Tomado de
http://www.verdadabierta.com/component/content/article/3530-tierra-prometida-en-la-bellacruz
Desplazados están reclamando predios baldíos en la Hacienda Bellacruz, pero allí se desarrolla un proyecto agroindustrial que lidera Germán Efromovich. Investigación especial de VerdadAbierta.com
Antes de entrar a revisar los predios en la vieja
Hacienda Bellacruz en el sur del Cesar -que hoy se llama La Gloria y
está tapizada de un joven sembradío de palma aceitera- los funcionarios
del Incoder averiguaron si era seguro y les dijeron que no había
problema. Acompañados por un funcionario de la Alcaldía de Pelaya, y
explicando sus motivos a los guardias que custodiaban la finca,
realizaron su inspección. El ambiente era tenso porque ha corrido la voz
en la región de que la entidad va a recuperar unos baldíos y no se sabe
bien donde están. Los resultados de la diligencia del Incoder son aún
secretos, hasta tanto la entidad no inicie un proceso formal.
Lo
que está allí en ciernes no es poca cosa. De un lado, un grupo de 64
familias campesinas, víctimas del conflicto armado, a quienes el Estado
les reconoció el derecho a tierras en esa zona desde hace más de una
década, pero les ha quedado mal. Del otro, un grupo empresarial
encabezado por el renombrado empresario dueño de Avianca, Germán
Efromovich, dueños de La Gloria desde 2009, y promotores de un gran
proyecto de producción de palma aceitera que tendrá una inversión de 160
millones de dólares y que busca sacar de la depresión económica a esa
golpeada zona.
Los campesinos habían ocupado el predio María
Isidra por allá en los ochenta, un baldío adentro de Bellacruz y
comenzaron a trabajarlo. Le pidieron al Instituto de la Reforma Agraria
de la época que les titulara este y otros baldíos que sumaban 1.500
hectáreas en la misma finca, pero este no accedió a su petición. El
Incora prefirió comprarle otros terrenos a los dueños de la hacienda, la
familia del ex ministro Carlos Arturo Marulanda, a 339 pesos la
hectárea, (equivalentes a unos 400 dólares de 1995, cuando se realizó la
compra). Esos los predios comprados se llamaban San Antonio, Santa
Helena, Los Cacaos y San Carlos y sumaban 2.060 hectáreas. Con la
convicción de que en cuestión de semanas ya serían propietarios de esos
predios, algunos campesinos se fueron a vivir a uno de ellos. Pero
pasaron los días y los títulos no les salían. Después se vino la
debacle:
‘Juancho Prada’ y
sus paramilitares, en complicidad con Francisco Alberto Marulanda
(hermano del ministro Carlos Arturo condenado a 18 años de cárcel en
2003) sacaron a varios campesinos corriendo de allí y ya no pudieron
seguir sus gestiones ante el Incora.
“Los paramilitares se
instalaron en Rompedero, uno de los cuatro predios del lote San Carlos
que era para titulación y en la casa principal de la hacienda”, dijo un
campesino de la zona que pidió la reserva de su nombre por motivos de
seguridad. “Quemaron nuestros ranchos y violaron a algunas mujeres. Los
Marulanda los llamaban Los Angelitos, pues decían que Dios se los había
enviado para recuperarle la tierra prometida. Los paramilitares
comenzaron a cobrarle ‘vacunas’ a los campesinos de a 8.000 pesos por
hectárea y 1.000 pesos por gallina o cerdo. Las familias salimos para
diferentes ciudades y muchos no pusieron la declaración de
desplazamiento por miedo. Somos más de 3.000 desplazados si se tiene en
cuenta que había 600 familias”.
Los
‘paras’ se desmovilizaron en 2006, y en octubre de 2010, el nuevo
gobierno Santos convirtió la restitución y titulación de tierras para
víctimas del conflicto armado en su política central. Algunos campesinos
que habían huido y otros que se habían quedado se llenaron de valor
para volver a averiguar por los títulos que no habían podido formalizar
de las tierras que el Incora había comprado para ellos. Formaron la
Asociación Colombiana Horizonte de Desplazados, Asocol, y comenzaron los
trámites.
Enviaron cartas a la Oficina de Derechos Humanos de
la Vicepresidencia de la República, la Procuraduría General de la Nación
y el Instituto Colombiano para el Desarrollo Rural, Incoder, que por
competencia asumió el caso. El 25 de abril de 2011 el Incoder reconfirmó
la existencia de los baldíos dentro de la antigua Bellacruz y ordenó a
la Subgerencia de Tierras Rurales que los recuperara Y un mes después en una reunión en Bogotá, les dijo que su caso sería prioritario.
|
| Los campesinos han demostrado con
documentos que llevan 25 años exigiendo una parcela dónde trabajar. El
Estado no les ha respondido. Foto suministrada |
Asocol encontró que de las 64 familias que representa, el Incora solo
les había titulado a 21, y a algunas de ellas en parcelas de menos de 35
hectáreas, que es la Unidad Agrícola Familiar mínima que se ha debido
adjudicar en esa región, según la ley. Los otros predios comprados por
el Incora habían sido titulados a otras personas, algunos a campesinos
pobres como ellos, otros a personas ajenas, como al hijo de Poncho
Zuleta, el cantante.
Viendo que los predios que el Incora les
había prometido una década atrás ya estaban ocupados, y habiendo
constatado que dos resoluciones del Incora, ahora Incoder, les
confirmaban que aún quedaban baldíos en la finca ,
los campesinos le propusieron al Estado que volviera a la idea original
y les adjudicara los 1.500 hectáreas de baldíos adentro de la antigua
Hacienda Bellacruz. Era la solución más fácil: les daría nuevas tierras
baldías (incluyendo el predio María Isidra donde algunos se habían
asentado años atrás) y nadie saldría perjudicado.
Pero no
resultó tan fácil. Los predios, que según los campesinos y las
resoluciones del Incora de 1996 y de 2011 eran baldíos, estaban ya
ocupados por un gran sembradío de palma aceitera.
El proyecto
agroindustrial que se desarrolla en los viejos predios de la hacienda
Bellacruz, como lo confirmó VerdadAbierta.com, pertenece a la firma La
Dolce Vista y su accionista mayoritario es Germán Efromovich con el
fondo de inversión de capital de riesgo (
hedge fund) Elliott de Nueva York , cuya cabeza es el reputado hombre de finanzas Paul Singer.
La
Dolce Vista compró las empresas de la familia Marulanda que eran dueñas
de la Hacienda la Bellacruz en 2008, por entonces una finca de 5.833
hectáreas que ellos rebautizaron como Hacienda La Gloria. Pagaron por
ella, según dijeron los directivos de la empresa a VerdadAbierta.com, 22
millones de dólares, es decir a 3.771 dólares la hectárea. En pesos
colombianos, casi 8 millones de pesos la hectárea. En el estudio de
títulos que realizaron para comprar esas tierras, explicaron que no
encontraron que hubiera allí baldíos, ni menos que hubiera reclamaciones
de campesinos sobre esas tierras.
En entrevista con
VerdadAbierta.com, el mismo Efromovich respondió que está seguro del due
dilligence que hizo su empresa. “Si le muestro la cuenta de los
abogados, quédense tranquilos. A no ser que las instituciones (del
Estado) hayan sido mentirosas. Los títulos de las tierras no tienen
ningún gravamen o problema. Tenemos toda la documentación. Tanto, que el
propio Estado nos aprueba una zona franca ahí y el banco con garantía
de la tierra nos presta una plata. Hicimos la tarea como inversionistas y
ciudadanos. Se hizo todo lo que se tenía que hacer”, dijo el enérgico
empresario que recuperó Avianca de la bancarrota, y que aunque es de
nacionalidad brasileña, hoy orgulloso, muestra que también tiene cédula
de ciudadanía colombiana.
¿Pudieron haberles metido los
Marulanda gato por liebre y en la hacienda que les vendió a estos
empresarios había predios que no eran suyos sino baldíos de la Nación y
encima no les contó que podía había reclamos de campesinos sobre esos
predios?
Durante varias semanas VerdadAbierta.com buscó las
escrituras públicas de la hacienda original y de la nueva, examinó las
cartas oficiales, revisó los certificados de constitución de las
empresas involucradas y mapeó los linderos de los predios originales de
la Bellacruz, los que Marulanda vendió al Incora, los baldíos descritos
en las resoluciones del Incora, y los que compró La Dolce Vista sobre
los planos catastrales del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, para
entender qué había pasado con las tierras que reclaman las 64 familias
campesinas. A continuación explica lo que encontró.
Tras la pista de los baldíos
El
30 de diciembre de 1997 la familia Marulanda registró una subdivisión,
que se conoce jurídicamente como ‘desengloble’, de la Hacienda Bellacruz
en la Notaría 1 de Cartagena. Para esa época, a la hacienda le quedaban
poco menos de 6.000 hectáreas, pues, como se dijo, había vendido al
Incora otras dos mil hectáreas para que se las titulara a los campesinos
El
terror paramilitar de la siguiente década, como se dijo, congeló los
trámites. En 2007 la familia Marulanda hizo un levantamiento topográfico
de la Bellacruz. Es decir, en un mapa dibujó las casi 6.000 hectáreas
de su extensión y el 13 de diciembre en la Notaría 7 de Bogotá englobó
los predios que había subdividido diez años atrás. En la diligencia
anexó el mapa
 |
| La Dolce Vista Estate ya tiene
sembradas 5.000 hectáreas de palma de aceite en la antigua Hacienda
Bellacruz, ahora Hacienda La Gloria. Foto suministrada |
El englobe estaba compuesto por siete lotes colindantes a los que llamó
Solo Bloque y uno más llamado Bodega La María. A todos los predios, que
estaban en el municipio de La Gloria, los registró con un solo folio de
matrícula el 27 de diciembre de 2007 en la Oficina de Instrumentos
Públicos de Aguachica, Cesar. Hasta este momento, la tierra seguía
llamándose Hacienda Bellacruz
En
2008 La Dolce Vista Estate Inc. compró a los Marulanda, sus firmas M.R.
Inversiones Ltda. y Frigorífico La Gloria S.A., que tenían propiedad
sobre la Hacienda Bellacruz. Esta empresa, registrada en Panamá, había
sido creada en febrero de 2006. En su directorio aparecen Jan Veldwijk
(ya fallecido), Jhon R. Hager, Andrés Londoño, Daniel Andrés Peláez y
Carlos Murgas Guerrero
Los
primeros, según explicaron los funcionarios de la empresa en Bogotá,
son representantes del fondo Elliot y de Efromovich, los segundos,
Londoño y Peláez aportaron sus fincas al oeste de Bellacruz, al otro
lado del río Magdalena, en el municipio de Regidor en el departamento de
Bolívar. Carlos Murgas, presidente honorario de la federación de
palmeros Fedepalma, y uno de los empresarios más grandes de esta
agroindustria en Colombia, es el otro socio minoritario.
Ya
habiéndole comprado la finca a Marulanda en 2008, La Dolce Vista creó
una sucursal en Colombia el 25 de febrero de 2009 y para ello, absorbió
las sociedades San Lucas S.A. y Palmeras Río Azul, dueñas de las dos
haciendas que cultivan palma aceitera en el sur de Bolívar, y que
precisamente Londoño y Peláez aportaron a la sociedad. La Dolce Vista
Colombia está integrada por los mismos socios de la sociedad matriz
registrada en Panamá.
Unos
meses después todas las antiguas empresas de los Marulanda quedaron en
manos de La Dolce Vista, representadas por el abogado de la compañía,
Mario Restrepo Torres.
El
22 de septiembre de 2009, La Dolce Vista registró la finca que le
compró a Marulanda (el lote independiente y los otros siete lotes
englobados) como la Hacienda La Gloria, con una extensión de 5.833
hectáreas
Es
en esta finca de La Gloria y sus vecinas en el sur de Bolívar es donde
La Dolce Vista está desarrollando un proyecto agroindustrial ambicioso.
“Ya tenemos sembradas 5.000 hectáreas y estamos en el plan de sembrar
las otras 2.000”, dijo el gerente de La Dolce Vista, Ramiro de Francisco
Reyes a VerdadAbierta.com. “Estamos construyendo una planta extractora,
que empezará a operar en mayo de 2012 con una producción inicial de 30
toneladas por hora. En un plazo de cinco años queremos que sea una de
las plantas extractoras de aceite más grandes del país, con una
producción de 90 toneladas por hora”.
Para cumplir con esa meta,
De Francisco explicó que La Dolce Vista creó en febrero de 2010 la firma
Extractora La Gloria S.A.S. y empezó a gestionar ante el gobierno de
Álvaro Uribe la aprobación de una zona franca para producir y exportar
el aceite con las ventajas que da esta condición legal. En abril pasado,
el Ministerio de Industria y Comercio del gobierno Santos le dio el
visto bueno. Esta es una de las siete zonas francas permanentes
autorizadas por el gobierno para este tipo de producción agroindustrial
En
su entrevista con VerdadAbierta.com, Efromovich explicó que como
empresario le apuesta a la producción de alimentos y de energía, dos
cosas que van a escasear en el mundo. Por eso invirtió en el sur del
Cesar. Además de desarrollar la planta extractora de aceita de palma,
explicó que más adelante también desarrollará en la Hacienda La Gloria
una refinería para producir biocombustible. “El plan de negocios está
por etapas, debe ir hasta una refinería, en un proyecto de US150 a 160
millones de dólares”, dijo
¿Palma en tierras de la Nación?
La
gran pregunta es si este proyecto de desarrollo para la zona, cuyo
epicentro es la vieja Hacienda Bellacruz, está asentado en parte de los
terrenos que el Incora declaró como de la Nación.
Desde 1994, el
Incora dijo tras una visita realizada a la Hacienda Bellacruz que la
familia Marulanda no pudo acreditar títulos de los predios Potosí, Caño
Negro, Los Bajos, San Simón, Venecia, María Isidra y San Miguel, que
suman 1.500 hectáreas de tierra. Marulanda apeló y en 1996 el Incora
dijo que esa tierra era la Nación y en 2011 ratificó que eran baldíos.
VerdadAbierta.com
encontró el mapa de los lotes de la Hacienda La Gloria anexo a la
escritura que la familia Marulanda registró en diciembre de 2007, cuando
englobó los ocho lotes que integraban La Bellacruz para luego venderle a
La Dolce Vista.
En 1994, cuando hubo una inspección a la
hacienda para determinar cuál era la propiedad de la familia Marulanda,
los peritos no anexaron ningún mapa. Y pese a la declaratoria de baldíos
en dos resoluciones, ni el Incora ni luego cuando se volvió Incoder,
registró estos predios como propiedad de la Nación en la Oficina de
Instrumentos Públicos. Por tanto, ninguno de los siete nombres de los
predios baldíos aparece en el registro nacional de baldíos del Igac.
Sin
embargo, en la resolución en la que declara que Marulanda no pudo
acreditar propiedad sobre esa tierra, hay una descripción detallada de
los linderos de esos siete predios baldíos. Y allí aparecen referencias
como la Quebrada Simaña, que está adentro de la Hacienda La Gloria. Con
apoyo de expertos y con la información de los mismos campesinos que
están reclamando la tierra, VerdadAbierta.com hizo un mapeo aproximado
de dónde quedan estos baldíos. Y encontró que esas 1.500 hectáreas de
baldíos no están unidas entre sí, sino que son predios sueltos, ubicados
en los lotes 2, 3 y 4, tres de los ocho terrenos englobados por
Marulanda para vender
(Haga clic sobre la imagen de abajo).
Con
la primera visita técnica a los predios baldíos de junio pasado, según
dijo en oficio del pasado 11 de agosto la Subunidad de Tierras, el
Incoder está terminando de recopilar la información para comenzar con un
proceso de recuperación de los baldíos, que incluye notificar a todas
las personas y empresas que pudieran ser afectadas. Según el Incoder, la
recuperación tardará nueve meses. Según explicó el pasado 5 de
septiembre, Juan Manuel Ospina, director de la entidad, a este medio,
luego de que “clarifiquen cuál es la ubicación exacta de los baldíos,
procederán a adjudicárselos a los campesinos”.
La Dolce Vista le
dijo a VerdadAbierta.com que hasta el 29 de agosto no había sido
informada sobre la existencia de un proceso de recuperación, ni
notificada de que en sus predios se hubiera llevado a cabo una visita
técnica.
“Del infierno a La Gloria”
VerdadAbierta.com
les preguntó a los empresarios si conocían la historia de Bellacruz y
la tierra que iban a terminar comprando, y respondieron que sabían del
desplazamiento y de las violaciones que se habían cometido allí y,
precisamente por eso querían convertir a esta zona golpeada por la
violencia en un territorio de desarrollo.
Efromovich dijo que la
tierra no tenía la culpa. “Quien violó los derechos humanos que pague.
Que lo juzguen. La tierra no violó los derechos humanos. Fue un
individuo y por eso existe lo judicial, para que lo juzguen y pague su
cuenta”, dijo.
“Esto es lo que llamo del infierno a la Gloria”,
dijo Ramiro de Francisco, y explicó que ya han empleado a 600 personas
de esa golpeada zona y que a mediados de 2012, cuando empiece a
funcionar la planta extractora aspiran a llegar a los 1.000 empleos.
Además están generando 800 trabajos indirectos pues todo lo están
contratando localmente, y planean comprar gran parte de la producción a
campesinos, que con su respaldo, se dedique a sembrar palma. La idea es
promover una clase media campesina empresarial que prospere también en
forma independiente.
De Francisco dijo que ya contrataron a una firma
que les ayude a organizar a los campesinos para que se asocien y firmen
un acuerdo con La Dolce Vista para que cultiven palma y les vendan el
fruto. “Estamos haciendo alianzas con los agricultores. Hay dos
colectivos de campesinos. Uno, es el de los parceleros del Caño Alonso y
otro es el de Los Cacaos”, dijo el gerente de la empresa.
Efromovich
le contó a este medio que compró La Bellacruz por referencia de Andrés
Londoño, un agrónomo que tenía dos fincas de palma en el sur de Bolívar.
“Londoño me dijo, Germán, hay una finca cerquita de ahí, gigantesca,
creo que se puede comprar. Nadie la quiere, dicen que es una tierra
maldita… Entonces yo le digo: déjame mirar y en una ida a Nueva York me
encuentro con John (Hager, ejecutivo del Elliott Hedge Fund). Y
empezamos a hacer un plan de negocios”, dijo Efromovich.
El empresario se refirió a la familia Marulanda y aseguró que por los antecedentes no hizo sociedad con esa familia.
Los interrogantes
Por
el pasado trágico de la hacienda y lo que sucede actualmente con esa
tierra, el caso de la antigua Hacienda Bellacruz resulta emblemático
para la política de restitución de tierras que en la que se ha embarcado
el gobierno.
Baldíos que nunca se incluyeron en el censo de
baldíos de la Nación, tierras propias que nunca el Estado registró
oficialmente, oídos sordos al clamor de campesinos sin tierra durante
años, oficinas de registro y notariado que certificaban sin revisar,
funcionarios desprolijos que han cometido errores… todo eso lleva a que
hoy desenredar los entuertos de tierras en Colombia, con todo y Ley de
Tierras, sea muy difícil.
En el caso de La Bellacruz, el Estado
ha hecho mal las cosas por muchos años, y así, en lugar de titularles a
las familias campesinas los baldíos que reclamaron desde el principio,
le compró a Marulanda dos mil hectáreas de su tierra a un alto costo
para el erario y, con sospechosa lentitud y sesgo, demoró años en
titularles sólo a unos de los reclamantes.
El Estado, además,
ratificó su decisión de declarar siete predios dentro de Bellacruz como
baldíos, pero nunca pidió cédula catastral en el Agustín Codazzi, como
ha debido hacer, y por lo tanto tampoco los registró ante la Oficina de
Instrumentos Públicos como propiedad de la Nación. Por eso cuando los
empresarios compraron la finca, no encontraron banderas rojas que les
indicaran que allí podía haber predios enredados.
 |
| Germán Efromovich, el principal
accionista de La Dolce Vista, asegura que la empresa realizó todos los
estudios necesarios de los títulos y que el Estado le confirmó que la
tierra no tenía problemas. Foto archivo Semana |
La Dolce Vista pone en duda que la resolución del Incora confirme que
Marulanda no pudo acreditar los títulos de los siete predios signifique
que no eran de él. La abogada de la empresa Ana María Botero le dijo a
VerdadAbierta.com: “Todos los predios tienen titulación a 70 años. Todos
los predios que dice el Incoder que les faltan títulos suficientes
(para acreditar la propiedad) no es que no tengan, es porque no
acreditaron títulos antes de 1917. En todos los casos la familia
Marulanda compró, ellos compraron, no fue que cambiaron linderos,
pagaron un precio por ellos”.
Tampoco se entiende cómo los
Marulanda consiguieron registrar la subdivisión de la Bellacruz,
desenglobar y englobar los lotes, en distintas notarías y oficinas de
registro, sin que ninguna autoridad los obligara a aclarar y dejar
registrada también la anotación que había originalmente en la matrícula
de la Bellacruz y que indicaba que desde 1990 había predios en cuestión.
Incluso
la abogada Botero, le presentó a VerdadAbierta.com una copia de una
carta que le envió el Incoder a La Dolce Vista en julio de este año,
certificando que sobre La Hacienda La Gloria no hay pendientes
reclamaciones ni actuaciones de su competencia. “…Le informamos que
revisando los archivos y la base de datos de proceso agrarios,
encontramos que esta dependencia no adelanta ningún proceso de
clarificación, extinción de dominio, recuperación o deslinde del predio
en mención”, señaló el Incoder .
¿Cómo el Incoder no se fijó en que esta Hacienda se llamaba antes La
Bellacruz, y sobre esta, sí estaba adelantando un proceso de
recuperación de baldíos?
También quedan los interrogantes por el
lado de los empresarios. “Revisamos todos los títulos y no aparece
ninguno de los mapas que ustedes mencionan… Hicimos una revisión de las
resoluciones (del Incora e Incoder) y esos linderos no están dentro de
lo que compramos… Revisamos todo lo que puede existir. Para hacer una
inversión de US160 millones de dólares uno revisa dónde es que va
invertir”, dijo la abogada Botero.
Sin embargo, ¿por qué cuando
fueron a comprar los lotes que hoy integran la Hacienda La Gloria no
encontraron que estos fueron inscritos en una escritura en 2007 y que
este documento, a su vez, hace referencia al folio de matrícula original
de la Bellacruz que advierte que los predios estaban en proceso de
clarificación desde 1990?
¿Por qué no ahondaron para tener certeza de que no había campesinos con
reclamaciones allí, cuando se sabía que había habido allí
desplazamientos forzados? ¿Por qué desde que los campesinos de Asocol
empezaron su brega en octubre de 2010, los ejecutivos de La Dolce Vista
nunca se han reunido con ellos para escuchar su versión?
Visto a
la luz del artículo 77 de la nueva Ley de Víctimas, surgen otras
preguntas sobre el caso. Este describe las situaciones por las que una
acción -como comprar tierras- puede considerarse ilícita, y una de éstas
es cuando en la tierra hubo actos de violencia generalizados,
desplazamiento y graves violaciones de derechos humanos que causaron el
despojo o abandono. ¿Cabe esta presunción en la antigua Bellacruz,
cuando ha sido de público conocimiento que allí fueron desplazados,
según registros de prensa, al menos 600 campesinos con violencia, fueron
asesinados líderes que reclamaban tierras e incluso hay sospechas de
que hay fosas comunes con víctimas enterradas allí? ¿Cabe, cuando hay
además, varias pruebas de que al menos uno de los Marulanda, la familia
vendedora, fue condenado a 22 años de prisión por violencia paramilitar?
Si nadie quería esa tierra maldita, ¿significa eso que
compraron barato? Los empresarios aseguran enfáticamente que no, que
ese es el precio normal de la tierra allí.
¿Pero también cabe la
pregunta que se hacen los empresarios frente a la seguridad jurídica:
es aplicable esta norma de la nueva Ley de Víctimas, cuando los
empresarios cumplieron todo lo que les exigía la ley y el Estado
oficialmente en todo los registros les dijo que no había problemas con
esa tierra?
La decisión
Así, si en el caso de
La Hacienda La Gloria, el Estado confirma que, como lo encontró
VerdadAbierta.com, los baldíos están sembrados con palma, dentro de los
terrenos que La Dolce Vista le compró a los Marulanda, ¿qué va hacer?
¿Los recupera y se los entrega a los campesinos?, ¿significa esto que
tendrá que reconocerles mejoras a los empresarios que pueden valer más
que la tierra? ¿o más bien, les comprará a los campesinos parcelas cerca
a la hacienda o en otra zona cercana? ¿liderará un acuerdo entre
empresarios y campesinos para que estos últimos recuperen su tierra,
adentro de la finca pero sigan con el cultivo de la palma para no
entorpecer el desarrollo de un proyecto que podrá traer prosperidad a
una región deprimida y golpeada por la violencia?
VerdadAbierta.com
le preguntó a Germán Efromovich qué pensaba sobre la reclamación que
están haciendo los campesinos, que aclaran que no tienen nada en contra
de la empresa sino con el Estado que les ha incumplido.
“En la
historia está. El Estado les tiene que dar las tierras y el empresario
les enseña a plantar, les financia las semillas y les garantiza la
compra de la producción a un precio justo. Esa es mi opinión. Yo no
tengo la fórmula matemática. Pero el Estado tiene que hacer su parte y
el empresario la suya. Ahora, el empresario invierte pero no puede decir
que va a comprar 10.000 hectáreas para hacer una reforma agraria”, dijo
Efromovich.
Si el Incoder confirmara la existencia de baldíos
dentro de la Hacienda La Gloria, Efromovich dijo que el Estado debe
asumir la responsabilidad. “El Estado me tiene que responder un
documento que me dio”, dijo el empresario.
Efromovich dijo que
en casos donde por respuesta del Estado no se informó al empresario que
había problema sobre la tierra donde está invirtiendo, el Gobierno debe
darles tierras a las víctimas en zonas aledañas o en otras tierras, y
que el empresario se comprometa a hacer alianzas productivas con ellos.
Los
campesinos creen que su petición sobre los baldíos es legítima porque
siguen sin tierra. “Esta es una lucha justa”, dijo uno de los
integrantes de Asocol. “Lo que queremos es tierra para vivir y trabajar.
Llevamos años tratando de demostrarle al gobierno que tenemos la razón.
Buscamos los títulos que estaban extraviados por nuestros medios.
Tenemos pilas de papeles y de carpetas que hemos aportado como pruebas.
No queremos desplazar a nadie. No tenemos nada en contra de la empresa.
Queremos que nos den la unidad agrícola familiar”.
El director
Juan Manuel Ospina le dijo a VerdadAbierta.com, lo que él consideraría
podría ser una salida:“Si se llega a probar que hay tierras baldías
adentro de La Gloria, el asunto sería poder llegar a un acuerdo entre
empresas y campesinos para que, una vez se restituya la tierra a estos
últimos, se pueda desarrollar allí un esquema viable de alianzas
productivas”, dijo Juan Manuel Ospina.
Quizás del enredo, pueda
salir una restitución ejemplar, en la que ambos empresarios y campesinos
cedan, y a la vez consigan, sus propósitos; los unos de montar una
empresa exitosa en el campo colombiano, y los otros, de hacer que,
después de tantas mentiras del Estado de tantas lágrimas, por fin les
restituyan la tierra prometida.
Última actualización el Lunes, 12 de Septiembre de 2011 16:21
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El Informe de
Desarrollo Humano (IDH) 2011 del PNUD pone el dedo en la llaga: pocos
son los dueños de la mayoría de las tierras en Colombia, principal causa
de que el país tenga uno de los peores índices de distribución de la
riqueza global. El Estado ha fallado en su modelo de desarrollo agrario. 
