (Valle del Cauca), Cúcuta (Norte de Santander), Ibagué (Tolima), Barrancabermeja (Santander), Medellín (Antioquia) y Apartadó (Antioquia).

Además de la nueva Unidad del Ministerio de Agricultura, para la restitución de las tierras se necesitan de jueces agrarios, quienes serán los encargados de fallar cuál es el destino final de los predios solicitados. Para ello, el 16 de enero serán nombrados los primeros cinco jueces, que dictarán sentencias en Bogotá, Medellín, Cali, Cartagena y Cúcuta.

Según lo previsto por el Gobierno Nacional, este año debe terminar con 15 magistrados y 22 jueces que se encarguen de poner en marcha la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras. Así mismo, se considera que en total serán  60 magistrados y 134 jueces los que estarán vinculados a los procesos de restitución de tierras.

Para este año, la meta de la Unidad de Restitución de Tierras es tramitar 13.760 solicitudes de restitución de tierras, y en los próximos tres años, haber atendido 160 mil solicitudes. En cuanto a los jueces agrarios, se tiene previsto que durante 2012 fallen por lo menos 2.100 casos de restitución.

Según informó el Ministerio de Agricultura, “en los próximos diez años, que es la vigencia de aplicación de la Ley, en el marco de la justicia transicional, la meta global de la Unidad Administrativa es atender 360 mil reclamos con la perspectiva de que al menos 300 mil de ellos sean resueltos por los jueces especializados en restitución”.

En diferentes ocasiones, el Ministerio de Agricultura y demás instituciones que intervienen en el proceso de reparación y restitución, han hecho un llamado para que las víctimas no se dejen engañar ni vayan a cancelar dinero a terceras personas, porque el  “procedimiento para reclamar la restitución de tierras despojadas o abandonadas es absolutamente gratuito y no requiere de intermediarios”.

El proceso de restitución de tierras será gradual e iniciará por las zonas más afectadas por el despojo y el abandono de tierras. Ese fue el criterio utilizado para la instalación de las primeras sedes de la Unidad de Restitución de Tierras.

 

 

 

El reordenamiento violento de territorios: el caso de Montes de María

Una región estratégicamente situada entre el mar Caribe y el río Magdalena ha sido meticulosamente vaciada de su población campesina y convertida en fortín de las élites surgidas de la violencia y de la ilegalidad, gracias a la pasividad o a la complicidad del Estado central. Un análisis histórico y sociológico sobre el “poder mafioso” que está asfixiando a Colombia. 

tomado de
http://razonpublica.com/index.php/econom-y-sociedad-temas-29/2457-el-reordenamiento-violento-de-territorios-el-caso-de-montes-de-maria.html


Coctel explosivo 
Tras el auge y decadencia de las luchas de los años setenta por el acceso a la tierra mediante invasiones masivas de latifundios improductivos, a inicios de los ochenta la región de Montes de María recibió el influjo de dos fenómenos significativos que cambiarían la historia de la región:

En primer lugar, una oleada de inversiones del narcotráfico –lavado de activos– mediante compras de tierras, principalmente en la zona del Golfo de Morrosquillo (San Onofre) y en la parte baja de la vertiente oriental, en el área aledaña al río Magdalena (municipios de Zambrano y Córdoba, principalmente). Con la presencia de élites ilegales emergentes en estos territorios, aparecen aparatos privados de seguridad para proteger esas inversiones, para asegurar rutas de doble vía del narcotráfico y como parte de un dispositivo incipiente para el uso de la fuerza contrainsurgente. Se configuran arreglos con entidades del Estado, actor que en la práctica brindó protección complementaria a la economía ilegal.

• En segundo lugar, la presencia de las FARC, que se inicia a mediados de los ochenta, a partir de unidades provenientes de Antioquia y de Santander. Se ubican en El Carmen de Bolívar, buscando también su afianzamiento en el eje Chalán –Colosó – Los Palmitos – Ovejas. Esta subregión ofrecía dos fortalezas para su estrategia político-militar: en primer lugar, representa el corazón de la parte montañosa de Montes de María y, en segundo lugar, eran municipios cuyas comunidades habían demostrado una notable capacidad de organización, a juzgar por el número de invasiones de predios que se habían dado en esa zona. La incidencia guerrillera también se extendió a la región del Golfo de Morrosquillo y a la parte baja de la vertiente oriental de los Montes de María, pero con una permanencia menor en la región del Canal del Dique.

Acción y reacción
Con la presencia guerrillera, incluido el ELN, aumentaron el secuestro, el abigeato con prácticas populistas de reparto de carne entre los pobladores, y el asalto a vehículos en la vía que comunica a la Costa con el interior. Y por su parte las organizaciones armadas que decidieron desmovilizarse y reinsertarse en desarrollo de los acuerdos de paz, como el Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT) o la Corriente de Renovación Socialista (CRS) lograron penetrar nuevos espacios. La respuesta violenta de carácter privado no se hizo esperar, en muchos casos gracias a la permisividad de las Fuerzas Armadas: entre 1993 y 2008, se perpetraron 50 masacres en la región –concentradas entre 1999 y 2001–, 35 de las cuales ocurrieron justamente en la zona montañosa donde se asentó la retaguardia insurgente y 10 en la zona del Golfo de Morrosquillo. Esto incidió en el desplazamiento forzoso de la región, con proporciones dramáticas:

• Chalán (37 por ciento de su población, en el evento más numeroso);
• Carmen de Bolívar (35 por ciento);
• Ovejas (35,4 por ciento);
• Córdoba (30,6 por ciento);
• Zambrano (25,15 por ciento).

Intervención del Estado
Argumentando la gravedad de la situación, en 2002 el gobierno decidió crear una Zona de Rehabilitación y Consolidación en Montes de María (o zona especial de orden público), cuya principal consecuencia fue la de continuar afectando los derechos y garantías de la población, pero ahora desde el Estado central. En efecto, a través de este mecanismo y de acuerdo con la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), en el marco de esas disposiciones las autoridades desarrollaron una política de allanamientos a gran escala y de capturas masivas:

• La OACNUDH recibió varias denuncias de abusos de la fuerza pública y de procedimientos incompatibles con los principios internacionales, en particular con el de la protección contra las privaciones arbitrarias de la libertad y los de legalidad y de inocencia.
• Las denuncias también se refirieron a la actuación de los órganos judiciales y de control, y en particular de la Fiscalía, atribuyéndoles falta de independencia, irrespeto de las exigencias procesales para autorizar las privaciones de libertad y el uso de encapuchados en las diligencias relacionadas con allanamientos y capturas.
• Se establecieron restricciones a los derechos de circulación y de residencia, al respeto a la vida privada y al domicilio, a la libertad individual y al debido proceso, de manera incompatible con los principios internacionales.
• El fracaso de la respuesta institucional favoreció la continuidad de formas privadas ilegales de uso de la fuerza, incluso cuando estaba en plena vigencia el mecanismo de la Zona de Rehabilitación y Consolidación, como sucedió en y desde el Golfo de Morrosquillo con los asesinatos múltiples ejecutados por el paramilitar alias Cadena.

Sobrecarga de violencia
Pero la violencia no se redujo a la acción de las guerrillas y los paramilitares contra la población civil. Bajo la cobertura del “conflicto armado” se produjeron once modalidades de violencia que respondían a las lógicas divergentes de por lo menos siete grupos de interés (en su mayor parte actores no armados) y que contribuyeron a cambiar la dinámica del territorio a favor de sus pretensiones:

1. Violencia contrainsurgente de grupos paramilitares, dirigida contra la población civil y ejecutada mediante acciones de inteligencia generalmente adelantadas por organismos de seguridad del Estado, que acusaban a sus víctimas de ser auxiliadores de las guerrillas.
2. Violencia sistemática contra dirigentes campesinos que lideraron procesos de tomas de tierras en los años setenta.
3. Violencia contra dirigentes que lideraron procesos de construcción de organizaciones y frentes alternativos a los partidos tradicionales.
4. Violencia como mecanismo de seguridad para salvaguardar las rutas de las drogas, principalmente para la exportación internacional.
5. Violencia para forzar a los alcaldes y funcionarios locales a entregar el control de los recursos que manejan los entes territoriales.
6. Violencia para el despojo de tierras.
7. Violencia para desocupar territorios y garantizar el control de zonas consideradas estratégicas para inversiones en recursos naturales, sobre todo en Zambrano y Córdoba.
8. Violencia para disuadir a comunidades y garantizar el voto por un determinado candidato principalmente para el Congreso, dado que el triunfo en las elecciones locales se garantizaba al imponer candidatos únicos.
9. Violencia para llevar a cabo una serie de asesinatos de personas señaladas por diferentes sujetos a los grupos de violencia privada, con cuya muerte buscaban resolver conflictos particulares (venganzas, enemistades, infidelidades, poner fin deudas, etc.).
10. Violencia para garantizar la ejecución de actos delincuenciales (por ejemplo, robo de ganado).
11. Violencia de protección, típica de empresas criminales.

Esta sobrecarga de violencia “hizo mover” de manera forzosa una importante masa de población campesina, que abandonó sus lugares de trabajo y residencia, con lo cual facilitó el despojo de sus tierras. La transformación sin precedentes de toda la estructura agraria, incluida la propiedad de la tierra, buscaba adelantar una modernización rural fundada en la preservación del gran latifundio en vías de inserción productiva a escala global, principalmente mediante inversiones en reforestación, en ganadería tecnificada y en mono-producción para biocombustibles. Este proceso se concentró fundamentalmente en la zona montañosa montemariana. Mientras tanto, en el Golfo de Morrosquillo continuó un proceso de intimidación, de amenazas y de asesinatos de líderes sociales, que permitió el avance de la concentración de la propiedad de la tierra, iniciada en los ochenta. Y finalmente, en la parte baja de la vertiente oriental, la impotencia del Estado frente a la extinción de dominio de bienes incautados al narcotráfico ha permitido que continúen vigentes inversiones con recursos de origen ilegal, en medio de una dramática situación de inequidad social y pobreza, sobre todo para los sectores campesinos que aún resisten en este territorio. ¿Qué está pasando hoy?
Una elite de “financiadores” o “prestamistas” de las campañas electorales ha actuado hegemónicamente en la región. Se caracterizan por una fuerte acumulación de capital y por controlar líneas de inversión muy sólidas como los juegos de azar (chance) con cobertura extraregional, y otros negocios tradicionales como la ganadería, que se desarrollan en el umbral entre legalidad e ilegalidad. Otros sectores de la élite regional, cuya base de poder se enracina en la institucionalidad política local y regional, como en el caso de Sucre, han establecido un sistema auténticamente mafioso de control de los recursos públicos, con un uso elevado de violencia organizada ahora mucho más selectiva, como medio de disuasión para evitar denuncias o señalamientos en el saqueo de los fiscos. Junto a ellos colaboran en diferentes niveles grupos de mandos medios de la institucionalidad local y regional, conformados por autoridades locales, miembros de los concejos municipales, diputados a las asambleas y cientos de funcionarios. Continúan vigentes también los grupos de violencia privada que hacen parte de la estructura de seguridad de los grupos de interés señalados más arriba, conjugando el uso de violencias múltiples, que van desde la instrumentalización de la violencia política hasta formas delincuenciales y de violencia selectiva para el control de territorios. Recientemente, se observa también la presencia de una nueva élite de capital privado, compuesta por grandes inversionistas y corporaciones transnacionales que buscan realizar inversiones de magnitud significativa. Presentan un perfil aséptico frente a los procesos de violencia que involucran más explícitamente a todos los demás grupos de interés, pero constituyen tal vez el grupo que más ha ganado con los cambios originados por la sobrecarga de violencia contra las comunidades campesinas. Por último, las bandas de narcotraficantes continúan en plena actividad tras una larga experiencia en la región de Montes de María, con procesos disímiles en cuanto a su grado de inserción y a la calidad de su relación con el tejido social local y regional, pero preservan incluso propiedades adquiridas desde los años ochenta.

Diagnóstico equivocado
Una estrategia seria de seguridad debe partir por reconocer que el problema central para la región – como para muchas otras del país – ya no se reduce a la existencia de actores armados ilegales. El problema mayor radica en la conformación y consolidación de élites de claro origen ilegal, cuyo papel en la verdadera “consolidación de territorios” las ubica como actores estratégicos frente a los cuales el Estado continúa cediendo parte del monopolio de la fuerza. Ese es el almendrón de su vigencia regional y ahí se incuba la proyección de un gran poder mafioso en Colombia. Identificar y admitir este problema es el comienzo para poderlo enfrentar eficazmente. No obstante, esta situación es virtualmente inexistente para el Estado central, pues el foco de la acción estatal sigue señalando exclusivamente a las bandas criminales y a las guerrillas. Así está diseñada la actual estrategia de seguridad, condenada al fracaso por supuesto.

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¿Proyecto cauchero en tierras despojadas?

El Fondo Ganadero de Córdoba entregó predios en el Urabá antioqueño a un proyecto cauchero que tiene entre sus socios a desmovilizados del Bloque Elmer Cárdenas y al Estado. 

Tomado de: http://www.verdadabierta.com/component/content/article/158-captura-de-rentas-publicas/3583-iproyecto-cauchero-en-tierras-despojadas/

Dos empresas creadas en el Urabá antioqueño con el fin de ofrecer alternativas económicas a desmovilizados del Bloque Élmer Cárdenas de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc) y a familias que abandonaron los cultivos de coca, recibieron 16 predios en usufructo - es decir que ses entregaban para explotar sin títulos- que el Fondo Ganadero de Córdoba compró en esa subregión.

Las autoridades investigan si ese Fondo compró esas tierras de manera forzada a bajo precio y en complicidad con grupos armados.

Según la investigación que adelanta la Superintendencia de Notariado y Registro, las firmas Compañía Productora de Caucho San Pedro S.A. y Compañía Productora de Caucho del Norte de Urabá S.A. (Procaucho Urabá S.A.), recibieron el 19 de septiembre de 2006 613 hectáreas ubicadas en diversas veredas del municipio de Turbo y adquiridas por el Fondo entre 1998 y 2009.

Verdadabierta.com tuvo acceso a un extenso documento preparado por el equipo del Proyecto Tierras de la Superintendencia de Notariado y Registro en el que se observan la tradición de la posesión de los predios que hoy están en discusión y en el que se confirma que la titularidad de los 16 predios que fueron aportados al proyecto cauchero está en cabeza del Fondo Ganadero de Córdoba.

Esas tierras están ubicadas en las veredas Brazo Izquierdo, Cienaguita, La Pita, San José de Mulatos y Pueblo Bello, jurisdicción de Turbo, y fueron adjudicadas a campesinos entre 1985 y 1999 por el Incora, las cuales fueron vendidas al Fondo Ganadero de Córdoba, supuestamente a bajo precio.

De acuerdo con Carlos Páez, vocero de la organización Tierra y Vida, que funciona en Urabá y reúne a reclamantes de predios, esas compras las hizo el Fondo Ganadero de Córdoba  “a través de varios intermediarios, quienes compraron a  bajo precio y de manera forzada”. Al parecer, los comisionistas se aprovecharon de la presencia paramilitar en la zona y los desplazamientos forzados a los que se vieron sometidos los campesinos.

Una compra que atrajo la atención de los investigadores de la Superintendencia es la del predio conocido como Nuevo Pasto, de 28 hectáreas, por el que se registró la compra venta por 400 mil pesos. “Ese tipo de transacciones se deben investigar por parte de las autoridades”, subrayó Páez.

Las dos empresas de explotación del caucho las gerencia actualmente Jesús Bastidas, quien ocupa ese cargo desde junio de 2007. Según este directivo, cuando recibió el puesto la entrega en usufructo de las tierras era un hecho y habían sido legalizadas por la anterior administración, liderada por Soraya Liliana Pardo Palma, anterior gerente, y por Luis Alfonso Jaramillo Muñoz, gerente de la firma estatal Incubadora Empresarial de Producción y Comercialización Agropecuaria (Incuagro), socia mayoritaria de proyecto y liquidada en junio de 2009. (ver La telaraña de los paras en Urabá)

“De junio de 2007 hacia atrás no conocemos nada ni tenemos nada que ver. Esa es la verdad”, afirma Bastidas. “A nosotros la anterior administración ni nos entregó. Llegaron y nos dijeron: ahí está eso y salieron y se fueron. Entonces empezamos a reorganizar todo para hacer viable el proyecto que, tal como estaba, iba para la quiebra”.

Bastidas presume que todos los documentos que respaldan los predios aportados por el Fondo Ganadero de Córdoba al proyecto cauchero son legales y legítimos puesto que están notariados y registrados: “Lo que yo entiendo es que cuando se hicieron los  estudios de títulos y se legalizaron los usufructos del Fondo a la compañía todo estaba en regla”.

Las compañías productoras de caucho San Pedro S.A. y Procaucho Urabá S.A. agrupan a 125 familias que provienen de programas de sustitución de cultivos de hoja de coca y de la reinserción del Bloque Elmer Cárdenas de las Auc.

Según registros de la Cámara de Comercio de Medellín, Procaucho Urabá S.A. fue constituida en Apartadó el 21 de diciembre de 2005 y San Pedro S.A. el 7 de septiembre de 2006 también esta localidad del Urabá antioqueño. En la gestación de ambas empresas aparece el Fondo Ganadero de Córdoba, asociado a Incuagro, a varias cooperativas de trabajo asociado conformadas por campesinos que abandonaron los cultivos de hoja de coca y a Construpaz, que agrupa a los desmovilizados del Elmer Cárdenas de las Auc.

“El grupo de desmovilizados de Construpaz trabaja en Mutatá, en tierras que adquirieron con sus recursos; ellos nos las traspasaron y a cambio les dimos acciones de las empresas”, explica Bastidas. “Las cooperativas de trabajo asociado, que son las bases sociales, los campesinos que abandonaron los cultivos ilícitos, están haciendo el trabajo en terreno”.

En la actualidad, el Fondo Ganadero de Córdoba solo es socio de la compañía San Padro S.A., a la que le aportó 13 predios y un total de 511 hectáreas. De Procaucho Urabá S.A. salió de la estructura societaria porque tres fincas cedidas en usufructo que sumaban 112 hectáreas resultaron improductivas para el proyecto.

“Se canceló el usufructo porque cuando la anterior administración recibió esos predios en el 2006 en el papel, nunca fue a verlos”, explica Bastidas. “Cuando nosotros llegamos en el 2007, encontramos que esos tres predios no servían porque estaban muy retirados, no había vías, la cobertura vegetal no servía y era difícil por la topografía. Entonces qué hicimos: recomendamos que se le devolvieran al Fondo Ganadero, como efectivamente ocurrió, eso se aprobó este año en la asamblea porque son bienes improductivos para la sociedad. Eso fue una falla de la administración anterior, que no hizo la tarea como debería ser”.

Este directivo afirma que en caso que se demuestre que hubo compra irregular de tierras y los obliguen a restituir los predios que cedió el Fondo Ganadero de Córdoba, no sabría qué pasaría: “Las familias están ahí, trabajando. Lo que creo es que se tendrían que hacer reuniones de alto nivel para solucionar el problema”.

¿’Paras de por medio?
La creación de las empresas caucheras fue el resultado de un foro del programa Familias Guardabosques realizado a finales del año 2005 en el municipio de Apartadó. De allí salieron con la idea de constituir proyectos productivos que beneficiaran a aquellos que querían abandonar los cultivos de hoja de coca y a los desmovilizados del Bloque Elmer Cárdenas.

Pese a la imagen de legalidad que tenía esa iniciativa, investigaciones realizadas por VerdadAbierta.com constataron que detrás de todo ello estaba la Asociación Comunitaria de Urabá y Córdoba (Asocomún), organización creada el 16 de febrero de 2002 por John Jairo Rendón Herrera, conocido con el alias de ‘Germán Monsalve’ y hermano de ‘El Alemán’, excomandante del Bloque Elmer Cárdenas de las Auc.

Un informe judicial del año 2008 dejó constancia de los orígenes de Asocomún. En el documento se dijo que esta organización llegó a “la región de Tulapa e inició una labor social comunitaria para la erradicación manual de cultivos ilícitos y la generación de alternativas económicas y sociales”. Se la describió como “una asociación de juntas de acción comunal liderada por el Bloque Elmer Cárdenas, por cuya vía se quiso controlar el Proyecto de Familias Guardabosques para la erradicación manual de cultivos ilícitos”. Además, se constató que ‘Germán Monsalve, su promotor, era “el tercero en la línea de mando de los Rendón Herrera y el encargado de legalizar sus negocios”.

Estas afirmaciones serían constadas dos años después por la Corte Suprema de Justicia en la sentencia dictada contra el excongresista Antonio Valencia Duque, quien fue condenado por sus nexos con el Bloque Elmer Cárdenas.

En el documento, de diciembre de 2010, la Corte determinó que “la iniciativa de incorporar a las comunidades de Urabá en el componente social del Programa Familias Guardabosques para la erradicación de cultivos ilícitos fue de Asocomún, con el liderazgo de ‘Germán Monsalve’ desde el año 2002”. Además, el Alto Tribunal dejó constancia del uso que el paramilitar le daba a Asocomun. A juicio de la Corte, ‘Germán Monsalve’ usaba la figura de esta organización no gubernamental para dinamizar la injerencia del Bloque Elmer Cárdenas en la política y economía de la región, particularmente en Turbo y Necoclí.

La decisión de la Corte también dejó claro que Valencia Duque cumplió un papel fundamental en la realización del proyecto agroindustrial. Según relató la Corte, el político conservador hizo un intenso lobby con instituciones gubernamentales, incluyendo instancias del Plan Colombia, para lograr el apoyo a los proyectos del Programa Familias Guardabosques, lo que a la postre surtió efecto, pues las empresas caucheras en particular recibieron apoyo económico de agencias del Estado.

En esa iniciativa se involucró el Fondo Ganadero de Córdoba, representado para la época por el gerente Benito Osorio Villadiego, quien se vinculó a esas iniciativas productivas ofreciendo tierras adquiridas a campesinos del Urabá antioqueño. Este directivo se encuentra detenido desde el pasado mes de marzo, cuando se entregó a las autoridades para responder por cargos relacionados con sus nexos con grupos paramilitares.

Si bien la Superintendencia de Notariado y Registro ha determinado la cesión de predios del Fondo Ganadero de Córdoba a las empresas caucheras del Urabá antioqueño, le tocará a la justicia determinar si esas tierras fueron compradas de manera irregular o no, con lo que se dirimirá la disputa entre los campesinos reclamantes y aquellos que hoy las usufructúan y se benefician de la producción de caucho.

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En 44 municipios hay riesgo para reclamantes de tierra

De los 91 municipios que han documentado la petición de restitución de tierras con la Comisión Nacional de Restitución en Antioquia, 44 tienen riesgo moderado y 28 alto riesgo para los desplazados despojados de sus predios por grupos armados ilegales.

Así lo indica el mapa de riesgos para reclamantes de tierras y líderes de organizaciones presentado por la CNRR, luego de un proceso de indagación con las víctimas, sus asociaciones y el cruce de información con mapas riesgo de otras instituciones como la Defensoría del Pueblo, Corporación Nuevo Arco Iris, Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento y Misión de Observación Electoral.

El nuevo mapa identifica los municipios que presentan variables violentas, teniendo en cuenta índices de riesgo que vive el Departamento por causa de acciones violentas de guerrillas y bandas criminales. Tiene en cuenta la presencia de grupos armados ilegales, el número de combates registrados, la tasa de desplazamientos forzados, la presencia del narcotráfico y el tráfico de armas.

Según los hallazgos, la presencia de bandas criminales como "los Urabeños", "los Rastrojos" y "los Paisas", así como las Farc, y el Eln y la existencia del narcotráfico y los cultivos ilícitos, confluyen para que el riesgo sea extremo en 28 municipios pertenecientes a las subregiones de Urabá, Bajo Cauca y Oriente antioqueño.

Turbo, Mutatá, Cáceres, Tarazá son algunas de estas localidades (ver recuadro).

También se encontró que, en total, son 2.324 predios los reclamados en Antioquia entre 2010 y 2011 y que la mayoría de requerimientos se concentran en el municipio de Turbo.

José Arley Muñoz Úsuga, coordinador de la CNRR en Antioquia, explicó que la elaboración del mapa se logró gracias a las víctimas que reclaman sus bienes. "Los reclamantes han dado un primer paso y es ir a documentar y establecer algún tipo de denuncia para que se les restituyan sus tierras. Los casos que tenemos documentados se están trasladando a la unidad de Justicia y Paz de la Fiscalía".

Mesa de Seguridad activa
La elaboración del mapa fue un trabajo conjunto entre la CNRR y la Mesa de Seguridad creada en febrero del presente año, con el fin de proponerle a las autoridades competentes mecanismos y rutas de solución a la situación de riesgo que viven no sólo los reclamantes de tierras, sino también los líderes de las organizaciones de víctimas.

A partir del mapa y la identificación de las víctimas con más riesgo en la región, la Mesa de Seguridad propuso una estrategia de seguridad local, con instituciones que intervengan en las zonas afectadas por la violencia para que establezcan una Unidad de Atención Especial que permita brindar ayuda oportuna a los desplazados.

El coordinador regional de la CNRR, también insistió en que las rutas de protección dejen de ser reactivas para que sean de carácter preventivo y que consulten no sólo la institucionalidad local, sino también a las organizaciones de víctimas.

"Hay que valorar el esfuerzo de todas las instituciones que conforman la Mesa, esperamos que las recomendaciones al Gobierno Nacional sean tenidas en cuenta", dijo Muñoz Úsuga.

La Mesa de Seguridad está conformada por OEA, Policía Nacional, Fiscalía, DAS, PNUD, Mapp-OEA, Personería, Ministerio del Interior, Defensoría del Pueblo y las dependencias de Derechos Humanos del Gobierno Departamental y la Alcaldía de Medellín.

» Contexto

Localidades vulnerables en Antioquia

Los predios que presentan algún tipo de riesgo por su ubicación geográfica, son aquellos ubicados en los municipios de San Juan, Necoclí, Arboletes, San Pedro, Chigorodó, Frontino, Cañas Gordas, Buriticá, Santa Fe de Antioquia, Ebéjico, Sopetrán, Sabana Larga, Yarumal, Yolombó, San Roque, San Rafael, Remedios, Yondó y Maceo.

Sin embargo, según lo encontrado por la CNRR, hay municipios que se encuentran en alerta roja por los altos indices de violencia. Son:

Mutatá, Turbo, Cáceres, Apartadó, Carepa, Dabeiba, Ituango, Urrao, Tarazá, Campamento, Amalfí, Segovia, El Bagre, Caucacia, Nechí, Segovia, Puerto Berrio, San Carlos, Caracolí, Puerto Nare, San Francisco, Granada y San luís. Son los municipios que por acciones armadas representan mayor riesgo para reclamantes de tierras y líderes campesinos.

Tomado de

http://www.elcolombiano.com/BancoConocimiento/E/en_44_municipios_hay_riesgo_para_reclamantes_de_tierra/en_44_municipios_hay_riesgo_para_reclamantes_de_tierra.asp

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